La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) se pronunció en contra del Ministerio de Educación “ante la serie de capacitaciones a equipos docentes en diversas localidades del país, con materiales no oficiales y carentes de sustento teórico y científico –tanto en el plano pedagógico como psicológico”, haciendo referencia al del manual ”12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la familia”, autorizado por el MEC para su uso en las en escuelas públicas.
El documento indica que la entrega de información y contenidos educativos contrarios a evidencia y hallazgos científicos por parte de una institución rectora del Estado, es un adoctrinamiento consentido operado desde el sistema educativo nacional y por tanto una abierta violación a los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país.
Agrega que es una abierta en contravención al Art. 28 de la Constitución Nacional, referido al derecho a informarse, que reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.
“El Estado, junto con sus instituciones y autoridades en todos los niveles de gobierno, tiene la responsabilidad de brindar garantías de prevención, atención y protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en toda su diversidad y sin discriminaciones, con especial atención a pueblos indígenas, personas con discapacidad, zonas rurales y de la diversidad sexual, entre otros grupos de población” reza el comunicado.
Suicidios, abusos sexuales, violencias y embarazo
El CDIA manifiesta también que los suicidios, abusos sexuales, violencias y embarazo infantil y adolescente, entre otros problemas de fondo que viven niñas, niños y adolescentes, son empeorados por la constante irrupción en el sistema educativo por un sector antiderechos y fundamentalista, que dejan de lado la realidad que vive el país en cuanto a la violencia entre pares, el adultocentrismo y la violencia basada en género.
“Aún más preocupante es la influencia negativa que tienen grupos antiderechos por medio de los contenidos permitidos por el MEC, que se alejan completamente de toda la evidencia científica, los estándares mínimos de calidad y sobre todo, la realidad. Las situaciones de violencias y abuso sexual que viven miles de niñas, niños y adolescentes no se abordan negando la realidad, los datos e imponiendo dogmas que las empeoran”, sostienen.
Afirmaciones que perpetúa y profundiza las desigualdades, según CDIA
- Los hombres no lloran.
- Las niñas son débiles.
- Pronto serás fértil.
- Sé prudente y respetuosa.
- Puede haber dolor. El dolor es importante en la vida humana.
- Cuando se ama también se sufre.
- Tu cuerpo se preparará para ser esposa y madre.
Desde la mencionada coordinadora manifiestan que se trata de una forma de cargar la “culpa” de las muertes por feminicidios que acontecen en nuestro país de modo constante, sobre las propias víctimas.
Art. 73 de la CN: sobre el Derecho a la Educación y sus fines, que expresa: “Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio…”.
“La evidencia de políticas públicas desde el ámbito de salud y educación en otros países de la región, demuestra que la educación integral de la sexualidad es la mejor estrategia para afrontar las diversas situaciones de violencias y abuso sexual que viven en el país miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; por tanto, negarles el acceso a esta estrategia educativa es una abierta violación a sus derechos” continúa el comunicado.
Instan a respetar a Constitución Nacional
Hacemos un llamado a las instituciones del Estado y sus autoridades junto con sus equipos directivos y técnicos, a respetar la Constitución Nacional; y que no distraigan su atención y su responsabilidad con demandas vinculadas a intereses de un sector, cuyas posturas y demandas promueven el odio y el miedo buscando despojar de dignidad a la personas y debilitando el estado social de derecho con ideas y acciones contrarias a los valores de la democracia, los derechos humanos y la cultura de paz.