El Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los camaristas Bibiana Teresita Benítez Faría, Andrea Cristina Vera Aldana y Arnulfo Arias Maldonado, ratificó el A.I. Nº 492 del 26 de octubre de 2023, por el cual se ordenó el auto de apertura de juicio oral en el proceso abierto por millonario desvío de la gobernación de Central durante la administración de Hugo Javier González, dictado por el Juez Penal Especializado en Delitos Económicos, del Segundo Turno, José Agustín Delmás Aguiar.
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La apelación general contra el AI 492 del 26 de octubre de 2023, fue promovida por la abogada Patrocinia Báez, por la defensa de Víctor José Emilio Basualdo Ramírez.
De igual manera, el abogado César Enrique Acevedo por la representación de los acusados Carlos Alberto Giménez Insfrán y Luis Eduardo Allende Araújo, apeló la resolución de elevación de la causa a juicio oral.
Hechos punibles acusados por la Fiscalía
Los hechos punibles que el Ministerio Público (MP) atribuye a los acusados son los establecidos y contenidas en el Art. 192 inc. 1° y 2° “lesión de confianza”, modificado por el Art. 1° de la Ley 3440/08; el artículo 246 inciso 1°, segunda alternativa; “producción de documentos no auténticos”; art. 160 inciso 1° y 2° “apropiación”; art. 239 inciso 1°, numeral 1° (organizada) y 2° “asociación criminal”.
Apelación de Basualdo Ramírez, rechazada
Por Auto Interlocutorio N° 364 del 14 de diciembre de 2023, los camaristas Arnulfo Arias Maldonado y Bibiana Benítez Faría resolvieron que los motivos expuestos por la defensa como agravios, no resultan suficientes para modificar o rectificar el auto recurrido; al no advertir vicios de nulidad que lo invaliden y que el mismo ha sido dictado en observancia de las formas previstas en la leyes que nos rigen, corresponde admitir el recurso interpuesto y confirmar el fallo impugnado, en todas sus partes
Por su parte, la camarista Andrea Cristina Vera, votó por declarar inadmisible la apelación del acusado Basualdo Ramírez.
Agregó que las decisiones contenidas en el A.I. N° 492 de fecha 26 de octubre de 2023, no generan agravio por cuanto la apertura a juicio como lo sostuviera, permitirá la apertura del debate y la resolución definitiva de las cuestiones plateadas. “Por ello manifiesto que no se detectan vicios que ameriten la nulidad del auto apelado, ni cuestiones que causen un gravamen irreparable”, indicó.
La camarista Vera Aldana votó por declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación general interpuesto, a tenor del art. 461 última parte del CPP que establece taxativamente: “No será recurrible el auto de apertura a juicio”.
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Rechazo de las apelaciones de Giménez y de Allende
Por auto Interlocutorio (AI) Nº 362 del 14 de diciembre de 20123, la Cámara resolvió confirmar el rechazo del incidente de suspensión condicional del procedimiento, el incidente de nulidad de la acusación fiscal, incidente de sobreseimiento definitivo, que solicitó el acusado Carlos Alberto Giménez Insfrán.
De igual manera, la Cámara rechazó el incidente de procedimiento abreviado, el incidente de nulidad de la acusación fiscal, el incidente de suspensión condicional del procedimiento, promovido por el acusado Luis Eduardo Allende Araújo.
Los camaristas argumentaron que al analizaron los motivos expuestos por las defensas, como agravios, no resultan suficientes para modificar o rectificar el auto de apertura a juicio oral recurrido.
Agregan que no se advierten vicios de nulidad que lo invaliden y que el mismo ha sido dictado en observancia de las formas previstas en la leyes que los rigen, por lo que corresponde admitir el recurso interpuesto y confirmar el fallo impugnado, en todas sus partes, sostuvieron para rechazar las apelaciones.
Los acusados por el desvío de fondos
El juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás el 26 de octubre de 2023 definió la situación de 17 de los 33 acusados con relación al caso. En ese sentido, el magistrado estableció que diez afrontarán juicio oral y público por lesión de confianza mientras que otros siete tuvieron salidas procesales a cambio de donaciones.
Carlos Alberto Giménez Insfrán, Luis Allende Araújo, Édgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Hugo Javier Cabrera Guerrero, Mónica Liliana Benítez Cáceres, Israel Espínola Ferreira y Luis María Galarza Ovelar van a juicio por lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, forman parte de los que enfrentará juicio oral.
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Salida procesal para cómplices que serán testigos de la fiscalía
En el caso de los otros siete acusados que participaron de la audiencia preliminar, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos hizo lugar al pedido de las defensas, que contó con el allanamiento del Ministerio Público, y dictó la suspensión condicional del procedimiento para los mismos.
Se trata de Rodrigo Manuel Correa Arroyo, Raúl Orlando Britos Santacruz, Gustavo Adrián Villamayor Hermosa, Óscar Morel Oses, Ezequiel Bogado Barrios, Juan Darío Cáceres Abbate y Hugo Wilberto Rojas. Todos eran proveedores de la Gobernación de Central sindicados como supuestos cómplices del presunto esquema.
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Todos los acusados son sospechosos de formar parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío ilícito de fondos de la institución departamental a través de erogaciones irregulares. Los hechos investigados son lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Según la acusación, el exgobernador Hugo Javier González firmó 51 resoluciones por medio de las cuales autorizó transferencias de los millonarios fondos para la presunta ejecución de los 51 proyectos propuestos por el Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), resaltó además en la acusación que, según las evidencias colectadas, quedó comprobado que todas las transferencias autorizadas entre marzo de 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, en atención a que no se habría cumplido con los procedimientos y requisitos establecidos.
“La auditoría y fiscalización realizada por la Contraloría General de la República detectó que los proyectos no fueron ejecutados en su totalidad y que de los poco más de veinticuatro mil millones destinados para los proyectos, solo se ejecutaron unos seis mil millones, causando un perjuicio de dieciocho mil millones a la Gobernación de Central”, puntualizó el agente del Ministerio Público.