El proceso abierto por la venta de entradas falsificadas para el show del reggaetonero Bad Bunny en Paraguay concluyó para uno de los dos acusados por el caso, Elías Josué Arias Giménez, de 21 años, con una condena de dos años de pena privativa de libertad por estafa y comiso especial de un automóvil Toyota tipo Auris, año 2007.
La sentencia dictada por el juez penal de garantías Rolando Martínez, establece la suspensión a prueba de la condena a cambio del cumplimiento de una serie de obligaciones a ser cumplidas durante dos años.
Una de ellas es la donación mensual de G. 417.000, hasta cubrir la suma G. 10.000.000 a la organización sin fines de lucro “Padre Pío”, con ayuda de la Familia de niños “Acosta Ñu”.
Prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin comunicación previa del juzgado de ejecución, obligación de comparecer en forma trimestral ante el juzgado de Ejecución del 1 al 10 de cada mes, prohibición del consumo de sustancias estupefacientes y del abuso en el consumo de bebidas alcohólicas son las demás medidas establecidas por el juzgado.
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El Ministerio Público acusó a Elías Arias y a Antonio Emanuel González Zayas, de 20 años, por los supuestos hechos de estafa y producción de documentos no auténticos y pidió juicio oral y público para ambos.
Defensa solicitó procedimiento abreviado
La defensora pública Blanca Ramírez planteó el procedimiento abreviado para Arias, cuya situación fue analizada en una audiencia preliminar realizada el miércoles pasado, ocasión en que solicitó una condena únicamente por el delito de estafa.
La defensora destacó que se trata de una persona joven, sin antecedentes penales, que actualmente cursa el primer año de la carrera de Comercio Exterior en una universidad privada, reside con su familia y trabaja en un negocio gastronómico familiar.
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“También solicito se tenga a bien considerar la conducta de mi representado desde el inicio del proceso quien se ha sujeto al mismo, y ha realizado todos los esfuerzos pertinentes para resarcir el perjuicio que su conducta pudo haber ocasionado, demostrando de esta manera, su voluntad de reparación; en ese sentido considerando que mi representado admite los hechos así como la salida procesal se solicita la aplicación del procedimiento abreviado por el plazo de dos años solicitando la suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el mismo plazo (...), argumentó la defensora.
Reparación del daño y comiso de automóvil comprado con dinero ilícito
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), dio su consentimiento para la salida procesal ofrecida, tras destacar que además de que el tipo penal lo permite y las condiciones personales del acusado señalas por la defensa, considera especialmente la reparación del daño ocasionado a las víctimas por parte del acusado.
“(...) igualmente se tiene en cuenta para la aplicación del presente instituto lo establecido en el Artículo 65 del Código Penal, principalmente en lo que hace a las condiciones personales del autor, a la conducta posterior a la realización del hecho y los esfuerzos para reparar el daño a las víctimas que principalmente son consideradas a su favor por el Ministerio Público”, indicó el agente fiscal.
“(...) y además que en autos consta el esfuerzo del mismo así como de sus padres en devolver parte del perjuicio patrimonial ocasionado a las víctimas e incluso también se considera a su favor el inciso 10 del Artículo 65 del CP en cuanto a la actitud del autor frente a las exigencias del derecho a tenor de que ni bien el Ministerio Público obtuvo la orden judicial del secuestro del rodado que se encuentra ofrecido como evidencia de la acusación fiscal y que según la investigación se ha determinado con certeza que sería producto del ilícito también ha puesto a disposición del Ministerio Público el cual actualmente se encuentra depositado y administrado por la SENABICO (...)”, argumentó Corbeta.
La pesquisa se inició ante una denuncia presentada por la empresa productora de eventos “G5 Pro”, que había alertado al Ministerio Público sobre la posible venta de tickets falsificados para el concierto del artista reggaetonero Bad Bunny, que se presentó el 11 de noviembre de 2022 en el estadio “La Nueva Olla”.
Los hoy acusados fueron detenidos el 7 de diciembre del 2022 en allanamientos simultáneos realizados en Lambaré, donde cayó Antonio González, y en San Lorenzo, donde fue apresado Elías Arias.
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Perjuicio de G. 562 millones con entradas falsificadas
De acuerdo con datos presentados por la Fiscalía en su acusación, las entradas originales -en modalidad digital- se pusieron a la venta a través de la firma Ticketea, desde el 28 de enero hasta el 31 de octubre de 2022. En ese mismo periodo de tiempo, Antonio González, a través de programas informáticos, supuestamente creó entradas falsas que fueron utilizadas por él y puestas a la venta a través de Elías Arias.
Mediante la conducta desplegada supuestamente por los acusados, con la venta de entradas no auténticas en el periodo de tiempo señalado, entre enero y octubre de 2022, los mismos lograron obtener un beneficio económico de G. 562.992.407.
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Señala el documento fiscal que dichos beneficios financieros fueron obtenidos de forma indebida a partir de engaños a los compradores, quienes pagaron sumas de dinero por la adquisición de los boletos apócrifos bajo el convencimiento de que se trataban de tickets oficiales.
Agrega que no solo los compradores de las entradas falsificadas cayeron en el engaño, sino también varios revendedores, quienes fueron captados principalmente por el acusado Elías Arias, quien según la investigación era el encargado de la reventa de las entradas obteniendo comisiones.