Camioneta robada: Juez se opone a sobreseimiento de auxiliar fiscal y su padre

El juez de Garantías Raúl Florentín dio trámite de oposición al sobreseimiento provisional de la auxiliar fiscal Claudia Guillén, su padre y un escribano público, procesados luego que la funcionaria cayera en una barrera policial con una camioneta robada en Brasil, en marzo de este año. El caso queda ahora a cargo de la Fiscalía General del Estado, que deberá ratificar el requerimiento o presentar acusación.

La auxiliar fiscal Claudia Guillén y su padre Ramón Monchi Guillén, ambos procesados por el caso de la camioneta robada en Brasil.gentileza
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La causa que afrontan la auxiliar fiscal Claudia Guillén, su padre Ramón Alberto Guillén Ortiz y el escribano Julio Cáceres Carrillo, por presunta reducción y producción de documentos no auténticos en el caso de la camioneta denunciada como robada en Brasil; queda a cargo de la Fiscalía General del Estado, debido a que el juez de Garantías Raúl Florentín imprimió trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional.

El requerimiento fue planteado por Karina Caballero Hellion, alegando que tuvo muy poco tiempo para investigar el caso, ya que su antecesor en la causa Óscar López Laterza prácticamente no realizó ninguna diligencia para confirmar la participación de los imputados en los hechos investigados.

Al inicio del presente proceso el juzgado de Garantías había otorgado el plazo de 4 meses para presentar el requerimiento conclusivo. Sin embargo, a pedido de la agente del Ministerio Público el magistrado Raúl Florentín concedió el plazo ordinario de dos meses para que Caballero Hellion finalice la investigación.

La agente había solicitado la ampliación del plazo ordinario para “obtener los elementos de convicción que aún faltan por recolectar, entre ellos la pericia metalográfica del vehículo incautado en el procedimiento fiscal, pericias caligráficas de los documentos del rodado”, de acuerdo a lo que argumentó.

Diligencias pendientes sobre camioneta robada

Luego de escuchar los argumentos de la agente del Ministerio Público y la adhesión de las defensas de los tres procesados en la presente causa penal, el juez Raúl Florentín resolvió imprimir trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional y remitirá el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique dicha postura o presente acusación contra los tres indagados.

La fiscala Karina Caballero fundamentó que falta realizar varias diligencias para confirmar la participación de los procesados en los hechos imputados; como la pericia caligráfica y documentológica de la escritura pública, presuntamente apócrifa, porque dicho documento no fue remitido al Ministerio Público por el escribano Julio Cáceres Carrillo.

La agente del Ministerio Público resalta que también faltan varios informes de empresas telefónicas, declaraciones testificales de los policías intervinientes y otros ciudadanos.

El argumento de la fiscal Karina Caballero, con respecto a las pericias de la escritura pública, es que dicha diligencia probará la falsificación del documento público para “blanquear” el vehículo que fue robado en el vecino país.

Auxiliar fiscal cayó con camioneta robada en Brasil

Según la imputación presentada por el fiscal Óscar López Laterza, la camioneta Toyota tipo Hilux año 2021, que estaba al mando de la auxiliar fiscal Claudia Guillén, fue retenida en un control rutinario de la Policía sobre la avenida Madame Lynch.

La conductora intentó huir, pero fue perseguida por los agentes policiales intervinientes hasta la avenida José Asunción Flores, en la zona de la Costanera Norte, donde fue interceptada.

Al verificar el número de chasis del rodado, los intervinientes descubrieron que el vehículo fue denunciado como robado en el estado de Santa Catarina, Brasil, el 26 de noviembre de 2022. Además, la chapa de la camioneta pertenece a otro vehículo similar, por lo que se sospecha de un presunto caso de clonación.

Claudia Guillén se presentó, el martes 14 de marzo, en la comisaría 10ª Asunción, acompañada de su abogado defensor, y quedó detenida en la sede de la Policía Urbana y Turística. Posteriormente, el juez de Garantías ordenó su prisión preventiva en la dependencia policial.

El viernes 17 de marzo, el juez Raúl Florentín revocó la prisión preventiva y otorgó el arresto domiciliario a la auxiliar fiscal de 29 años, bajo una fianza real de G. 1.000 millones, correspondiente a un inmueble. El 20 de abril el magistrado dispuso su libertad ambulatoria, pero ratificó la fianza.

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