En conversación con ABC Color, Marcial Gómez, representante de la Federación Nacional Campesina, criticó las declaraciones del fiscal general, Emiliano Rolón, sobre la ocupación ilegal de tierras del Estado en Villa Hayes por parte de empresarios y políticos que construyeron lujosas mansiones en ese sitio, opinando que reflejan una actitud de defensa hacia los ricos en detrimento de la población más pobre.
El fiscal general Rolón fue objeto de críticas por parte de algunos sectores de la ciudadanía e incluso de legisladores opositores luego de dar una respuesta que muchos consideran “tibia” sobre el escándalo de la ocupación de tierras en el Chaco, diciendo que la construcción de edificaciones “costosas” de larga data no puede ser considerada un hecho de “invasión” sino “acciones posesorias” que competen al Poder Judicial y no al Ministerio Público, insinuando que la Fiscalía no impulsaría inmediatamente el desalojo de esas propiedades lujosas como sí hace en los casos de invasiones a terrenos privados por parte de campesinos o indígenas.
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Gómez opinó que la ocupación de las tierras en Villa Hayes, oficialmente propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, es “un ejemplo más de la apropiación de las tierras públicas por los grandes latifundistas, agroimportadores, personas vinculadas a la política, a los partidos tradicionales”.
Señaló el contraste de la actitud del Estado ante el escándalo en Villa Hayes con las acciones de desalojo a asentamientos campesinos como Cristo Rey, en el distrito de Guayaybí, ocurrido el año pasado, indicando que, a pesar de tratarse de un asentamiento de ocho años de antigüedad, con escuela, iglesia y casas de material, fue desalojado por orden de un fiscal de San Estanislao.
“Ahora, el fiscal general dice que (la situación en Villa Hayes) no es a cargo de la Fiscalía, pero cuando se trata del campesinado y los pueblos indígenas la Fiscalía atropella”, resaltó.
Lucha de clases
Gómez cuestionó también que el fiscal general Rolón haya pedido que el escándalo en el Chaco no sea convertido en una “lucha de clases”, opinando que la actitud parcial del Estado y la aplicación desigual de las leyes son lo que promueven esa lucha.
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“Definitivamente desde los aparatos del Estado (…) se defiende a una clase social, la clase rica y poderosa”, reflexionó. “En estas condiciones, desde la Fiscalía General del Estado se impulsa la brecha social en nuestro país y la lucha de clases porque atacan a la clase más pobre y defienden a los más ricos”, finalizó.