Con 10 mil expedientes activos y solo cuatro funcionarios, entre ellos un único dactilógrafo, la jueza penal de garantías de Lambaré, Gladys Fariña, decidió tomar una medida extrema: suspender toda audiencia que no sea urgente.
Así las cosas, desde mañana sólo serán realizadas las audiencias de imposición de medidas y de revisión de medidas para personas que se encuentren privadas de libertad. Las demás audiencias quedan suspendidas por tiempo indefinido, supeditadas a la asignación de más funcionarios.
En declaraciones a Abc, la jueza Gladys Fariña comentó que en octubre cumplirá 5 años al frente del juzgado penal de garantías N° 1 de Lambaré, que funciona en un edificio de departamentos ubicado sobre la avenida Cacique Lambaré casi Juana de Lara.
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De 15 funcionarios, sólo quedan cuatro en el juzgado de Lambaré
De los 15 funcionarios por secretaría que tenía al llegar, ahora solo quedan cuatro, dos por secretaría, además de la actuaria. Actualmente, una de las actuarias está de vacaciones y un funcionario se encuentra de reposo.
Recordó que cuando se hizo cargo del juzgado encontró un sin número de expedientes con peligro de extinción y prescripción, por lo que hicieron todo lo posible para evitar que estas causas quedaran impunes.
“Tenía un sólo dactilógrafo y él tomaba 15 audiencias por día, para que las causas no prescriban o se extingan. Antes tenía 15 funcionarios por secretaría, siempre solo un dactilógrafo, pero entre todos los practicantes resolvíamos todo”, comentó.
Sin embargo, es justamente esta carga laboral excesiva del juzgado la que “espanta” a los funcionarios, pues para poder dar respuesta a los justiciables, la jornada laboral diaria se extiende como mínimo hasta las 16:00 y a veces hasta las 17:00 y las 18:00 inclusive. La magistrada recordó que también se turnan con sus colegas para cumplir horarios de guardia en Atención permanente de Central.
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Reiterados pedidos de atención, sin respuesta
“Cuatro de mis funcionarios se fueron por la recarga laboral. A los funcionarios se les exige pero no hay comida para ellos, no hay horas extras y acá no hay nadie que gane ni G. 5 millones; pagar almuerzo todos los días sale caro para el funcionario. Además, para ascender tienen que capacitarse y así no se puede. Yo me quedo pero no es vida ni para mí ni para nadie”, explicó la magistrada.
Además, Gladys Fariña explicó que por el cúmulo de trabajo que hay, recién a partir de las 13:00 podés trabajar en la elaboración de las resoluciones, antes es prácticamente imposible. A su criterio, se necesita al menos seis funcionarios por secretaría para poder hacer todo el trabajo que se necesita.
“La vez pasada me llegaron 11 pedidos de allanamiento en un solo día. En otra ocasión, al mediodía nos llegaron tres detenidos de diferentes causas. Yo tengo 1.500 rebeldes que en cualquier momento pueden aparecer y se tiene que hacer la audiencia. Es imposible que te retires a las 13:00. A la par de eso, tenés audiencias preliminares, revisión, reposición, incidentes de nulidad, tenés que llamar al Ministerio de Justicia porque el procesado no llega y numerosas otras situaciones que se dan a diario. Tengo 8.000 pedidos de desestimación desde el año 2.000 que hasta ahora no tengo tiempo de hacer las resoluciones”, acotó.
La magistrada explicó que envió distintas notas informando la situación que le afecta tanto a la presidenta de la circunscripción de Central, la camarista María Teresa González de Daniel como a la Corte Suprema de Justicia, a través del ministro encargado de la circunscripción de Central, Eugenio Jiménez, pero hasta el momento no tuvo respuesta.
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Corte Suprema de Justicia ordenó investigación
Tras la difusión de la decisión de la jueza Fariña, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso la derivación de los antecedentes a la Oficina Disciplinaria, Unidad de Análisis de la Superintendencia General de Justicia, a fin de iniciar una investigación preliminar sobre los hechos.
La Dirección de Comunicación de la CSJ informó que el presidente Luis María Benítez Riera y el ministro Jiménez ordenaron la “adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho a la justicia de los usuarios y determinar las causas que originaron estos hechos”.
Por otro lado, Benítez Riera dispuso que la Dirección General de Recursos Humanos del Poder Judicial se constituya en el Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Lambaré a fin de realizar el relevamiento del personal.
Asimismo, se informó que el ministro Jiménez dispuso la constitución en la sede judicial del jefe de Recursos Humanos de la circunscripción de Central, Lic. José Morínigo, a fin de dejar constancia de la existencia de un cartel que dispone la suspensión de las audiencias fijadas, a los efectos que se determinarán en su oportunidad.
Llamativamente, no mencionan de manera específica si realizarán un relevamiento de la cantidad de funcionarios ni de la situación de sobrecarga laboral que motivaron la medida adoptada.