Este lunes, el jefe del Ministerio Público, Emiliano Rolón, fue abordado sobre la situación de los invasores “VIP” en zona del Bajo Chaco, que lograron la aprobación de la desafectación de tierras del Ministerio de Defensa. El hecho fue reclamado por los sectores campesinos, quienes recordaron que cuando se trata de ellos hay violencia y detenciones.
Además, enfatizaron que estos ocupantes no son sujetos de la reforma agraria y exigieron que sean imputados.
Si hay “construcciones costosas” es diferente
Sobre el punto, Rolón expresó que, a su entender, se considera predio invadido “cuando empiezan a alambrar, pero si hablamos de construcciones costosas ya estamos hablando de acciones posesorias que implicarían al Poder Judicial”.
La autoridad máxima de la Fiscalía ignoró el hecho de que, para una intervención judicial, primeramente el Ministerio Público debe imputar.
El fiscal general insistió en que en casos de “edificaciones costosas” se debe tener en cuenta una serie de acontecimientos.
Quiere que los medios “le den más información”
“A prima facie hay necesidad de intervención judicial. Si hay otras contingencias, como adulteración de documentos o falsificaciones, ya hablamos de otra especie de hechos punibles”, continuó expresando.
Lea más: Organizaciones campesinas piden imputación de “invasores vip”
Añadió que espera que los medios masivos de comunicación “le den más información” para hacer un seguimiento del tema.
Increíblemente, el jefe del Ministerio Público olvidó que la Fiscalía tiene potestad de actuar de oficio en este tipo de situaciones irregulares.
Llamativa actitud
“La Fiscalía no tiene poder de desalojo, pero sí evitar que el efecto pernicioso cause más estragos. Permítanme la duda, yo no tengo la información precisa”, expresó el doctor Rolón, sorprendiendo con una actitud que podría tildarse de complaciente.
Añadió que el primer paso será saber “el cariz documental”.
Lea más: Legisladores de la oposición instan a Peña a objetar el despojo de tierras de Defensa
Así, llamativamente, el fiscal general del Estado le tiró la pelota al Poder Judicial, cuando la ley claramente dice que quienes ingresaran con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno serán castigados con pena privativa de libertad de hasta 6 años.
Se cree que entre los denominados “okupas vip” estarían portentosos empresarios, menonitas e incluso políticos, quienes tienen instaladas estancias, cabañas, náuticas y mansiones en estas tierras. Los proyectistas hicieron creativas maniobras para que no se conozca la lista.