La acusación de presunto mal desempeño de funciones presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue promovida por Joaquín Roa Burgos el 13 de febrero de 2024 y señala que el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta Dinamarca, en el marco del proceso penal que enfrenta por cohecho pasivo agravado, soborno y lavado de dinero, ha transgredido presuntamente disposiciones legales. La presentación ante el Jurado está patrocinada por los abogados Gustavo González Planás y Rodrigo González Planás.
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La causa penal objetada está caratulada “Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala s/ SHP de cohecho pasivo agravado y otros” Nº 29/2022. Alega que el agente del Ministerio Público transgredió los artículos 14 inc. b y m y 15 inc. b y e de la Ley 6814/2021 “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos”.
La causa penal fue ampliada por el Ministerio Público por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en noviembre de 2023.
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Declaraciones a los medios de prensa
El acusador ante el JEM, exministro de la SEN Joaquín Roa, señala que el fiscal Silvio Corbeta Dinamarca transgredió lo que dispone el art. 14 en su inc. m de la Ley 6814 que dispone: “Proporcionar información, formular declaraciones o hacer comentarios a la prensa o a terceros sobre juicios o investigaciones cuyo trámite esté a su cargo, cuando ellos pueda perturbar su tramitación o afectar el honor, la reputación o la presunción de inocencia establecida en la Constitución Nacional”.
Refiere que el agente del Ministerio Público realizó declaraciones a los medios de prensa en entrevistas que concedió a través de ABC Digital, Radio Ñanduti 1020 AM y Radio Monumental 1080 AM.
Agrega que estas declaraciones del fiscal Corbeta lesionaron gravemente el honor y la presunción de inocencia que tiene un ciudadano hasta que recaiga una condena firme.
Dice que fiscal transgredió reglamento
De igual manera, Roa hace referencia a lo que señala el art. 11 del Reglamento Interno del Ministerio Público:
Obligaciones de los funcionarios. “Son obligaciones de los funcionarios del Ministerio Público: h) Guardar reserva absoluta para personas que no sean partes en el proceso, respecto de las investigaciones que sean llevadas a cabo en la unidad o dependencia en la que preste servicio”.
Con relación al Art. 15 de la Ley 6814, dispone que incurrirán en mal desempeño de funciones, según lo establecido en el inciso:
d) Ocultar o extraviar evidencias obtenidas durante la investigación.
Con relación a este punto, el acusador señala que el fiscal Corbeta Dinamarca solicitó en la causa penal las desgrabaciones de un celular, cuyo contenido recibió en julio de 2023 y las tenía en su despacho.
Sin embargo, la defensa no tuvo conocimiento de este hecho sino hasta el 9 de noviembre de 2023 porque la carpeta fiscal no estaba foliada, con la excusa de que la respuesta de los oficios que se envían deben acompañarse de manera siguiente a los oficios por más que haya llegado meses después.
Recién el 9 de noviembre de 2023 el fiscal pone a disposición del juzgado la desgrabación del celular, luego de que la defensa acompañada de un escribano público se haya constituido en su Unidad Fiscal para verificar las carpetas.
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Garantizó solvencia para acusar ante el JEM
Para demostrar su solvencia para realizar la acusación contra el fiscal Silvio Corbeta Dinamarca, el acusador Joaquín Roa presentó copias de los títulos de dos inmuebles. Uno de ellos es la finca N°27.988 ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora que fue adquirida por Roa y por María José Callizo de Roa, por US$ 200.000, el 31 de mayo de 2013.
También ofreció otro inmueble ubicado en Fernando de la Mora, adquirido por Joaquín Roa y María José Callizo de Roa por G. 200.000.000, el 24 de agosto de 2017.
La imputación contra el exministro de la SEN
Los fiscales Osmar Legal y Silvio Corbeta emitieron el miércoles 26 de abril de 2023 el acta de imputación contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa y Alberto Koube Ayala, por cohecho pasivo agravado, soborno y lavado de dinero.
Según los fiscales, existen elementos que probarían que durante su paso por la función pública, Roa habría recibido de parte de Koube, con quien mantendría una relación de amistad, beneficios indebidos, a cambio de los cuales, Koube Ayala, habría sido adjudicado con licitaciones públicas.
El acta de imputación agrega que esas adjudicaciones se habrían dado entre los años 2018 y 2021, con un total de 11 licitaciones a las firmas Tapyracuai S.A. y Distribuidora San Blas, ambas representadas por Koube Ayala, así como también a otras empresas unipersonales vinculadas al mismo, quien sería el beneficiario final.
Entre esas empresas, se mencionan: Sofimac, de Joaquín Nunes, Noemacol S.A. de Noelia Colmán JPA Logística, de Juan Pablo Acosta, y Katherine Ayala.
Habría sobrefacturación en contratos directos
Según los fiscales, Joaquín Roa habría convocado a licitaciones públicas a través de la Ley de Emergencia Nacional, lo que le permitía realizar contratos directos y manejar procesos licitatorios fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para beneficiarse a sí mismo y a su amigo.
Estas contrataciones directas, continúa diciendo la imputación, habrían sido direccionadas siempre en beneficio de la misma persona y además habrían sido sobrefacturadas y pese a que el entonces ministro estaba en conocimiento de ello, habría adjudicado a Koube Ayala y a las demás empresas vinculadas a este último, lo que representaría un perjuicio al patrimonio de la institución.
El acta de imputación describe las 11 operaciones con las empresas ligadas a Koube, la mayoría de ellas relacionadas al alquiler de camiones, y una por provisión de chapas de fibrocemento, adjudicada a Transporte de Materiales y Cargas para la Construcción, de Katherine Ayala. en total, las adjudicaciones irregulares sumarían más de G. 15.450 millones.
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El lavado de dinero adjudicado a Roa
Con relación al lavado de dinero que se le atribuye a Roa, refiere la imputación que desde que el exministro de la SEN recibió la embarcación Azimut AZ42, importada, que supuestamente le regaló Koube, habría adoptado conductas de ocultación de este bien.
Por medio de un supuesto contrato privado de compra venta, sin certificación de firmas , con Tapyracuai, habría intentado, según los fiscales, justificar la procedencia y adquisición, valuada en G. 3.200 millones, pero dicha transacción no habría existido.
Aseguran los fiscales que Roa ni siquiera inició los trámites ante los Registros Públicos, ni la Prefectura Naval. Sin embargo, el despacho de importación por un valor de U$D 370.000 fue encontrado en poder de Roa, sin que a la fecha exista documentación respaldatoria que justifique su adquisición.
Alberto Koube Ayala está asimismo investigado por su conexión con el narco Sebastián Marcet, tras el operativo A Ultranza.