Chicana mediante, el extitular de la gobernación de Central Hugo Javier González fue el gran ausente de la audiencia preliminar iniciada ayer para los acusados por el supuesto desvío de G. 18.300 millones de fondos propios de la Gobernación de Central, que fueron transferidos entre los años 2019 y 2021 a diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG).
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Hoy, al concluir el segundo día de audiencia, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás definió la situación de 17 de los 33 acusados con relación al caso. En ese sentido, el magistrado estableció que diez afrontarán juicio oral y público por lesión de confianza mientras que otros siete tuvieron salidas procesales a cambio de donaciones.
Carlos Alberto Giménez Insfrán, Luis Allende Araújo, Édgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Hugo Javier Cabrera Guerrero, Mónica Liliana Benítez Cáceres, Israel Espínola Ferreira y Luis María Galarza Ovelar van a juicio por lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Salida procesal para cómplices que serán testigos de la fiscalía
En el caso de los otros siete acusados que participaron de la audiencia preliminar, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos hizo lugar al pedido de las defensas, que contó con el allanamiento del Ministerio Público, y dictó la suspensión condicional del procedimiento para los mismos.
Se trata de Rodrigo Manuel Correa Arroyo, Raúl Orlando Britos Santacruz, Gustavo Adrian Villamayor Hermosa, Óscar Morel Oses, Ezequiel Bogado Barrios, Juan Darío Cáceres Abbate y Hugo Wilberto Rojas. Todos eran proveedores de la Gobernación de Central sindicados como supuestos cómplices del presunto esquema.
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Si bien al inicio de la audiencia preliminar el fiscal Silvio Corbeta Dinamarca ratificó la acusación en contra de los siete procesados, el agente atendió la solicitud de las defensas y se allanó a la salida procesal, alegando igualdad procesal, teniendo en cuenta que ya existe un postura asumida por la fiscal Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca, a través del Dictamen N° 1267 del 26 de julio de 2023, respecto al trámite de oposición que imprimió en su momento el magistrado a cargo de la causa.
A cambio de la salida procesal el juez de Garantías José Agustín Delmás dispuso que los siete encausados realicen donaciones a entidades de beneficencia por sumas que van desde los G. 7 millones hasta G. 330 millones, en concepto de reparación del daño social. El Ministerio Público señaló que son estas las sumas que corresponden, teniendo en cuenta el porcentaje de participación de los procesados en el caso.
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Todos los acusados son sospechosos de formar parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío ilícito de fondos de la institución departamental a través de erogaciones irregulares. Los hechos investigados son lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Según la acusación, el exgobernador Hugo Javier firmó 51 resoluciones por medio de las cuales autorizó transferencias de los millonarios fondos para la presunta ejecución de los 51 proyectos propuestos por el Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.
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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), resaltó además en la acusación que, según las evidencias colectadas, quedó comprobado que todas las transferencias autorizadas entre marzo de 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, en atención a que no se habría cumplido con los procedimientos y requisitos establecidos.
“La auditoría y fiscalización realizada por la Contraloría General de la República detectó que los proyectos no fueron ejecutados en su totalidad y que de los poco más de veinticuatro mil millones destinados para los proyectos, solo se ejecutaron unos seis mil millones, causando un perjuicio de dieciocho mil millones a la Gobernación de Central”, puntualizó el agente del Ministerio Público.