El juez penal de garantías N° 11 de la capital a cargo del juez Yoan Paul López, fijó para los días 25 y 26 de octubre, a las 9:00 la audiencia preliminar para José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortíz y Xavier Hamuy Campos Cervera, directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, a los que el Ministerio Público señala como los responsables de haber causado un presunto perjuicio de unos 2,5 billones de guaraníes.
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El juez penal de garantías López, en su notificación de audiencia preliminar, también recordó a las partes lo que disponen los artículos 3, 4, 5, 6, y 7 de la Acordada N° 1057 del 8 de marzo de 2016 “Que establece pautas para optimizar el funcionamiento de los juzgados penales de garantías de la capital”, emanada por la Corte Suprema de Justicia.
De igual manera, el magistrado hace referencia al “Manual de buenas prácticas para los juzgados penales de garantías y los demás auxiliares de justicia”, como así también lo dispuesto en los artículos 112, 113 y 114 “De los deberes de las partes”, dispuesto en el Código Procesal Penal, ante las constantes dilaciones de este proceso penal planteadas especialmente por los acusados.
El juez advierte que ante las dilaciones procesales e incumplimiento de la acordada y normas mencionadas, se remitirán los antecedentes de las actuaciones al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
La causa penal está caratulada como expediente N° 9790, del año 2019, caratulada “José Antonio Caballero Bobadilla y otros s/ lesión de confianza”.
La causa penal está actualmente a cargo del fiscal José Martín Morínigo, quien por decisión del fiscal general Dr. Emiliano Rolón Fernández,reemplazó a la fiscala Stella Mary Cano,muy cuestionada en este proceso penal.
Cámara anuló sobreseimiento definitivo de directivos
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, de la capital integrado con los camaristas Cristóbal Ramón Sánchez, Andrea Cristina Vera Aldana y Digno Arnaldo Fleitas, por Auto Interlocutorio (AI) N° 212 del 28 de julio de 2023, resolvió anular el sobreseimiento definitivo que benefició a los acusados por lesión de confianza José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortíz y Xavier Hamuy Campos Cervera, directivos de la Caja Bancaria.
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Uno de los errores procesales que apuntaron los camaristas para anular el sobreseimiento definitivo es el cometido por la jueza Cynthia Lovera Brítez que en su carácter de contralor del procedimiento debió ordenar nuevamente la remisión de la presente causa al Fiscal General del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento de la agente fiscal Stella Mary Cano (se allanó a la extinción del proceso), y no aplicar lo dispuesto en el Art. 139 del Código Procesal Penal (C.P.P.), por no corresponder el mismo en razón a que en la presente causa existen requerimientos presentados por el Ministerio Público.
Los camaristas también sostuvieron que el Art. 166 del C.P.P. dispone sobre las Nulidades Absolutas, que serán consideradas aquellas que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, el derecho internacional vigente y este Código.
Fue así que en resumen, la Cámara de Apelaciones resolvió declarar la nulidad del A.I. Nº 511 de fecha 14 de junio de 2023, dictado por la jueza penal de garantías, Abg. Cynthia Lovera Britez (por el que se sobreseyó y extinguió la causa), y se remitió el expediente al juez penal de garantías Yoan Paul López, quien deberá ordenar nuevamente la remisión de la causa a la Fiscalía General del Estado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 358 del C.P.P., a los efectos de unificar criterios y que se obtenga un proceso debido y ordenado, había dispuesto la Cámara.
Acusación de Fiscalía
La investigación penal por lesión de confianza se inició con la denuncia que realizó Isidro Colmán Moreno (querellante adhesivo), en fecha 20 de noviembre de 2019, acerca del supuesto hecho punible que presuntamente perpetraron los hoy acusados José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, presidente y miembros del Consejo de Administración de la Caja Bancaria, respectivamente.
“Los mencionados acusados han incurrido en hechos y actos administrativos irregulares, que en la mayoría de los casos constituyeron observaciones que fueron señaladas bajo advertencia por parte de entes contralores como el Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como así también auditorías internas de la Caja Bancaria, las cuales no fueron consideradas en tiempo y forma por la Administración de la Caja, constituyendo así una conducta omisiva, de los mismos, lo cual ocasionó un grave perjuicio patrimonial a la institución”, señalaba la acusación del Ministerio Público.
Uno de los 18 puntos desarrollados por el perito contable Lic. Javier González, propuesto por la Fiscalía, demuestra en su análisis del punto 1 sobre la variación que se ha visto con respecto a los gastos de seguro médico desde el año 2015 hasta el 2019, resultando en la suma de G. 37.449.119.291, y ello se ha reflejado en el punto 18 como parte del perjuicio patrimonial o daño patrimonial a la Caja de Jubilaciones, el cual ha tenido una consecuencia negativa en la situación financiera de la Caja.
Los gastos en seguro médico aumentaron en demasía a partir del año 2016, que según informe en el año 2015 ascendió a la suma de G. 18.310.320.000, en el año 2016 se ha incrementado en la suma de G. 26.250.878.285, en el año 2017 se incrementó en la suma de G. 41.145.786.334, en el año 2018 se incrementó en la suma de G. 53.554.931.419 y en el año 2019 en la suma de G. 55.759.439.291. El total de la variación es de G. 37.449.119.291, solamente por los gastos de seguro médico.
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En resumen, la conclusión del perito González indica que el superávit al 30 de junio de 2015 fue de G. 965.943.000.000, y el déficit al 31 de diciembre de 2017 fue de G. 1.529.373.705.982, con lo que determinó que el daño patrimonial total a la Caja de Jubilados Bancarios ascendía a G. 2.495.216.705.982 (dos billones, cuatrocientos noventa y cinco mil millones, doscientos diez y seis millones ochocientos veinte mil), haciendo un total general de dos billones quinientos treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y tres guaraníes (G. 2.532.635.869.363)”.
La querella también agrega que la Contraloría General de la República en su última Auditoría (CGR 843/18) afirma que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines no reveló en los Estados Contables al 31/12/2018, las reservas matemáticas producto del balance actuarial que presenta un déficit de G. 1.529.373.705.982 (un billón quinientos veinte y nueve mil trescientos setenta y tres millones setecientos cinco mil novecientos ochenta y dos guaraníes), incumpliendo la exigencia de la Ley 2856/06 de la Caja de Jubilaciones.
El perito de la querella adhesiva es el Lic. Francisco Centurión.