La diputada Celeste Amarilla (PLRA) aseveró que la problemática de las graves irregularidades detectadas en el subsidio al transporte público no se soluciona solamente con la salida de Víctor Sánchez del Viceministerio de Transporte. Sostuvo que en nuestro país debemos acostumbrarnos a que la corrupción se solucione devolviendo el dinero robado, reparando así el perjuicio al Estado.
Con respecto a las movilizaciones ciudadanas que se están dando para desbaratar el esquema de corrupción y pésimo servicio brindado a los pasajeros por parte de los empresarios del transporte, Amarilla lamentó que una vez más “la ciudadanía tiene que hacer el trabajo de las instituciones del Estado y venir alguien más a señalar cuál es el problema”.
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“Una estafa al Estado”
Describió el manejo que ha venido teniendo el Viceministerio de Transporte con los transportistas como “una estafa al Estado, porque ellos haciendo esto lo que lograban es cobrar más subsidio. Está configurado el delito de estafa”, aseguró la diputada.
La legisladora liberal enfatizó que las autoridades del Viceministerio del Transporte y también los empresarios del transporte “tienen que ser sometidos a un proceso penal y devolver el dinero. Hasta ahora en Paraguay solo se ha recuperado un poco de dinero de Óscar González Daher y de más nadie. Estos tienen que devolver el dinero que se le perjudicó al Estado”, insistió la legisladora.
“Sánchez debe ser imputado”
Más específicamente, puntualizó que el exviceministro Víctor Sánchez debe ser imputado. “De una imputación bien hecha tiene que salir acusado. Luego, de un proceso bien hecho tiene que salir un culpable”, enfatizó.
A la vez, envió un mensaje a los empresarios que siguen exigiendo subsidio. “Ellos tienen que dedicarse a la peluquería si el transporte no les da plata; nadie les obliga a ser transportistas. Que se vayan y hagan otro negocio”, expresó Amarilla.
Graves irregularidades en billetaje
Recordemos que el escándalo de pasajeros fantasma arrancó luego de que un ciudadano difundió un video que mostraba cómo un chofer validaba decenas de pasajes por minuto mientras manejaba. Esto, según lo confirmó el propio viceministro saliente Víctor Sánchez, se hacía para maquillar viajes de pasajeros fantasma, y así obligar al estado al compromiso de pagarles más subsidio.
Cabe recordar que el usuario paga el 50% de la tarifa técnica, el cálculo que define los costos operativos y los ingresos necesarios para cubrirlos, y la diferencia salda el Estado.
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Incluso, ciudadanos organizados detectaron que, en las semanas anteriores cuando los buses hacían reguladas, lo que en realidad hacían era recorrer por caminos que no correspondían a su recorrido habitual y validar en forma ilimitada tarjetas de billetaje electrónico, para así cobrar una gran cantidad en concepto de subsidio, pero “castigando” a los pasajeros, negándoles el servicio.
Ciudadanos pasaban suplicio
Mientras, los ciudadanos esperaban horas en las paradas y luego viajaban hacinados en los colectivos, demorando mucho más para llegar a destino. Así, se detectó que las reguladas están directamente relacionadas con la carga de pasajeros “fantasma”.
De esta manera, estas empresas habrían cobrado el subsidio por servicios que no fueron prestados y que eran validados por el Viceministerio, que consideraba estos buses como activos, dejando en evidencia el nulo control al cumplimiento real del servicio.
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Antes de ser destituido y reemplazado por Óscar Stark, el entonces viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, confirmó que el Estado subsidia centenar de “pasajeros fantasmas” y que a pesar de que Cetrapam es la que povee los datos del billetaje, nunca los auditó.
Informes de Contraloría detectaron más corrupción
Recordemos que una serie de informes de la Contraloría General de la República (CGR) revelaron hace poco numerosas irregularidades en el pago de subsidios a empresas del transporte público. Se registraron pagos a firmas con licencias vencidas y otras que no tenían la cantidad mínima requerida de conductores. El órgano extrapoder alertó de posibles hechos punibles.
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Los datos se desprendieron de una serie de informes de la Contraloría luego de auditorías realizadas a la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) y una fiscalización al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Entre 2013 y 2020, el Estado paraguayo destinó unos G. 270.000 millones para el pago de subsidio a los transportistas.
Además, la CGR detectó que el MOPC contaba con rendiciones de cuenta incompletas de las empresas beneficiarias del subsidio del transporte público durante el ejercicio 2021.
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Sin respaldo documental
Entre otras numerosas irregularidades, las empresas no remitieron el respaldo documental de todos los montos incluidos en las planillas de cálculo para el costo de la tarifa, situación que imposibilitó verificar que los montos incluidos en la tarifa técnica fueron efectivamente utilizados por dichas empresas beneficiarias.
La CGR advirtió además que el MOPC otorgó subsidios por más de G. 677 millones a empresas que operaban con Resoluciones de Explotación del Servicio de Transporte Público vencidas.
También se detectó que entre abril y julio de 2021, el Estado entregó más de G. 26.671 millones a empresas que no contaban con la cantidad de dos conductores por vehículo de su parque automotor.