CIDH falla contra Paraguay en caso de supuesta tortura a policía

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado paraguayo culpable de supuestos hechos de tortura contra un policía luego del intento de golpe de Estado de mayo del año 2000 y le ordenó pagar una indemnización de 50.000 dólares, más costas y gastos. En Paraguay sigue abierto el proceso contra Walter Bower, exministro del Interior, y policías acusados de ser responsables de las presuntas torturas.

Imagen de archivo.
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Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó su resolución en la causa “López Sosa vs. Paraguay”, fallando contra el Estado paraguayo y a favor del expolicía Jorge Luis López Sosa, quien denunció haber sido torturado durante el intento fallido de golpe de Estado de mayo del año 2000.

La CIDH considera que el Estado paraguayo es responsable de haber violado los derechos humanos de López Sosa, quien denunció haber sido detenido el 19 de mayo de 2000, al día siguiente del intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Luis González Macchi, y sometido a interrogatorios con tortura en la Comisaría 11ª de Asunción, bajo la aparente impresión de que había participado del intento de golpe.

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La Corte Interamericana dispuso en su resolución que el Estado paraguayo continúe las acciones para “determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los actos de tortura” sufridos por López Sosa.

Además, a Paraguay se le ordena el pago de 50.000 dólares al expolicía como indemnización y 10.000 dólares en concepto de costas y gastos.

Proceso abierto, más de dos décadas después

Más de 23 años después del intento golpe de Estado, sigue abierta una causa por las presuntas torturas a López Sosa y otros.

Osvaldo Vera, Merardo Palacios y Walter Bower, procesados.

Por la causa fueron procesados Walter Bower Montalto, quien era ministro del Interior al momento del intento de golpe, y los expolicías Merardo Palacios y Osvaldo Javier Espínola.

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En diciembre de 2019, un tribunal absolvió a los tres procesados, pero esa decisión fue anulada por la Cámara de Apelaciones, que resolvió la apertura de un nuevo juicio.

En enero de este año, el procurador general de la República, Rodolfo Barrios, dijo que si Paraguay era condenado por la Corte Interamericana se buscaría trasladar la sanción o indemnización a los procesados.

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