Las exdirectivas de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera están acusadas por presunta apropiación y lesión de confianza, por el perjuicio de G. 1.240.971.000. El tribunal de sentencia que juzgará la causa está presidido por el juez Héctor Fabián Escobar e integrado por Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza.
La fiscala Stella Marys Cano y el representante de la querella, Abg. Rodrigo Yódice, atribuyen a las acusadas la autoría de los hechos punibles señalados, que los habrían cometido primeramente obteniendo resoluciones judiciales ilegales e ilegítimas que permitieron atropellar la sede social de la Asociación.
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Si bien no lograron asumir cargos de manera formal, Nélida Huespe y Celina Villalba consiguieron acceder y disponer provisoriamente de una parte del patrimonio de la Asociación, oportunidad en la que extrajeron y utilizaron discrecional e injustificadamente la suma de G. 1.240.971.000, según la acusación de fiscalía y la querella.
Dicha suma de dinero estaba depositada en una cuenta corriente y en una caja de ahorro en el Banco Familiar y cuya titular era la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes de Jubilados del Paraguay.
Acusadas por supuesto desfalco a la Aso
Según la acusación, el dinero del que lograron disponer las acusadas fue destinado en algunos casos para ellas mismas y, en otros, para diversas personas, pero por fines y motivos totalmente ajenos a los intereses sociales y patrimoniales de la citada Asociación, lo que -según el Ministerio Público y la querella- “constituyó un desapoderamiento de dinero totalmente ilegal y además causó un daño patrimonial cuantificado en la suma antes indicada”.
Estos hechos ocurrieron a partir del 15 de diciembre de 2014 hasta el mes de marzo de 2015, mediante la expedición de cheques librados contra la cuenta corriente y extracciones de dinero de la caja de ahorro, hasta que las acusadas lograron el vaciamiento total de dichas cuentas.
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En esta misma causa, el juez de Garantías Yoan Paul López, en la audiencia preliminar, ya condenó a pena privativa de libertad de seis meses con suspensión de la ejecución de pena, por el plazo de 2 años, a Esteban Ferreira, quien era protesorero. El mismo realizó el cambio de registro de firma en el Banco Familiar.
Esto permitió que el ahora condenado y las acusadas Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera se hicieran con el control, disposición y administración de la cuenta corriente y la caja de ahorro de la Asociación, en la que se tenía depositada la suma de G. 1.240.971.000 y que para el mes de marzo de 2015 desapareció totalmente en perjuicio de los socios jubilados.
Dilataron juicio con chicanas
Pese a que la Asociación sufrió un perjuicio sumamente importante, teniendo en cuenta que nuclea a unos 20 mil jubilados del sector público y la docencia, hasta ahora no se ha podido iniciar el juicio oral y público para las acusadas, por diversas circunstancias relacionadas a la conformación del Tribunal de Sentencia.
Además, la defensa de Nélida Huespe presentó una recusación contra el fiscal asignado a la causa, José Morínigo, y logró suspender el inicio del juicio oral. El recurso dilatorio fue rechazado por la Fiscalía General, que confirmó al citado agente para sostener la acusación en el juicio oral.
La presente causa penal se inició en el año 2018 y, en reiteradas oportunidades, la audiencia preliminar se vio obstaculizada por planteamientos de carácter dilatorio por parte de las defensas técnicas, que tienen como fin evitar que la causa concluya a través de una sentencia definitiva que dirima el conflicto.
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En este proceso, ninguno de los procesados que promovieron las chicanas ni sus abogados han sido sancionados, pese a los múltiples incidentes y recusaciones, que lo único que provocaron fue la dilación inusual de un proceso en el que se pretende sancionar hechos que afectaron gravemente el patrimonio de una persona jurídica que aglutina a un sector sensible y que mayormente requiere de este tipo de nucleaciones.
La impunidad que pudiera provocar una forma irregular de terminación del presente proceso, que corre el riesgo de prescripción, es motivo de preocupación para los funcionarios y docentes jubilados.