Comunidad indígena denuncia ante Ministerio Público inacción de fiscales ante invasión de tierras

Representantes de comunidades indígenas solicitaron al fiscal general del Estado que inicie una auditoría a agentes de Ministerio Público ante la inacción en la denuncia por invasión de tierras pertenecientes a nativos de la zona del Chaco.

Los nativos Gabriel Fernández Acosta y Joaquín Salcedo, entre otros, en la Fiscalía General donde presentaron su denuncia ante la inacción de fiscales para investigar la invasión de sus tierras.Gustavo Machado
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Los nativos Joaquín Salcedo y Gabriel Fernández Acosta se constituyeron en voceros del pedido de auditoría al expediente de invasión de inmueble, dirigido al departamento de Inspectoría del Ministerio Público porque ya lleva dos años sin que haya resultado de la investigación para determinar a los responsables del hecho punible.

Los denunciantes indicaron que quieren saber qué pasó de la denuncia que realizaron hace 2 años en la Fiscalía de Pozo Colorado. “No se mueve la denuncia por invasión del territorio indígena contra los ganaderos; no cumplen nuestros derechos. Hay como unas 60 familias que son de una comunidad de Puerto Pinasco, donde están asentados.

Los denunciantes dijeron que hasta ahora no fueron desalojados de sus tierras, pero indicaron que tenían miedo que eso ocurra por la inacción de la Fiscalía. “Por eso no estamos adelantando para exigir su trabajo al Ministerio Público”, refirió Salcedo.

Aclararon que la denuncia de invasión de inmueble lo realizaron de forma responsable en la Fiscalía de Pozo Colorado, ante la cual presentaron o los títulos de propiedad del mismo.

Dijeron que en la comunidad chaqueña tienen dos aldeas, Colonia 96 y Buena Vista, pero que lastimosamente en el día Día Internacional de los Pueblos Indígenas de América Latina, tienen que venir a reclamar que las autoridades nacionales hagan su trabajo y proteja sus derechos como pueblo nativo.

Ganadero ingresó 150 metros en la comunidad

El nativo Gabriel Fernández relató que lastimosamente vienen a denunciar públicamente que hay un ganadero que entró 150 metros en las tierras de la comunidad indígena, y por eso se hizo un reclamo, pero el ganadero ya hizo el alambrado dentro de sus tierras.

“Queremos que se respeten las tierras indígenas, porque nosotros no tenemos cómo atropellar a los ganaderos, queremos que se respeten lo que dice la Constitución, la ley y los convenios”, dijo Fernández.

Preguntado quién era el que invadió sus tierras, Fernández dijo: “Fidel Zavala es quien ingresó en nuestra tierra, y no podemos ocultar su nombre porque sabemos cómo se llama. Ellos no quieren conversar con nosotros, solamente ingresan a la fuerza. Pero si nosotros ingresamos en propiedad ajena nos acusan de abigeato, cuando colocan que es propiedad privada ya nadie puede ingresar, pero ellos no respetan la comunidad, pasan por donde quieren y es una falta de respeto”.

A veces la comunidad denuncia a la Fiscalía pero la Policía muchas veces no hace el acompañamiento. Queremos que actúen formalmente la Fiscalía y la Policía, porque si así vamos yendo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque como ciudadanos tenemos derechos, dijo Fernández.

Movilización de nativos a la capital

Seguidamente, Fernández manifestó que si no tienen una respuesta a su reclamo, es posible que hagan una movilización grande que llegue a la capital. “Nosotros no queremos hacer eso, pero si es necesario nos vamos a ver obligados porque ni los empresarios ni ganaderos no respetan a las comunidades indígenas. Por eso estamos acá, en el Ministerio Público, para que se busque una solución”.

“En la comunidad estamos entre casi 400 familias; sin embargo, un ganadero solo tiene una familia y ocupa unas 60.000 hectáreas. Hay mucha diferencia, pero los ganaderos tampoco se contentan con sus tierras. Nosotros con 5.000 o 10.000 hectáreas ya estamos tranquilos”, explicó.

Las tierras que poseen están tituladas, en Puerto Pinasco, Presidente Hayes, reiteró.

La denuncia ante Inspectoría

Los nativos denunciaron las presuntas irregularidades en la causa fiscal N° 430/2022 caratulada “Personas innominadas s/ invasión de inmueble” y solicitaron una auditoría a la carpeta fiscal. El pedido fue realizado a la titular del Departamento de Inspectoría del Ministerio Público a cargo de la Abog. Sandra Mayeregger.

Refieren que la comunidad denunciante y víctima Payseyamexyempa’a del pueblo Enxet, departamento de Presidente Hayes, dicha comunidad es conocida como Colonia 96 y Buena Vista, es propietaria de tierras tituladas que están a nombre de la misma, con una extensión de 25.000 hectáreas, cuya posesión por parte de la comunidad es de conocimiento público.

Agregan los denunciantes que en el inmueble habita una población constituida por muchas familias del pueblo Enxet, pacífica y con ánimo absoluto de convivencia armoniosa con los vecinos lindantes.

Sin embargo, en virtud de hechos punibles cometidos por personas innominadas, hacia finales del mes de agosto y los primeros días del mes de setiembre de 2022, la comunidad se vio perturbada por una invasión de sus tierras, conforme se acreditó también con las tomas satelitales acompañadas al escrito de denuncia.

Es señalado como presunto responsable de una de las invasiones al Sr. Antenor Ruffinelli, propietario de la finca colindante que encargó y realizó trabajos para agrandar sus límites en detrimento de los derechos de la comunidad, según la denuncia.

Indican que la investigación penal desde sus inicios estuvo a cargo de la fiscala Norma Paredes, de la Unidad Penal N° 1 de Pozo Colorado, y posteriormente quedó a cargo del fiscal Enrique Díaz, quien asumió recientemente la Unidad Penal N° 2.

Aclaran que la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCH) es la que realiza la denuncia, atendiendo la grave afectación de bienes jurídicos colectivos de comunidades miembros de la organización que se encuentra en el departamento de Presidente Hayes y ante la falta de respuesta del Ministerio Público, en observancia de los derechos fundamentales de dichas comunidades.

El escrito de pedido de auditoría a la Inspectoría del Ministerio Público lleva la firma de Martín Rojas, presidente de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCH).

Asimismo, el escrito tiene los sellos de las comunidades indígenas Enxet Paratodo y Sanapana. De igual manera, respaldan la denuncia los abogados de la organización Tierraviva Gabriel Fernández, Natalia Rodríguez, Adriana Agüero, Óscar Ayala Amarilla y Alba Escobar.

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