El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Silvio Corbeta, acusó a Santiago Vicente Ochipinti Beterette (60), ex director del Fides del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por lesión de confianza en calidad de cómplice y solicitó que el mismo afronte juicio oral.
Asimismo formuló acusación por lesión de confianza, pero en calidad de coautores, contra Miryan Nancy Giménez De Pereira (56), presidenta de la organización “Desde abajo hacia un desarrollo íntegro social” (Dadis), cuyo tesorero entonces era el entonces fiscal de Chofé (San Pedro) Florencio Pereira Rodas (58), también acusado.
Lea más: Imputan a fiscal y a otros seis más por perjuicio de G. 418 millones al Indert
Igualmente, están acusados Abel Ricardo Florentín Serafini (32) y Arnaldo Andrés Riveros Paredes (34), presidente y tesorero, respectivamente, de la “Asociación de Voluntarios para los Servicios Voluntarios” (Asovservic).
La investigación que data del 2016 se inició luego de que se haya llevado a cabo la firma de convenios entre el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y las citadas asociaciones que ocasionaron un perjuicio de G. 418.522.196 al ente.
Extitular de Fides acusado, cumple condena en La Esperanza
Santiago Vicente Ochipinti Beterette, ahora acusado por el Ministerio Público, está preso en la cárcel industrial La Esperanza desde marzo de 2023, donde cumple una pena de 3 años por tentativa de estafa en perjuicio del Indert.
Lea más: Condenan al exdirector del Indert por tentativa de estafa al ente con pozos
La Justicia concluyó que cuando Ochipinti se desempeñó como director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) estuvo implicado en un negociado con pozos artesianos gestado durante la administración de Justo Cárdenas (2015).
Lea más: Santiago Ochipinti Beterette, con paradero desconocido
La condena se dictó en 2019 y quedó firme en diciembre del 2022, época en que Ochipinti se desempeñaba como presidente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), de la que luego quedó desafectado.
Primer caso de perjuicio contra el Indert
Los datos señalan que el 15 de abril de 2015, la docente jubilada Miryan Nancy Giménez de Pereira, como presidenta, y el actual fiscal Florencio Pereira, como tesorero, de la organización “Desde Abajo hacia un Desarrollo Integro Social” (DADIS), solicitaron al Indert la financiación de proyectos de abastecimiento de agua potable destinados a las comunidades “Segunda Linea”, “Tercera Línea” (Agüerito), “3 de Febrero” y “10 de Agosto” del distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
El planteamiento fue aprobado por resolución Nº 2.250/15 del 14 de julio de 2015, siendo suscrito por el entonces presidente del Indert, Justo Pastor Cárdenas, por un monto de que ascendió a la suma total de G. 1.532.590.052.
Lea más: Condenas de 2 a 10 años de cárcel por estafa de casi G. 4.000 millones al Estado
El 13 de agosto de 2015 se llevó a cabo la transferencia, correspondiente al 50% de los fondos totales a la DADIS, consistente en la suma de G. 766.295.026. Luego, el 27 de diciembre de 2016 se desembolsó el restante 50% del monto total del presupuesto, consistente en G. 766.295.026.
Tras el segundo desembolso, funcionarios del Fides-Indert verificaron las obras y constataron que los sistemas de abastecimiento de los asentamientos “Segunda Línea Agüerito”, “Tercera Línea Agüerito”, “3 de Febrero” y “10 de Agosto” de Santa Rosa, de San Pedro estaban incompletos, sin conexión domiciliaria y sin funcionar.
Las pericias realizadas por el Ministerio Público detectaron daños patrimoniales y, en relación al asentamiento “3 de Febrero” se determinó una diferencia de G. 149.213.247; en relación a la “Segunda Línea Agüerito” se constató una diferencia de G. 105.216.424; en cuanto al sentamiento “Tercera Línea Agüerito” se señaló una diferencia de G. 214.080.890, y sobre el asentamiento “10 de Agosto”, una diferencia de G. 215.338.863, totalizando el perjuicio causado G. 683.849.514, resultante de las sumas entregadas.
Lea más: Condenan a exdirector del Indert por tentativa de estafa al ente con pozos
Desfalco por la Asociación
En cuanto a la Asociación de Voluntarios para los Servicios Voluntarios (Asovservic), el 24 de septiembre de 2014, Abel Ricardo Florentín Serafini, como presidente, y Arnaldo Andrés Riveros Paredes, como tesorero de la asociación citada, solicitaron al Indert la financiación de proyectos de agua potable para las comunidades de “Segunda Linea Takuru Pytã”, “Niño Salvador Barrientos Cué” y “Tercera Línea Irrazábal Norte”, del distrito de Repatriación del departamento de Caaguazú.
El monto total presupuestado para las obras fue de G. 1.198.288.157, en principio se hizo la transferencia del 60% de dicha suma el 29 de mayo 2015 por G. 718.972.894. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2015, se generó la segunda entrega del dinero consistente en la suma de G. 479.315.263, correspondiente al 40% restante.
Después, funcionarios del Fides-Indert también llevaron a cabo una verificación de las obras y determinaron que los costos contractualmente establecidos, si bien totalizaron la suma de G. 1.198.288.157, con relación al asentamiento Takuru Pytã hubo una de G. 85.802.106; en relación al asentamiento Niño Salvador la diferencia fue de G. 31.804.685, y sobre el asentamiento Irrazábal la diferencia determinada fue de G. 81.886.555 Gs., totalizando un perjuicio de G. 199.493.346.
Lea más: Medidas para imputados por desfalco de G. 418 millones al Indert
Análisis del Ministerio Público para la acusación
El fiscal Corbeta refirió en el documento en relación a los acusados que “tenían calidad de garante del patrimonio disminuido del Indert, por ser encargados del gerenciamiento y administración de los fondos que le fueron cedidos por el Indert a través de los Convenios Marcos suscrito con el presidente Justo Pastor Cárdenas”. En este sentido, tenían la obligación de proteger el patrimonio de la institución.
En el aspecto objetivo del tipo penal de lesión de confianza, el fiscal señaló que se dan los presupuestos de “patrimonio de otro”, “perjuicio patrimonial”, “relación causal”, “posición de garante” y “causación en el ámbito de protección”, los cuales se cumplen ya que los cinco acusados tenían posición de garantes del patrimonio institucional.
Sobre el aspecto subjetivo del tipo penal de lesión de confianza, el fiscal señlaó que para su configuración se requiere la existencia del dolo para la comisión del hecho, es decir, los acusados debían conocer y querer cada uno de los elementos del tipo objetivo citados previamente. En ese sentido, Corbeta indica en su acusación que “sabían que le ocasionarían un detrimento económico al patrimonio del Indert”.
Puntualizó el representante del Ministerio Público que los acusados tenían “la capacidad de buscar y optar por las mejores ofertas en el mercado para la fabricación de estos sistemas de abastecimiento de agua potable, sin embargo, según los elementos reunidos, se demuestran objetivamente que los mismos se encontraba en conocimiento de la sobrefacturación de los precios que se estaban ofertando al Indert y que estos no serían entregados encontraprestación a lo pagado”.