De acuerdo al comunicado del Ministerio de Defensa Pública, la Defensoría Especializada brindó asistencia y orientación a 4.614 mujeres víctimas de todos los tipos de violencia contra la mujer tipificados en la Ley 5777. La asistencia fue totalmente gratuita.
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El documento refiere que de los 4.614 casos, 787 han concluido sus procesos y 3.827 se encuentran en trámite ante las distintas instancias del sistema de justicia para la protección y el acceso a la justicia como Juzgados de Paz, Juzgados Penales de Garantías y Ministerio Público.
La institución se propone promover y garantizar a las mujeres sus derechos proporcionando atención integral, con defensores y defensoras especializadas quienes son constantemente capacitadas porque la atención a mujeres víctimas de violencia requiere funcionarios y funcionarias públicas idóneas, empáticas y con escucha activa.
La defensora pública general Lorena Segovia ratificó que en cuanto a violencia de género nos encontramos ante una emergencia, el propio Ministerio Público informa que la violencia contra las mujeres es el tipo penal más denunciado en el 2023, entonces resulta crucial que, desde el Estado, a través de sus diferentes instituciones, impulsen políticas públicas proporcionando respuestas integrales para garantizar la protección de las mujeres.
Segovia refirió que es importante otorgar presupuesto a las diferentes instituciones para que las políticas públicas no queden en buenas intenciones y que puedan ser ejecutadas eficientemente. Así la institución bajo su administración peleó y logró para este año un aumento presupuesto para la creación de cinco unidades más de Defensoría Especializadas en la Ley 5777.
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La ministra asegura que desde la institución a su cargo redoblan los esfuerzos para promover una atención especializada y empática y recordó que sí se necesita apoyo se encuentra a disposición la Línea 133 y que las mujeres encontrarán Defensoría Especializada en protección integral en todo el país.
Cabe recordar que las Defensorías Especializadas en la ley 5777 fueron creadas en el 2019, y que ese primer año asistieron a 476 mujeres, en cinco años ha aumentado exponencialmente la cantidad de beneficiarias del servicio público llegando el año pasado a 4.614 mujeres.
En cuanto a la gestión en general la ministra destaca que “nuestra misión es que las personas más desprotegidas se sientan representadas. Que seamos capaces de ser efectivos facilitadores en sus problemáticas judiciales. No un problema más. El acceso a justicia es un derecho fundamental para el desarrollo de una vida más digna para las personas. Estoy convencida que hicimos mucho pero más convencida estoy que tenemos mucho por hacer todavía”.