El juez penal de Garantías Nº 4 Raúl Esteban Florentín Cueto, por Auto Interlocutorio (AI) N° 782 del 16 de agosto de 2023, como medida de saneamiento dispuso que la audiencia preliminar sustanciada en fechas 13 y 14 de julio de 2023 por la jueza Diana Carballo, sea retrotraída en sus actuaciones hasta el inicio de dicho acto procesal, correspondiendo su renovación, por lo que una vez firme y ejecutoriada la resolución que emitió, se procederá a convocar a una nueva audiencia a los efectos de dar cumplimiento al Art. 352 del Código Procesal Penal.
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El caso tiene que ver con la compra de 4.000 tapabocas a G. 35.000 cada uno, en el año 2020 durante la pandemia del Covid.
El fiscal Silvio Corbeta fue designado para este caso y se encargará de sostener la acusación presentada por la fiscala adjunta Soledad Machuca, entonces titular de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
La causa penal está identificada como “Edgar Alberto Melgarejo Ginard y otros s/ lesión de confianza”, N°1-1-2-37-2020- 39.
Cámara hizo lugar a la recusación contra jueza
La magistrada recusada Diana Carballo había ordenado en julio pasado la suspensión de la audiencia preliminar porque había sido recusada por el imputado Edgar Melgarejo Ginard.
Por su parte, el Tribunal de Alzada resolvió hacer lugar a la recusación promovida, según el AI N° 190 del 27 de julio de 2023. Ante esta situación, la jueza Carballo, del 5° turno, resolvió inhibirse de la causa, asumiendo competencia el juez penal de Garantías Florentín Cueto, luego del sorteo a través del sistema Judisoft, el cual no fue cuestionado por las partes.
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Renovación de la audiencia preliminar
El juez Florentín Cueto, tras asumir la causa de lesión de confianza, dispuso lo que ordena el Art. 167 del CPP que dispone: “Renovación, rectificación o cumplimiento. Las nulidades deberán ser inmediatamente saneadas, renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, de oficio o petición del interesado. Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido no se podrá retrotraer el procedimiento a periodos ya precluidos, salvo los casos expresamente señalados por este código...”.
En este sentido, teniendo en cuenta las circunstancias señaladas precedentemente, así como la norma contenida en el Art. 167 del CPP, dispuso que el acto procesal de referencia (audiencia preliminar) sea renovada mediante el correspondiente remedio procesal, que es el saneamiento y en consecuencia argumentó que correspondía retrotraer las actuaciones hasta la convocatoria de la audiencia preliminar.
Los acusados por la Fiscalía en el caso “tapabocas de oro”
Deben enfrentar audiencia preliminar los acusados:
1) Edgar Alberto Melgarejo Ginard, extitular de la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC)
2) Juan Carlos Turitich Báez, exdirector financiero de la Dinac.
3) Marcelo Rubén Ovelar González, hijo del exjuez Elio Ovelar y de la fiscala de Delitos Económicos Marlene González, quien se desempeñaba como coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).
4) Luz María Chamorro Báez, exgerente administrativa de la Dinac.
5) Fernando José Gallardo de Brix, exdirector del Aeropuerto Internacional.
6) Katherine Pamela Toánez Vera y
7) Carlos Alberto Vargas Franco, representantes de la firma Proyectos Global SA.
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La compra irregular de los tapabocas
La acusación del Ministerio Público revela que Ovelar elaboró el pliego de bases y condiciones y emitió el dictamen Nº 10/20, en el cual resalta que “considera pertinente llevar adelante el procedimiento para la contratación por la vía de la excepción para lo cual se recomienda se dicte la resolución pertinente”.
La Fiscalía sostiene que con la emisión del dictamen de UOC, Ovelar brindó al titular de la Dinac la herramienta legal para justificar la presentación de una sola oferta, realizada por la firma Proyectos Global SA, y así evitar que exista un comparativo de propuestas de provisión del mismo producto con precios más acordes al valor del mercado.
La acusación añade que de igual modo, con el propósito de darle un ropaje legal al legajo y colaborar con Melgarejo, Ovelar no estableció siquiera requisitos mínimos que permitan acreditar que el oferente tenga relación con el objeto del contrato, que era la provisión de tapabocas a la Dinac.
El caso se descubrió cuando el empresario Ignacio Pidal denunció que Melgarejo le había regateado los precios para conseguir los barbijos a G. 2.700 la unidad, pero que finalmente el ente terminó adquiriendo 4.000 tapabocas a G. 30.000 cada uno.
La institución adquirió 4.000 mascarillas del tipo KN95 a G. 35.000 cada uno, cuando el propio Ministerio de Salud Pública había establecido la suma de G. 15.000 como precio tope para ese tipo de barbijos.