El juicio oral y público para la ex presidenta de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, acusados por el caso “agua tónica”, no se pudo iniciar este martes, como había programado el Tribunal de Sentencia, debido a recursos presentados por los nuevos defensores de la pareja, sindicada por presunta lesión de confianza que ocasionó un perjuicio de casi G. 360 millones al Estado.
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Primeramente los abogados Christian Alberto Bazán Crichigno y Agustín Olazar Villar, nuevos defensores de la ex titular de la petrolera estatal y su cónyuge, plantearon recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia por la cual el Tribunal de Sentencia fijó para este martes 5 de marzo el inicio del juicio oral y público en la presente causa penal.
En atención al recurso planteado la jueza Gloria Hermosa, presidenta del Colegiado de Sentencia, convocó para la fecha la sustanciación de la audiencia de reposición. Sin embargo, la defensa de los acusados presentó otra chicana en contra de esta decisión, en consecuencia, para evitar nuevas dilaciones, la magistrada postergó el inicio del juzgamiento. Los demás integrantes del tribunal son los jueces Olga Ruiz y Federico Rojas.
La última vez que se había intentado iniciar el juicio oral fue el 9 de noviembre de 2023, cuando el Tribunal de Sentenció declaró en rebeldía y ordenó la captura de Patricia Samudio y su esposo, quienes no se presentaron para la audiencia argumentando una supuesta “descoordinación” con su entonces abogado defensor Hugo Volpe, quien tampoco se presentó.
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Acusación fiscal por caso “agua tónica”
Según la acusación fiscal la ex alta funcionaria y su cónyuge se aprovecharon de una situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del covid-19 para convocar una licitación y adquirir supuestamente insumos sanitarios y agua tónica, logrando así desviar fondos de la institución pública.
El 1 de abril del 2020 Petropar, bajo la administración de Samudio Torrás, adquirió insumos y productos por compra directa, por la vía de la excepción, basado en la declaración de emergencia sanitaria para mitigación de la propagación del covid-19, por un total de G. 359.700.000, IVA incluido, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.
El Abg. José Costa Perdomo, esposo de la exfuncionaria estatal, fue quien direccionó la licitación para que la empresa adjudicada sea Solumedic SA, firma a la que Petropar pagó la mencionada suma por productos que nunca fueron entregados a la petrolera estatal.
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Sobre el argumento de la defensa, de que ya no se puede hablar de lesión de confianza porque el daño fue reparado, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta sostuvo que ese planteamiento “fue rechazado en la audiencia preliminar por el juzgado y el Ministerio Público, porque procesalmente para que haya extinción tiene que haber un acuerdo y nosotros en ningún punto de vista nos hemos allanado. A pesar de que se haya devuelto, no hace desaparecer la comisión del hecho punible”, expresó el agente.
Pagó deuda personal con dinero de “agua tónica”
La acusación presentada por los fiscales Liliana Alcaraz, Silvio Corbeta y Francisco Cabrera afirma que bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora “Solumedic SA”, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000.
Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa “Racole SA”, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la exfuncionaria estatal, sostiene el Ministerio Público que actualmente está representado por los agentes Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera.
Racole S.A no es la firma que fue adjudicada para proveer los insumos médicos que Petropar compraría supuestamente para combatir el virus del covid, ni participó del proceso de licitación, pero recibió la transferencia por indicaciones de Costa Perdomo.
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Los directivos de la empresa adjudicada Solumedic S.A. Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández, quienes también fueron acusados por el caso por lesión de confianza, devolvieron al Estado los G. 359.700.000, tras lo cual fueron beneficiados con el sobreseimiento definitivo por disposición del juzgado de ejecución penal, segundo turno, dictada el 17 de enero del 2022.
Esta situación es utilizada por la defensa para argumentar la supuesta inexistencia de daño patrimonial, pues alegan que el daño ha sido reparado por los directivos de Solumedic.