Se trata de Osvaldo Rosso Moreira (27 años), funcionario del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), a quien la fiscala de la Unidad Esepecializada en Delitos Económicos y Anticurrupción, Belinda Bobadilla, imputó por tentativa de cobro indebido de honorarios y para quien solicitó al juzgado medidas alternativas a la prisión.
La causa penal, que está a cargo de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, se inició luego de que Osvaldo Rosso Moreira haya sido denunciado en el mes de octubre de 2023, por la abogada Alicia Ovelar, que es jefa del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS.
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De acuerdo con los datos señalados en la denuncia de la Dirección Jurídica del IPS, el 2 de mayo de 2023, una asegurada fue a consultar con un médico otorrinolaringólogo, quien tras una inspección le indicó una orden de agendamiento para una cirugía de rinoplastía secundaria para corrección de válvula.
La mujer se dirigió con dicha indicación a la secretaría, donde fue atendida por Rosso Moreira, quien le manifestó que no había disponibilidad de números para agendamiento en lo que resta del año, en ese entonces 2023. La paciente, entonces le solicitó que le agende para este año 2024, a lo que Rosso le respondió que el sistema no admitía cargar el agendamientos para el año que próximo.
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Funcionario exigió pago por cirugía que no hace IPS
El funcionario Oslvado Rosso, aprovechando la ocasión le facilitó en un papel de puño y letra su número de celular, a modo de que la mujer pueda consultarle más adelante sobre disponibilidad de turnos para la cirugía.
El 16 de mayo, Rosso le envió un mensaje a través de WhatsApp indicándole que lo llome. En la comunicación telefónica, Rosso le habría citado a una reunión para el 19 de mayo, a las 6:00 en la secretaría del servicio de otorrinolaringología en el quinto piso. En esa reunión, el funcionario le habría hecho entrega de una serie de estudios pre-quirúrgicos y le manifestó que la mantendría informada.
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Más adelante, “Rosso le señaló a la denunciante que los insumos no estarían cubiertos, que es caro pero que él podía conseguir y que la operación era una cirugía estética, sugiriendo que previera G. 2.000.000 a 3.000.000 para la compra de los insumos; lo que en realidad, no era para tal efecto, sino que era para el beneficio personal” del mismo, según se señala en la imputación fiscal.
Además, en el escrito se resalta que la intervención a la que debía someterse la paciente “no estaba contemplada dentro de la cartera de servicios de la previsional y el hoy imputado no está autorizado a recibir suma alguna de dinero de parte de los asegurados”.