El caso de supuesto desfalco está a cargo de la jueza penal de garantías N° 5, a cargo de la jueza Rossana Diana Raquel Carvallo Estigarribia concedió medidas alternativas a la prisión a Antonio Andrés Acosta, de 44 años, imputado por estafa mediante sistemas informáticos, alteración de datos y acceso indebido a sistemas informáticos, con lo que produjo un perjuicio patrimonial a la Cooperativa Multiactiva 30 de Agosto en unos G. 1300 millones al derivar los fondos a cuentas inexistentes de socios.
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La agente fiscal Silvana Otazu, en su requerimiento de medidas cautelares solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, en relación al imputado Antonio Andrés Acosta.
Ante la incomparecencia del procesado, el juzgado por A.I. N° 410 de fecha 25 de mayo de 2023, dispuso la rebeldía del procesado Antonio Andrés Acosta, de acuerdo a lo previsto en los artículos 82 y 83 del Código Procesal Penal (CPP), así como la interrupción de los plazos procesales conforme a lo dispuesto en el Art. 136 última parte del CPP.
El 12 de julio de 2023, la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros comunicó la detención del imputado Antonio Andrés Acosta, por lo que fue llamado por el juzgado a cargo de Carvallo para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 83 y 242 (imposición de medidas cautelares) previstos en el Código Procesal Penal (CPP).
El Art. 83 del CPP última parte dispone: “...cuando el imputado rebelde comparezca voluntariamente o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, se extinguirá su estado de rebeldía y continuará el procedimiento, quedando sin efecto las órdenes de captura...”..
Defensa solicitó medidas alternativas a la prisión
En la audiencia de imposición de medidas del 13 de julio de 2023, el imputado Antonio Andrés Acosta fue asistido por el Abg. Milciades Ferreira, quien al momento de la audiencia manifestó: “En este acto solicito la imposición de medidas alternativas a la prisión y también acompaño el pedido del Ministerio Público para la imposición de medidas a mi defendido teniendo en cuenta que es una persona con problemas de salud (recién operado del corazón).
El defensor también argumentó que el imputado tiene arraigo y que no existe peligro de fuga.
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Análisis del juzgado para otorgar la medida alternativa
La jueza Carvallo Estigarribia argumentó que analizada la normativa aplicable al caso concreto y las medidas alternativas solicitadas por las partes, la magistratura consideró que el peligro de fuga puede ser evitado con la aplicación de las siguientes medidas:
1) La obligación de comparecer al Juzgado de manera bimestral dentro de los primeros 10 días de los meses correspondientes para firmar el libro de comparecencia ante el Juzgado Penal de Garantías N° 5;
2) La obligación de residir en la casa ubicada en las calles Don Pedro Mendoza entre San Agustín y Paso de Patria Barrio San Roque de la ciudad de San Antonio y de comunicar al Juzgado previamente en caso de cambiarlo;
3) La prohibición de salir del país sin la previa autorización del juzgado penal;
4) La obligación de no cambiar el número de teléfono proporcionado, sin previa comunicación al juzgado penal, en donde el mismo recibirá las notificaciones;
5) La obligación de comparecer a la audiencia preliminar a ser fijada en su oportunidad;
6) La obligación de presentar fianza real y/o personal suficiente hasta cubrir la suma de G. 1.300.000.000 en un plazo de 20 días hábiles, bajo apercibimiento de que caso de incumplimiento de algunas de las medidas impuestas, éstas serán revocadas y sustituidas por la prisión preventiva.
El caso de supuesto desfalco
El 7 de marzo de 2023 se ingresó al Ministerio Público la denuncia realizada por el Abg. Gonzalo Javier González en representación de la Cooperativa Multiactiva 30 de Agosto Limitada, sobre supuestos hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, alteración de datos y acceso indebido a sistemas informáticos.
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Antonio Andrés Acosta, quien se desempeñaba como Jefe de Departamento de Informática de la Cooperativa Multiactiva 30 de Agosto Limitada, en el periodo de tiempo de 2018 al 2022, habría realizado la alteración de datos, maniobras no autorizadas y se habría excedido en la autorización que tenía por el cargo que ejercía para utilizar irregularmente el sistema informático utilizado en dicha cooperativa.
Con la maniobra habría logrado transacciones direccionadas a cuentas de socios inexistentes desde la que se habrían realizado extracciones irregulares, por el monto aproximado de G. 1.303.052.329.
Todo ello con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido a su favor, según revela la imputación.
Agrega el escrito de la Fiscalía que estos hechos habrían sido detectados por la Cooperativa 30 de Agosto, en el mes de agosto de 2022, al realizar inventarios de los saldos contables, encontrado diferencias que no fueron posibles conciliar, detectando que los datos de extracción de caja de ahorro por cajero automático habrían sido alteradas en el sistema informático de dicha cooperativa.