La denuncia contra el intendente de General Artigas, Luis Alberto Arriola (PLRA), fue presentada por los concejales colorados Celso Egidio Troche Casco, Jorge Roberto Ferreira Galeano, Dardo Troche Meza y Adelina Vigo de Maciel, bajo patrocinio del abogado Diosnel Pereira.
La presentación afecta también a una empresa privada identificada como San Antonio, que tendría a su cargo la recolección y transporte de los residuos sólido. La denuncia menciona maltrato de suelo, procesamiento ilícito de desechos, perjuicio a reservas naturales, e infracción a las leyes de evaluación de impacto ambiental (Ley 294/93), y de Gestión integral de residuos sólidos (Ley 3956/09, y la ley de protección de vida silvestre, (Ley 96/92).
Preocupa a los concejales que la basura acumulada durante los últimos 15 días haya desaparecido “de la noche a la mañana”, sin dejar rastros y se preguntan el destino que se dio. La presunción es que fue arrojada en algún sitio contaminando y provocando daño ambiental.
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Los concejales solicitaron la prisión preventiva del intendente y los responsables de la empresa San Antonio, conforme a lo que establece el Código Procesal Penal (CPP) para estos casos.
Vertedero en gestión
De acuerdo a lo señalado por el intendente Arriola, la denuncia no tiene razón de ser, puesto que la municipalidad está trabajando en un proyecto para la instalación de un vertedero municipal. En la sesión del 24 de febrero pasado la Junta Municipal aprobó por mayoría la adquisición de un predio para su uso como vertedero y se está trabajando en ello, explicó el jefe comunal.
El tema es que estamos sin vertedero. Estábamos usando el vertedero de San Pedro del Paraná (distrito vecino), pero se nos cerró porque ellos mismos están con problemas, dijo. Agregó que estaban viendo para habilitar un vertedero en la compañía San Miguel Potrero, pero que “fue trabado por estos mismos concejales”.
Debido a la situación de la falta de vertedero no se está haciendo la recolección de residuos desde hace un mes “y ellos creen que nosotros hacemos desaparecer la basura en forma clandestina”, apuntó. En su denuncia precisamente los concejales adjuntan fotografías de un camión cargado de basuras y posteriormente ya vacío tras arrojar los desperdicios en algún sitio.
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Arriola aseguró que tras la aprobación de la Junta están haciendo gestiones para la compra de un terreno. Paralelamente están viendo la posibilidad de utilizar un terreno de tres hectáreas, comprado durante la administración anterior, que ya tiene permiso ambiental, pero que en el 2020 los vecinos se opusieron a que se instale ahí un vertedero. “Ahora acordé con esos vecinos, porque la situación ya es insostenible, y lo más fácil es usar este lugar para hacer el relleno sanitario”, dijo el administrador comunal.
No pudimos contactar con ningún directivo de la empresa San Antonio para obtener su parecer respecto de la situación. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse al caso.