Piden 8 años de cárcel para exfiscal Díaz Verón y 5 años para su esposa

El Ministerio Público solicitó que el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón sea condenado a 8 años de cárcel por presunto enriquecimiento ilícito y su esposa a 5 años de prisión, por presuntamente haber lavado ese dinero. La jueza de Sentencia Alba González cuestionó al Ministerio Público y exigió que apure sus alegatos finales, alegando que tenía “otros juicios importantes”.

El ex fiscal Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente.ARCENIO ACUÑA
audima

Las agentes del Ministerio Público Nathalia Silva y Claudia Aguilera pidieron al Tribunal de Sentencia que el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón sea condenado a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito; y su esposa María Selva Morínigo a 5 años de prisión, por supuestamente haber lavado el dinero que su cónyuge obtuvo ilegalmente en la función pública, entre los años 2009 y 2017.

En sus alegatos finales las fiscalas también solicitaron para Javier Díaz Verón la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años, una vez que cumpla la pena carcelaria; y el comiso de los bienes del matrimonio por G. 10.495.174.320, monto al que ascienden los egresos que no pudieron justificar en los años que abarcó la investigación fiscal.

Específicamente, la fiscala Nathalia Silva puntualizó que entre el 2008 y 2017 el ex fiscal general del Estado registró ingresos por la suma de G. 10.702.190.671 y en el mismo lapso de tiempo sus egresos alcanzaron el monto de G. 21.143.317.105, por lo que según la investigación fiscal, los egresos de Díaz Verón y su esposa fueron ampliamente superiores a los ingresos legales.

Esposa de Díaz Verón, acusada de lavado de dinero

En el caso de María Selva Morínigo, la Fiscalía alegó que de acuerdo a las pruebas producidas en el juicio oral, la misma fue quien introdujo al sistema financiero legal el dinero obtenido ilícitamente en la función pública por Francisco Javier Díaz Verón, quien ocupó el cargo de fiscal general del Estado desde el año 2011 hasta el 2018.

Fiscalas Claudia Aguilera y Nathalia Silva, encargadas de la investigación.

Puntualizó que la esposa del ex fiscal general realizó inversiones e integró capital en la firma “Lagunita S.A.” y “Canto Rodado”. En el caso de esta última los únicos socios eran la acusada y sus hijos Alejandro y Yeruti Díaz Morínigo, según alegó el Ministerio Público.

Además, la acusada habría emitido varias facturas por honorarios como abogada a personas que no eran sus clientes o que solo pagaron parte de lo facturado.

El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por Alba González y Darío Báez fijó para mañana (miércoles), a las 7:30, la presentación de los alegatos finales de las defensas. El veredicto del Colegiado de Sentencia se dará a conocer en la audiencia del jueves.

Cuestionada jueza trancó alegatos de la Fiscalía

Los alegatos finales de las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera se extendieron por casi tres horas, en las que las agentes detallaron año por año las cifras sobre los ingresos, egresos, gastos e inversiones registrados por Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, entre 2009 y 2018, teniendo en cuenta que la presente causa es considerada emblemática y que, en caso de lograr una condena para el ex fiscal general del Estado, el caso sería histórico y sentaría precedente.

Los jueces Alba González, Víctor Alfieri (presidente) y Darío Báez integran el Tribunal de Sentencia.

Sin embargo, al parecer la jueza Alba González no consideró esta situación y cuestionó a las agentes del Ministerio Público por el tiempo que estaban usando para los alegatos conclusivos. “¿Cuánto más lo que van a tardar?”, expresó la magistrada a la fiscala Claudia Aguilera, y argumentó que tanto ella como sus colegas tenían otros juicios que “también son importantes”.

En el año 2014, la jueza de Sentencia Alba González fue recusada por el querellante en una causa por presunta estafa y apropiación, supuestamente por tener interés manifiesto. En el 2018, la misma magistrada, en un juicio por narcotráfico, fue denunciada por presuntamente haber recibido una coima de US$ 30.000, hecho por el que fue imputado su actuario judicial.

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