El abogado Raúl Antola Dos Santos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del intendente municipal de Pilar, Fernando Ramírez por supuesto hecho de exacción, estafa y defraudación.
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El hombre de derecho argumentó que el municipio local pretendía cobrarle el impuesto con una suma exorbitante por un inmueble ubicado supuestamente en el área rural.
La suma es 770.480.119 guaraníes y en años anteriores sólo pagaba la suma de dos millones de guaraníes.
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Según Raúl Antola, el inmueble se encuentra ubicado en un área rural, pegado al aeropuerto Carlos Miguel Jiménez, pero que desde el municipio aseguran que el lugar se encuentra en el ejido urbano.
El abogado Raúl Antola refiere que es presidente y representante legal de la firma Inmobiliaria del Sur S.A y que todos los años paga sus impuestos en la Municipalidad de Pilar pero que nunca tuvo inconvenientes.
“Me extraña la actitud del intendente, un hombre que fue formado en el exterior por más de 10 años, fuí para pagar un terreno de 275 hectáreas, cien por ciento reforestado y encuentro que el intendente me aplica un impuesto sobre otro inmueble de 30 hectáreas que está preparado para la construcción del mayor silo de grano del Paraguay que se va a instalar con inversores extranjeros, que son uruguayos e italianos” expresó.
“Me quieren cobrar 80 millones de guaraníes por una zona que no es urbana, no hay una sola casa, no hay una sola calle y no hay un solo foco. La ley es para todos, él no puede ampliar el ejido urbano a la manera que a él se le ocurra”, expresó.
Y añadió, “la ley establece claramente que el porcentaje de casas, el porcentaje de calles y una serie de otros factores deben cumplirse”.
Recordó que anteriormente pagaba 2.500.000 guaraníes por impuesto inmobiliario por el terreno de 30 hectáreas. “Ayer me fuí a preguntar cuánto debo pagar y me dieron el papel que debo pagar 80 millones de guaraníes y eso no puede ser” se lamentó.
Intendente de Pilar se defiende
El intendente municipal Fernando Ramírez (ANR) se defendió de las acusaciones del abogado Raúl Antola y señaló que el pago del impuesto inmobiliario está establecido en la Constitución Nacional y por decreto presidencial.
“Desde hace 20 años se ha establecido los montos para las propiedades urbanas, ya vienen con cuentas corrientes. Si son propiedades rurales vienen con el padrón, muchas veces algunos no tienen padrón y a la hora de solicitar el fraccionamiento ahí actualiza el sistema de catastro”, indicó.
Ramírez argumentó que el municipio está cumpliendo de acuerdo a lo que establece el marco legal. “Los precios que vienen por cada predio, sea padrón o cuenta corriente, no es que la municipalidad establece”.
“Cada año, a través de un decreto reglamentario viene del Poder Ejecutivo, a través del Sistema nacional de catastro y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que es lo que la Municipalidad debe cobrar por cada inmueble”, remarcó.
La justificación
Instó al abogado Raúl Antola a leer el marco normativo legal. “Son las cuestiones que uno debe saber, me gustaría que Raúl Antola como hombre derecho sepa que el municipio es un intermediario porque 70% de la recaudación del impuesto inmobiliario queda al municipio, 15% va a la Gobernación y otro 15% va a los municipios más pequeños”, justificó.
Insistió en que los precios para el cobro del impuesto inmobiliario están establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo.
“Eso está en un decreto ni siquiera está en una ley, en la Constitución Nacional del año 1992 se ha establecido con ese nuevo marco legal, sea yo el intendente o que venga otro después de mí va a aplicar el mismo mecanismo porque la Constitución Nacional lo establece así”, culminó.