En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el senador Derlis Maidana (ANR, HC) comentó sobre un proyecto de ley aprobado ayer en la Cámara de Diputados que establece que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) podrá vender de forma anticipada, sin permiso judicial, bienes “perecederos” incautados a personas que atraviesan procesos judiciales.
Lo aprobado ayer en la Cámara Baja –y previamente sancionado también por el Senado– modifica la Ley 5.876/2017 de administración de bienes incautados y comisados, otorgando a la Senabico la facultad de vender de forma directa bienes incautados o comisados “que presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizar o cuya conservación ocasione perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración”.
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La medida apunta principalmente a ganado o bienes como vehículos de alto costo de mantenimiento y rápida desvalorización. Para la venta de inmuebles, sin embargo, la Senabico seguirá necesitando una autorización judicial.
“Demasiados bienes se funden por el camino”
El senador Maidana explicó que el dinero resultante de la venta será depositado por la Senabico en una cuenta bancaria a nombre del juicio en proceso para su transferencia al procesado en caso de que este sea declarado inocente, o para su transferencia a las arcas del Estado en caso de una condena.
“A la luz de la experiencia de la Senabico, demasiados bienes se funden por el camino mientras aguardan una sentencia firme que puede tardar hasta 10 años”, argumentó el legislador colorado cartista, quien afirma que con la modificación aprobada “se garantiza la devolución total y los intereses, en muchos casos se va a lograr que no se pierdan los bienes”.
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“El ánimo por parte del Senado era darle al órgano las herramientas para que los bienes no se puedan perder. Ellos dicen que no tienen funcionarios ni presupuesto y quieren asegurar que esos bienes estén en la cuenta judicial para devolver o entregar al Estado”, insistió.
Tras su aprobación en ambas Cámaras del Congreso, el proyecto de ley pasará al Poder Ejecutivo, donde se puede inferir que su promulgación está asegurada debido a que la propuesta legislativa surgió del Ejecutivo y el Congreso la aprobó sin modificaciones.