A 19 años de la tragedia, el Poder Judicial no ha podido dar aún respuesta a los reclamos de la totalidad de las víctimas. El juicio penal abierto por el incendio que el 1 de agosto del 2004 arrasó con el supermercado Ycuá Bolaños V y dejó un saldo de 327 muertos y más de 250 heridos concluyó con la condena a los responsables hace años, pero la batalla por el cobro de las indemnizaciones está lejos de su final.
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Por un lado, están aquellos que accionaron en el fuero penal y, por el otro, los que lo hicieron ante el fuero civil. A la fecha, muchos cuentan con sentencia firme que buscan ejecutar sin éxito.
El abogado José Lima, quien perdió a cinco familiares en el siniestro, reveló que hay 12 ó 13 víctimas que deben cobrar indemnizaciones de entre G. 200 millones y G. 300 millones que no han sido resarcidas aún.
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“La Corte debe poner fin a este caos”
El abogado Alfredo Montanaro, representante de dos hermanos que quedaron huérfanos, por ejemplo, tiene sentencia firme a favor de sus dos representados desde el 2020, pero hasta la fecha no han podido cobrar los G. 400 millones establecidos por la Justicia, más intereses desde el inicio el juicio.
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El profesional explicó que existen dos cuentas judiciales: una que corresponde al seguro y la que corresponde a las sumas depositadas por embargo a las acciones de los condenados.
Ambas cuentas están destinadas al pago en los juicios de reparación de daños, pero cada vez que proceden a emitir orden de pago, la Contaduría General Tribunales dice que no puede ser cumplido porque los juicios de reparación de daños (que están a cargo de la jueza penal) están a partir del N° 25 en el orden de embargos, del N° 1 al 24 son causas civiles y laborales anteriores, por tanto, la jueza penal no puede levantar esos embargos por no estar a cargo de esos juicios.
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“En resumen, dicen que existen 24 juicios civiles (que traban y no se continúan) y laborales, luego 12 penales y, posteriormente, varios más civiles antes del nuestro y la jueza no tiene potestad de emitir orden de pago levantando los embargos anteriores al nuestro”, refirió.
“El importe del seguro es para todos los perjudicados, no hace distingo, esto es un invento de la jueza penal y de los que estuvieron en el caso penal. Nunca se resarcirá el dolor y la impotencia de este siniestro. El dinero no alcanza. El objetivo en el derecho de daños es en algún modo paliar el daño pero nunca lo hará en su totalidad”, expresó Montanaro.
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“La Corte es la que debe poner fin a este caos en el que pocas víctimas verdaderas fueron en modo alguno resarcidas. Alguna vez se debería hacer una auditoría para saber quién o quiénes y en qué concepto cobraron parte de esos fondos. Se podría en su caso establecer un prorrateo igualitario entre todos lo que han obtenido sentencia condenatoria“, acotó.
Ministro planteó prorratear indemnización
Precisamente en la sesión de la Corte Suprema de Justicia del 8 de junio del año pasado, el ministro Eugenio Jiménez Rolón planteó prorratear los más de G. 8.000 millones que corresponden a la indemnización de víctimas del supermercado Ycuá Bolaños entre los afectados por el incendio.
“Ocurre que la situación que se da es que hay embargos que por supuesto entraron en un orden cronológico y tenemos, como todos conocen, la disposición que establece la prioridad del primer embargante. Acá, como expliqué a un grupo de víctimas, traté de ser lo más gráfico posible diciéndoles que hay una torta que no alcanza para cobrar los montos que obtuvieron en sendas resoluciones judiciales”, explicó Jiménez.
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El ministro de la Sala Civil y Comercial explicó que, a su criterio, la única alternativa que podría beneficiar a todos es prorratear el monto disponible existente, lo cual se ajusta a lo que establece la misma póliza, que dice expresamente: “Si existe pluralidad de damnificados, la indemnización debida por el asegurador se distribuirá a prorrata”.
“Hemos hecho el cálculo pertinente y, si es que ellos aceptan, porque esto va a requerir un acuerdo, cada uno va a cobrar algo más del 58% de sus respectivos créditos”, explicó Jiménez Rolón.
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Abogado denunció irregularidades
El abogado Óscar Tuma, representante de un grupo de 110 víctimas, denunció un manejo irregular por parte del Poder Judicial y anunció acciones contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a fin de resarcir a sus representados. Dijo que de los más de G. 20 mil millones disponibles para pagar las indemnizaciones, hoy día sólo quedan G. 3 mil millones que no alcanzan para resarcir a todas las víctimas.
“La Corte Suprema autorizó el pago de G. 300 millones para algunas víctimas que iniciaron la reparación del daño en lo penal contra Juan Pio Paiva, donde fue condenado Paiva. Pero el error grave fue que en esa reparación de daño el que debía pagar era Juan Pio Paiva, que tenía el 1% del paquete accionario de la Sociedad Ycuá Bolaños. Sin embargo, el ministro autorizó que se utilice la plata de la Sociedad Ycuá Bolaños, que nada tiene que ver con Paiva, y de esta manera se pagó mal y lo peor que dejó sin plata a las demas víctimas que estamos demandando a la Sociedad Ycuá Bolaños en lo civil como corresponde”, indicó.
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“Treinta a cuarenta víctimas que demandaron a Paiva por reparación de daño en lo penal llevaron el 70% de los recursos que son de la sociedad, dejando sin recursos a las víctimas que siguen litigando contra la Sociedad Ycuá Bolaños y sus accionistas. Cuando recaigan las sentencias definitivas y tengamos la liquidación, nosotros vamos a exigir a la Corte que pague a mis clientes, ya que ellos autorizaron a utilizar un dinero que no correspondía utilizar”, acotó.