Juez de Paz involucrado en esquema de estafa, suspendido y sin salario

El pleno de la Corte Suprema de Justicia revió la decisión adoptada hace dos semanas y dispuso que la suspensión del juez de Paz de Chaco’i Jorge Adolfo Franco Garelik sea sin goce de salario. Los ministros del máximo tribunal coincidieron que el magistrado, quien está prófugo en la causa por el supuesto esquema de estafa con la venta de autos, no puede cobrar un solo guaraní del impuesto de los paraguayos.

Sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia del martes 26 de marzo de 2024.
audima

A pedido del ministro César Garay el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, por unanimidad, que la suspensión del juez de Paz de Chaco´i Jorge Adolfo Franco Garelik, imputado por presuntamente integrar un esquema de estafa con la venta de autos a través de la firma “Steven Automotores”, sea sin goce de salario.

“Esto supera lo inimaginable. Sumado a la imputación que tiene y en su condición de prófugo de los mandatos de la Justicia entiendo que no puede percibir ni un guaraní del erario público que aportan todos los contribuyentes en la República del Paraguay”, expresó Garay al solicitar a sus colegas que la suspensión del magistrado, aprobada en la sesión plenaria del miércoles 13 de marzo, sea sin goce de salario.

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El ministro Luis María Benítez Riera se sumó a la postura de su colega, resaltando la gravedad del caso que afecta al juez de Paz; mientras que el ministro Gustavo Santander Dans indicó que, desde que el pleno del máximo tribunal aprobó la suspensión con goce de salario básico, se ha tomado conocimiento de los detalles de la causa, por lo que afirmó que corresponde que la suspensión sea sin goce de salario.

Los ministros Eugenio Jiménez Rolón, María Carolina Llanes, Víctor Ríos Ojeda y César Diesel Junghanns se adhirieron a la postura de sus demás colegas, señalando que el hecho de estar prófugo modifica la situación del juez de Paz, imputado por presunto prevaricato y asociación criminal.

Actuación de juez de Paz “afecta imagen” del PJ

Los ministros señalaron que la imagen del Poder Judicial y la credibilidad del sistema están gravemente afectadas por la conducta desplegada por el juez de Paz, por lo que coincidieron que corresponde no solo la suspensión en el cargo sino que deje de percibir el salario.

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Según la imputación fiscal el juez de Paz de Nueva Asunción (Presidente Hayes), Jorge Adolfo Franco Garelik, y la actuaria judicial del mismo juzgado, Gabriela Noemí Gaona, integran supuestamente un esquema de estafas en complicidad con una playa de vehículos “Steven Automotores”. Por medio del esquema, presuntamente los compradores de vehículos eran víctimas del secuestro de sus autos o camiones por atrasarse apenas un día en sus cuotas.

Jorge Adolfo Franco Garelik, juez de Paz de Nueva Asunción (Chaco'i), y Denis Steven Bareiro Chávez, dueño de la playa de vehículos Steven Automotores de Ñemby.

El Ministerio Público sostiene que Franco Garelik y Gaona Benítez, en carácter de juez y funcionaria del Juzgado de Paz de Nueva Asunción, habrían emitido resoluciones como orden de secuestro, violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles “Steven Automotores”.

Estas resoluciones habrían sido emitidas inmediatamente después del escrito de la demanda, sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil.

Además de Franco Garelik y Gabriela Noemí Gaona, la Corte Suprema de Justicia también suspendió en sus funciones al funcionario judicial Reinaldo Ramón Bordón Duisit.

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Desaforado y con orden de detención

El pasado viernes 22 de marzo, en sesión extraordinaria, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) aprobó por unanimidad hacer lugar al pedido de desafuero del juez de Paz del Juzgado de Nueva Asunción -o Chaco’i- (Presidente Hayes), Jorge Adolfo Franco Garelik.

Ese mismo día, en horas de la noche, la fiscala Lourdes Bodilla ordenó la detención del juez de Paz Jorge Adolfo Franco Garelik. El oficio judicial fue remitido a la Comandancia de la Policía Nacional.

De producirse un juicio oral contra el magistrado de Paz y en base al concurso de los delitos, el procesado podría ser condenado con una pena de entre ocho y nueve años de cárcel, según lo manifestado por la fiscala Lourdes Bobadilla.

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Paralelamente, en la tarde del viernes 22 de marzo agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción, a cargo del Crio. César Diarte, lograron la detención de Carlos Bareiro Benítez, propietario de la firma “Steven Automotores”, en un procedimiento realizado sobre las calles Mangoré y Mauricio Ocampo, en la ciudad de Ñemby.

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