En la sesión extraordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por proposición del miembro Alfredo Enrique Kronawetter, se solicitó la apertura de una investigación preliminar para conocer los detalles y alcances de un audio filtrado en el que supuestamente conversan sobre el pago a la jueza penal de garantías de Lambaré Isabel Bracho y a la fiscala antidrogas Egidia Gómez, quienes habrían recibido sumas de dinero para beneficiar.
Por unanimidad, Jurado abre investigación por considerar el hecho sumamente grave
El miembro del JEM Alfredo Enrique Kronawetter señaló en la sesión que es una situación sumamente grave porque en estos días se hicieron varias publicaciones en las que se señalaban que un narco habría pagado a la fiscala Egidia Gómez de la unidad antidrogas y a la jueza penal de Garantías de Lambaré Isabel Bracho, para beneficiar a un procesado por narcotráfico.
Kronawetter indicó que se deben traer a la vista las actuaciones de este caso, también la misma Corte dispuso la apertura de una investigación al respecto, y el Jurado como órgano disciplinario y de control de desempeño de jueces y fiscales, debe hacer uso de esta facultad y disponer la apertura de una investigación preliminar. Posteriormente, se debe evaluar si corresponde tomar otra medida, indicó.
Lea más: Audios apuntan a que supuesto narco habría pagado por "blanqueo" a jueza y fiscala
Finalmente, Kronawetter propuso iniciar una investigación preliminar con relación a la publicación del diario ABC Color del miércoles 7, del día jueves 8 y viernes 9 de junio, para obtener la información y adoptar una medida. Aclaró que no está solicitando la directa apertura del proceso de enjuiciamiento.r
Mas argumentos por la investigación
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema Manuel Ramírez Candia dijo estar de acuerdo con el inicio de la investigación preliminar que tiene un objetivo esencial, de verificar si la información publicada en la prensa se corrobora con las actuaciones del expediente, para luego según el estudio y de corresponder iniciar el enjuiciamiento.
De igual manera, manifestó que de haber otras personas o funcionarios que estén involucrados en esta denuncia difundida, se debe analizar las responsabilidades de las mismas. Pero antes se debe determinar el alcance de la información que se está difundiendo, señaló el ministro.
En el caso del senador Ramón Retamozo, dijo igualmente acompañar lo mencionado por el miembro Kronawetter y el ministro Ramírez Candia. Agregó que se debe remitir una nota a la Fiscalía General del Estado para averiguar si ha tomado intervención con relación a la publicación para comprobar la veracidad de los audios que son publicados desde hace unos días.
Lea más: Más audios confirman maniobra para blanquear al supuesto narco Galindo
La senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, el diputado Hernán David Rivas, el abogado Oscar Paciello y el diputado Rodrigo Blanco Amarilla, en igual sentido dijeron que se debe iniciar la investigación.
No participó de la sesión extraordinaria el ministro de la Corte Suprema César Garay Zuccolillo.
La decisión adoptada por el Jurado
La decisión del Jurado fue tomada de conformidad a lo previsto en el art. 18 de la Ley 6814/21 que rige para el JEM, con relación a las supuestas irregularidades conocidas a partir de la publicación periodística del 8 de junio de 2023 del Diario ABC Color titulada: “Audios apuntan a que supuesto narco habría pagado por blanqueo a fiscala y jueza – Caso Mercat”.
En consecuencia, se remitieron los antecedentes a la Secretaría Jurídica para la conformación de la causa y la continuación de los trámites de rigor.
Antecedentes del caso denunciado sobre los audios filtrados
En este caso la investigación contra Walter Galindo se inició por un caso de hurto, ocurrido el 16 de diciembre de 2020, cuando el automóvil de un policía del Departamento Contra el Crimen Organizado fue atacado y de su interior se sustrajo una placa policial, las esposas y las llaves.
La casa de Galindo fue allanada el 13 de mayo de 2021, por una comitiva encabezada por la fiscala María Genoveva Figueredo acompañada por policías de Investigaciones de Central (Brigada Central).
Durante el procedimiento se pudo recuperar la placa policial y también, se incautaron un arma calibre 9 mm, así como dos panes que, mediante en el análisis primario dio positivo a cocaína, que pesaba 1,49 kilogramos, y la suma de G. 133 millones. Estos últimos estaban en una caja fuerte.
Lea más: La Corte abre investigación a jueza y abogados de supuesto narco Galindo
Sin embargo, el caso pasó después a cargo de la fiscala antidrogas de Villa Elisa Egidia Gómez, por cuestión de la jurisdicción. Esta imputó a Galindo por tenencia sin autorización de estupefacientes, reducción y violación de la Ley de Armas. La supuesta droga incautada quedó guardada en un placard, en el despacho de la fiscala Gómez, bajo llave.
Gómez solicitó la prisión preventiva, pero la jueza Isabel Bracho otorgó arresto domiciliario.
El tiempo que el supuesto narco Walter Galindo estuvo sujeto al proceso, supuestamente negoció con las “jugadoras” de Villa Elisa - en supuesta alusión a la fiscala Egidia Gómez- y de Lambaré -la jueza Isabel Bracho- para lograr su libertad. Ese dinero entregado sería el que está registrado en la agenda con las identificaciones de “Dra.” y “Dr.”.
Se habría sustituido la droga
En el marco de sus diligencias la fiscala Gómez trasladó, personalmente, la supuesta droga incautada hasta el Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde se realizó el análisis definitivo que identificó el producto como bicarbonato de sodio.
Si bien el requerimiento conclusivo debía presentarse en noviembre, la fiscala ya contaba con ese elemento en agosto. Ese cambio de la sustancia y resultado abrieron las puertas para el pedido de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa de Galindo.
El pago a las “jugadoras”
En las conversaciones que Galindo mantuvo con su esposa y sus abogados, los mismos hablan de pagos entre 5.000 dólares y US$ 50.000, tanto a la “jugadora de Villa Elisa” como a la “jugadora de Lambaré”, aparentemente en alusión a la fiscala y a la jueza para conseguir su sobreseimiento definitivo de la causa y, en consecuencia, su libertad ambulatoria.