Medidas para hijos de dirigente de fútbol ligado a esquema de usura de RGD

El juez José Agustín Delmás dictó medidas para la esposa y los hijos de Roberto Damián Garcete Rodríguez, dirigente del Club Resistencia, procesados por presunta usura y otros hechos punibles. El magistrado impuso una caución real de G. 1.500 millones para cada uno de los imputados.

El vicepresidente del Club Resistencia, Roberto Garcete Rodríguez, escoltado por uniformados policiales.Gentileza
audima

A pedido de la defensa y la anuencia de la fiscala Belinda Bobadilla el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás dictó la libertad ambulatoria de Fabiana Soledad Garcete Cano, hija del vicepresidente del Club Resistencia Roberto Damián Garcete Rodríguez, en el proceso que afrontan por un presunto esquema de usura vinculado a Ramón González Daher.

El magistrado explicó que tanto la agente del Ministerio Público así como la representación de la querella se adhirieron al pedido de libertad ambulatoria hecho por la defensa de la procesada por presunta usura, lavado de dinero, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

La defensa de Fabiana Soledad Cano Garcete presentó un informe médico haciendo constar que se encuentra de 8 meses de embarazo, el cual fue señalado por un especialista médico como de alto riesgo, por lo que el juzgado, por cuestión de humanidad, atendió el pedido de la defensa y el Ministerio Público, y otorgó la libertad ambulatoria a la procesada.

En cuanto a la esposa del dirigente de fútbol Lida Concepción Cano, y su otro hijo Roberto Alejandro Garcete Cano; para quienes las defensas, la fiscala Belinda Bobadilla y la querella también solicitaron la libertad ambulatoria, el juez Delmás atendió la petición hecha por el fiscal Luis Said, quien presentó la imputación, y dispuso que cumplan arresto domiciliario y los emplazó a presentar en el término de 72 horas una caución real por valor de G. 1.500 millones.

Supuesto esquema de usura ligado a RGD

Según la imputación presentada por el fiscal Luis Said, la víctima de usura Eladio Britos, en conocimiento de que Roberto Garcete se dedicaba a realizar operaciones informales de préstamo de dinero, recurrió a él en fecha 26 de junio de 2013 y le solicitó en ese concepto la suma de G. 200.000.000 que le habría sido otorgada por parte del ahora imputado.

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Para la entrega del dinero en efectivo, Garcete convocó al Sr. Eladio Britos y a sus hijas María Laura y Rossana Britos en la Escribanía Pública de María de Lourdes Duarte Franco, ubicada en la ciudad de Asunción, donde antes de la entrega del dinero el prestamista estableció como exigencia la formalización de un documento por el que María Laura y Rossana Britos debían comprometerse al pago del préstamo, garantizando la operación con un inmueble.

El Ministerio Público señala en el acta de imputación que en esa misma fecha el imputado Roberto Garcete habría entregado frente a la escribanía al Sr. Eladio Britos la suma de G. 200.000.000 en efectivo en concepto del préstamo.

“Britos y sus hijas en ningún momento recibieron la supuestas sumas señaladas en la escritura en concepto de compraventa (G. 300.000.000 o G. 1.500.000.000), pues ellos no han consentido ese acto de compraventa, como tampoco han accedido a copia del documento firmado por María Laura y Rossana Britos”, resalta la imputación fiscal.

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Víctima fue desalojada por Roberto Garcete tras reunión con RGD

El 26 de noviembre de 2014, el imputado Roberto Garcete Rodríguez se habría comunicado con el Sr. Britos, a quien convocó a una reunión para el 27 de noviembre de 2014, en una oficina ubicada en la calle Yegros entre Cerro Corá y 25 de mayo, en Asunción.

El Sr. Britos acudió al lugar señalado por Garcete Rodríguez, acompañado de sus hijas María Laura y Rossana, donde pudieron advertir en ese momento que el lugar era oficina de Ramón González Daher, quien inmediatamente se dirigió a ellos y les impuso un plazo de treinta días para que desalojen su vivienda que había sido objeto de garantía del préstamo de G. 200 millones.

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La fiscalía resalta que este hecho “determina la sospecha fundada acerca de la directa intervención de Ramón González Daher en éste esquema delictivo y quien fue juzgado por éstos hechos y condenado con sentencia firme”.

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