El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás tiene vía libre para convocar al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y los demás procesados por presunta lesión de confianza a la comuna esteña, en el caso conocido como “Tía Chela”.
Ayer, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, Gustavo Ocampos González y Arnulfo Arias, rechazó el recurso de reposición y apelación en subsidio que planteó la defensa del procesado Sebastián Martínez Insfrán.
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Los abogados defensores Antero Prieto Cañete y Nidia Silvero de Prieto cuestionaron que Martínez Insfrán haya sido notificado vía WhatsApp que el juzgado de Garantías a cargo de José Delmás admitió la imputación y apertura del presente proceso penal, alegando que con esto se violó su derecho a la defensa.
Al respecto, el tribunal de alzada resalta en su resolución que el artículo 155 del Código Procesal Penal establece que la notificación debe realizarse en formato papel, pero también que puede hacerse “por cualquier otro medio de comunicación eficaz”, bajo la condición que sea aceptada por las partes. En ese sentido, señala que el mismo imputado dio su conformidad para ser notificado vía WhatsApp.
Otros procesados por el caso Tía Chela
Junto al intendente Miguel Prieto y el exdirector de Desarrollo Social y actual concejal Sebastián Martínez Insfrán, en esta causa penal están procesados el secretario general de la Comuna Francisco Arrúa, la excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones Maggi Fariña y el jefe de Desarrollo Comunitario, José Cáceres Galeano.
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También son sindicados como responsables de la supuesta lesión de confianza el jefe de Almacenes Julián Benítez Gamarra, el jefe de Adquisición y Suministros Higinio Ramón Acuña, la encargada de órdenes de pago Cirle Alcaraz Ramírez y el tesorero Nelson Segovia Acevedo.
La imputación presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas es también contra el dueño de la firma Tía Chela SRL, Fermín Ávalos Britos, y la propietaria de Vanemi SA, Emilia Vanessa Florentín Páez.
En el acta de imputación, los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción sostienen que la Municipalidad esteña habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.
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Imputación contra Miguel Prieto
Según la investigación fiscal, la empresa contratada Tía Chela SRL no contaba con capacidad técnica ni financiera para proveer los alimentos por G. 2.949.650.000. Tampoco hay trazabilidad de los productos que había adquirido de sus proveedores. Además, en la lista de beneficiarios aparecen personas residentes fuera del país y de Ciudad del Este.
Prieto Vallejos dijo en su defensa que todas las cestas básicas fueron distribuidas a las familias afectadas por la pandemia y que la distribución fue documentada en actas y con ubicación georreferenciada.
“Me parece una barbaridad que dicen que hay un faltante de G. 1.700 millones. Yo entendía a lo que me jugaba al mantenerme en la oposición, al nunca arrodillarme a superpoderes que hoy están. No faltó un kilo de azúcar, no faltó un kilo de fideos, no faltó absolutamente nada”, expresó el intendente de Ciudad del Este tras ser notificado de la imputación en su contra.
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Los fiscales que presentaron la imputación solicitan al juzgado de Garantías que ordene el arresto domiciliario de los once imputados por el caso Tía Chela SRL; además, piden su incomunicación con funcionarios del municipio de Alto Paraná.