El juez Rolando Duarte ordenó la prisión preventiva de Ramón González Daher, imputado a fines de junio pasado por los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel, por supuesto uso de certificado de salud de contenido falso.
Dicha medida cautelar fue solicitada por los representantes del Ministerio Público, atendiendo a que el procesado está en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú desde el 7 de setiembre de 2022, cumpliendo su pena a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
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En la audiencia de imposición de medidas, la defensa de Ramón González Daher se opuso a la prisión preventiva del procesado, alegando que el mismo tiene 72 años de edad y que “ninguna norma habilita a la magistratura la aplicación de la prisión preventiva en caso de personas mayores de 70 años”.
Sobre el fundamento de la defensa, el juez Rolando Duarte señaló que no desconoce las limitaciones establecidas en el Artículo 242 del Código Procesal Penal, pero que en este caso particular el procesado se encuentra cumpliendo una condena privativa de libertad que a la fecha se encuentra firme y que que no resulta viable otorgar las medidas alternativas a la prisión en la presente causa, en atención a la situación personal del imputado.
Antecedentes del caso de supuesto falso certificado
El antecedente del certificado de contenido falso es que el 5 de diciembre de 2021, el médico Federico Del Puerto Galeano, siendo médico diabetólogo, confeccionó un documento cuyo contenido no sería verdadero. Este instrumento habría sido utilizado por Ramón González Daher al día siguiente para alegar que estaba enfermo y no comparecer en un juicio oral y público.
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El profesional médico también está procesado en la presente causa penal por el presunto hecho punible de expedición de un certificado médico de salud de contenido falso a favor del usurero Ramón Mario González Daher.
La audiencia de imposición de medidas de Del Puerto Galeano se sustanció en la segunda semana de setiembre y el juez de Garantías Rolando Duarte le otorgó la libertad ambulatoria, bajo una caución real de G. 100 millones, correspondiente al costo de un vehículo.
El magistrado impuso además otras medidas para asegurar que Del Puerto Galeano se siga sometiendo al proceso judicial, como la prohibición de salir del país, prohibición de cambiar número de teléfono donde recibirá las notificaciones y no cambiar de domicilio sin comunicar al Juzgado.
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