AREGUÁ (Gladys Villalba Jara, corresponsal). En los últimos años, la Gobernación de Central maneja un presupuesto total que supera G. 150.000 millones, discriminados para diferentes rubros como obras sociales de mejoras en espacios públicos, educación, salud, agricultura y otros.
Desde la era democrática, la institución departamental de Central fue administrada por gobernadores liberales electos, cuyas gestiones fueron cuestionadas en su momento por algunos sectores, pero ningún hecho transcendió hasta derivar en una investigación penal como sí ocurrió en los últimos años.
En 2018 fue electo como gobernador del departamento, por primera vez, un colorado. Fue proclamado el candidato del oficialismo, Hugo Javier González Alegre, un exanimador de fiestas, conductor de un programa de televisivo y locutor de radio más conocido como “el Nº 2″.
Hugo Javier estuvo rodeado y vigilado siempre, principalmente, por su asesor Miguel Ángel Robles Ibarra, un cuestionado exfuncionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), al que llamaban “el gobernador de facto”. Según fuentes, Robles “armó” la estructura institucional ubicando a funcionarios de su entera confianza, que más adelante lo ayudarían a delinquir. Hugo Javier, aparentemente, no opuso resistencia.
Comenzaron las denuncias
El Nº 2 asumió al cargo en agosto de 2018, pero ya en 2019 comenzaron a saltar supuestas irregularidades que constantemente eran cuestionadas y denunciadas en la Junta Departamental por el concejal del PLRA, Adrián Billy Vaesken, presidente del pleno en ese momento, sin embargo, el mismo no tuvo apoyo de sus pares y las denuncias no prosperaron.
Más adelante, Vaesken conformó una comisión especial de investigación integrada por tres ediles liberales y tres colorados cartistas, a raíz de una denuncia que ingresó a la Junta sobre supuestos desvíos de fondos del rubro 800 (transferencia), recurso destinado a Centros Educativos Departamental y Municipales.
La comisión dictaminó la presunción de desvío de fondos y mencionó en su dictamen el modus operandi de la administración de Hugo Javier. El concejal Billy Vaesken puso dicho dictamen a consideración de la Junta, pero los concejales colorados cartistas dejaron si quórum la sesión de ese día y también las posteriores, hasta que lograron destituir a Vaesken de la presidencia, tras la conspiración de tres ediles liberales, uno de Patria Querida y diez colorados.
A partir de esto, se conformó la bancada opositora formada por siete liberales que denunciaban constantemente groseras anomalías cometidas por la administración de Hugo Javier, quien tenía siempre gran mayoría en la Junta Departamental donde lo apoyaban concejales colorados, liberales y el de Patria Querida.
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Imputación del gobernador
Recién a mediados de 2021, tiempo en que la pandemia del virus del Covid-19 azotaba con fuerza al país, especialmente en el departamento de Central, los concejales liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos, lograron reunir todos los elementos contra la administración del cuestionado gobernador Hugo Javier González Alegre, denunciando un grave hecho ante el Ministerio Público.
Destacaban la presentación de facturas clonadas en la rendición de cuentas de la ejecución de G. 5.105 millones del fondo Covid-19, que el Ejecutivo desembolsó a la Gobernación de Central para generar fuente de trabajo en el departamento para la reactivación económica durante la pandemia.
Los comprobantes estaban a nombre de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, que recibió de la Gobernación los G. 5.105 millones para la ejecución de obras de mejoras en espacios públicos, sin embargo, las obras presentadas como ejecutadas con dicho fondo, ya existían desde antes y fueron hechas con otro recurso.
Nuestro medio, inició una investigación dejando al desnudo estas y otras graves y groseras irregularidades cometidas presuntamente por Hugo Javier y su equipo en complicidad de funcionarios y contratistas. Luego, comenzaron a investigar la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), confirmando lo publicado por ABC.
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Posteriormente, los ministros de la Senac, René Fernández y la Subsecretaria de Estado de Tributación, Óscar Orué, denunciaron ante el Ministerio Público el presunto daño patrimonial de G. 5.105 millones del fondo Covid-19.
Finalmente, en noviembre de 2021, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, imputaron a Hugo Javier González y a otras 14 personas como funcionarios, contratistas y a miembros de la ONG CIAP. Los hechos investigados son lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.
Gobernador de facto
Luego de una gran investigación, los fiscales de la causa lograron comprobar la participación del “gobernador de facto”, Miguel Ángel Robles Ibarra, en un esquema delictivo creado en la misma Gobernación para desviar el fondo Covid-19 en plena pandemia.
Fueron procesadas en total 17 personas, de las cuales, un imputado falleció, 8 fueron acusadas incluyendo Hugo Javier González y otras fueron beneficiadas con salidas procesales debido a la colaboración en la investigación.
La Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público y ahora, todo un departamento está expectante respecto al inicio del juzgamiento de Hugo Javier y sus cómplices.
Sin dudas, el nuevo gobernador tendrá la gran responsabilidad de limpiar la reputación de la Gobernación de Central. El administrador que resulte electo hoy, será vigilado por los 19 distritos del departamento Central.