En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el ministro de Justicia, Ángel Barchini, hizo críticas acerca de la forma en que medios de comunicación cubrieron la crisis en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú -donde el pasado 11 de octubre se registró un motín impulsado por miembros del clan criminal Rotela- y la forma en que el Ministerio de Justicia respondió a la situación.
Barchini reaccionó a publicaciones de los diarios ABC Color y Última Hora que indican que el Ministerio de Justicia accedió a “reabrir” Tacumbú al ingreso de nuevos internos, una de las exigencias del clan liderado por Armando Rotela, quien supuestamente controla al menos parte de la penitenciaría.
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“Lastimosamente, muchas veces uno está expuesto a este tipo de publicaciones que son medias verdades; cambian con un texto el contexto”, dijo Barchini, afirmando que su decisión de volver a permitir ingresos a Tacumbú es para intentar solucionar “la situación crítica del hacinamiento” en las otras penitenciarías del país y que fue tomada independientemente de lo que exige el clan Rotela.
“Yo al clan Rotela no le doy entidad. Rotela es un delincuente más y no me va a marcar la ruta, como tampoco me va a marcar la ruta ABC y mucho menos Última Hora”, declaró. “Que Rotela haya querido que se abra la cárcel es problema de ellos. Yo hago mi trabajo conforme a la administración que tengo que hacer”, sentenció.
Lo que provocó el motín fue la prensa, según ministro
El ministro incluso afirmó que el motín en Tacumbú tuvo como causa las publicaciones de ambos medios sobre el informe que él realizó ante el presidente Santiago Peña sobre la situación en esa penitenciaría del policía Oliver Lezcano, preso por homicidio, cuyo paradero hasta el día de hoy se desconoce. Ese informe se realizó ante el Consejo de Ministros, en una sesión que fue transmitida en línea.
El 2 de octubre el ministro Barchini informó a Santiago Peña que Lezcano podría haber sido secuestrado y asesinado por el clan Rotela. Acto seguido, indicó que tomarían medidas contra el clan Rotela, que no detalló, pero que podrían “tener costo en vidas humanas”.
Según el representante del Ejecutivo, el caos en Tacumbú “se montó so pretexto de una publicación que salió en ABC y en Última Hora, que decía que Barchini dijo que el policía fugado estaba descuartizado y muerto y lo hizo Rotela”.
“Yo nunca dije eso, le informé al Presidente que había tres posibilidades en estudio: que se fugó, que Rotela lo tenía y que lo habían matado y descuartizado. Todos eran supuestos”, dijo el ministro, afirmando que publicaciones periodísticas que, a su juicio, publicaban como un hecho y no como hipótesis sus afirmaciones fueron “lo que provocó el motín”.
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El 10 de octubre se difundió un vídeo que mostraba a Óliver Lezcano señalando que no estaba muerto como había especulado el ministro de Justicia.
El sistema penitenciario, “un mar de problemas”
El ministro Barchini indicó que en promedio ingresan al sistema penitenciario paraguayo entre 120 y 150 internos por semana, es decir alrededor de 600 por mes. Señaló además que hay una resolución judicial que ordena el cierre de la Penitenciaría de Emboscada, agravando aún más el problema del hacinamiento.
El titular del Ministerio de Justicia enumeró una serie de problemas que enfrenta el Estado en cuanto al sistema penitenciario, incluyendo “el problema de oficiales de guardia que no quieren entrar” a Tacumbú, alegando una falta de garantías para su seguridad; la necesidad de al menos 800 nuevos funcionarios penitenciarios para las nuevas cárceles aún no terminadas, la necesidad de trasladar la cárcel de mujeres Buen Pastor y modernizar el Registro Civil.
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“Es un mar de problemas que tengo que ir administrando, siempre viendo que no haya peligro de fuga o riesgo de muerte dentro del estamento”, lamentó.
Afirmó que el Estado controla todas las cárceles
Consultado sobre la situación actual en Tacumbú, indicó que “supuestamente los guardias informan que solo se puede entrar (al pabellón presuntamente controlado por Rotela) con venia, si quitan unas cadenas que hay en las rejas, pero todo tiene su proceso”.
No quiso entrar en detalles adicionales, alegando que hay “cuestiones confidenciales” e “información muy sensitiva” no solo sobre el clan Rotela sino también sobre otros grupos criminales como el Primer Comando Capital y “muchos nuevos”.
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Sin embargo, afirmó que “el Estado está en control de todos los centros penitenciarios”, aunque admitió que “ese control no es suficiente” y que “la situación de todo el sistema es frágil”.
“Necesitamos tecnología, nueva formación del personal, mejor presupuesto, el seguro de vida para los funcionarios”, comentó. “Hay una ley que estoy presentando que rige la carrera del policía penitenciario, necesitamos una policía penitenciaria, que exista un escalafón para aumentar su salario, una distinción en el pecho, darle un poco de motivación al funcionario penitenciario”, refirió.
“Otros intereses” detrás de huelga
Consultado sobre la huelga de funcionarios penitenciarios que comenzó la semana pasada y la continua reticencia de guardiacárceles de Tacumbú a ingresar al penal desde el motín, el ministro Barchini afirmó que se ofreció a los funcionarios “garantías de que vamos a tomar todas las medidas a nuestro alcance para que nadie tenga que sufrir daño físico” y especuló que hay “otros intereses que son financieros” detrás de las medidas de fuerza.
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“Se le está cortando la cabeza a la mafia”, dijo. “Se terminó el carnaval y el despilfarro desde el ministerio”, sentenció.
Advirtió, además, que tomará “más temprano que tarde una medida” sobre los funcionarios en huelga.
“No pueden seguir cobrando su sueldo sin trabajar”, declaró. “Reivindico el derecho a la manifestación, pero esto es una medida extrema, la huelga, el cierre de ruta... Las puertas han estado abiertas para todos los funcionarios, he recibido a todos los sindicatos (…) Les dije el plan, lo que quería para ellos (…) Pero que sepan que no me van a obligar a cambiar ningún jefe de seguridad. Pueden estar (en huelga) hasta el día del juicio final si quieren”, detalló.