Carolina Robledo Desh, de la organización Aireana, habló con ABC Color sobre la situación de derechos de la comunidad LGTB en nuestro país e hizo hincapié en las falencias del Estado en cuanto a políticas públicas de atención y protección a este grupo de ciudadanos.
Sobre la situación del derecho en 2022, Robledo cita el informe desarrollado junto a Codehupy donde se menciona que no hubo avances significativos en este ámbito.
“Existe una negación de la discriminación por orientación sexual, identidad/expresión de género y diversidad corporal. Es más, se evita de manera sistemática mencionar los derechos de este colectivo. Las personas TLGBIQ+ solamente somos nombradas de manera negativa para evitar algún tipo de avance en cuanto a derechos”, cita el documento.
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Cumplimiento de normativas es “a voluntad”
En cuanto a las políticas públicas recordó que desde 2016 existe una resolución del Ministerio de Salud para la utilización del nombre social de las personas trans en las fichas médicas, formularios, atención y trato, pero esto se cumple de acuerdo a la voluntad de las profesionales que brindan la atención.
La misma situación se da con las visitas íntimas de las personas privadas de su libertad, para lo que existe una resolución desde 2012, que tampoco se cumple, según indicó.
Por otra parte, mencionó que el protocolo de atención a personas LGTB del Ministerio de la Defensa Pública, vigente desde 2020, es el que mayores resultados positivos dio hasta la fecha, ya que existe mayor comunicación y colaboración con esta institución y las organizaciones. “De parte de otras instituciones tiene que ver con la voluntad de las personas para que te atienda bien o mal”, subrayó.
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Atención desde el prejuicio
Robledo también comentó que en lo referente a los servicios de salud, en la mayoría de los casos, las personas trans o homosexuales son atendidas “desde el prejuicio” y son “excluidas” de los programas. Como ejemplo mencionó que los trabajadores de salud siguen consultando a las lesbianas sobre sus métodos de control natal, que es una cuestión reproductora heterosexual que “excluye” a estas personas.
Igualmente, cuando atienden a un chico gay o un trans, le mandan hacer test de VIH o enfermedades venéreas.
Criminalización de las personas LGTB
Robledo también habló sobre el posicionamiento de los legisladores sobre temas referentes a las personas trans, lesbianas, homosexuales y otros. En este punto, recordó que muchos diputados y senadores al posicionarse en favor de la “familia” emiten discursos que criminalizan a los miembros de la comunidad.
Comentó que si bien hubo discursos más “progresistas”, en su mayoría fueron bastante neutros y también hubo quienes pusieron “nuestra propia existencia (las personas LGTB) como una amenaza a las familias y a la infancia”.
Sobre la cultura y la religión
En cuanto la incidencia de la cultura y la religión en el trato hacia las personas LGTB, Robledo sostuvo que en nuestro país, se usan mucho aún como justificación para discriminar, condicionar y restringir la expresión de género y la orientación sexual, sin embargo, esto es solo una excusa para no abordar el tema de fondo: la negación de la autonomía y la capacidad de tomar decisiones libres sobre el propio cuerpo.
Día Nacional de las Personas LGTBI
Robledo recordó que existe un proyecto de ley para establecer el 30 de setiembre como el Día Nacional de las Personas LGTB para recordar a las personas que fueron perseguidas durante la dictadura y visibilizar las necesidades del sector.