El juez penal de garantías especializado en Delito Económicos del Segundo Turno José Agustín Delmás Aguiar, reiteró el martes 4 de abril la comunicación ya realizada el 1 de marzo pasado y elevó una nota al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) diputado Rodrigo Blanco Amarilla, el pedido de desafuero de la fiscala Ana Girala López, imputada por cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal.
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En su escrito dirigido al JEM, el juez Delmás Aguiar manifiesta que en atención a la presentación electrónica realizada por la agente fiscal Liliana Alcaraz, en virtud de la cual solicita se reitere el pedido de desafuero de la agente fiscal Ana Elizabeth Girala Lopez, y notando el proveyente lo resuelto por proveído de fecha 1 de marzo de 2023, dispuso la reiteración del pedido de desafuero de la fiscala mencionada, de acuerdo a lo que dispone el Art. 328 inc. B) del Código Procesal Penal.
Jurado reenvió al juez el pedido
En su sesión de este martes pasado, el JEM que preside el diputado liberal Rodrigo Blanco Amarilla, resolvió, por mayoría, hacer lugar al reenvío de las actuaciones al juez penal de garantías José Agustín Delmas, a los efectos de que dé cumplimiento al procedimiento previsto en el Art. 328 inc. a y b del Código Procesal Penal (CPP), respecto al pedido de desafuero de la agente fiscal Ana Elizabeth Girala López.
El JEM tuvo “dudas” si el juez pidió o no el desafuero
El martes 19 de marzo se leyó en sesión la nota enviada al Jurado por parte del juez penal de garantías Delmás Aguiar de la que sería el pedido de desafuero de la fiscala Ana Girala. Los miembros del JEM por mayoría decidieron reenviar el pedido al juez para que éste aclare su pedido.
La medida de reenvío dispuso el Jurado porque supuestamente la comunicación que realizó el juez Delmás Aguiar a este órgano sobre el procesamiento a la fiscala, es confuso, o bien, no especificaba taxativamente si solicitó el desafuero de la agente imputada.
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Los miembros del Jurado Blanco Amarilla, Manuel Ramírez Candia, senador Ramón Retamozo, senadora Hermelinda Alvarenga y Oscar Paciello, por mayoría, propusieron que se reenvié la comunicación realizada por el juez Delmás y que especifique si está solicitando el desafuero de la fiscala de acuerdo a lo que dispone el Art. 328 del CPP.
Por su parte, los miembros del JEM Jorge Bogarín Alfonso y César Diesel propusieron, en minoría, que se devuelva el pedido al juez Delmás Aguiar, pero sin especificar que aclare si está requiriendo el desafuero, porque este hecho constituiría un constreñimiento al magistrado para obligarlo a pedir el desafuero, según argumentaron.
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“Acepto parrilla o mesa de lapacho”
La causa de presunta coima se inició el pasado 16 de febrero de 2023 cuando el fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, intervino la Unidad de la fiscala Ana Girala López ante la denuncia de que funcionarios de esta dependencia habrían solicitado el pago de G. 25.000.000 para beneficiar a un joven procesado, hijo de la persona que presentó la denuncia.
“Acepto parrilla o mesa de lapacho de quincho”, dice uno de los supuestos mensajes de la fiscala Ana Girala, enviados a Griselda Beatriz Acha Alcaraz, asistente fiscal procesada e imputada juntamente con la agente.
El allanamiento encabezado por el fiscal Osmar Legal se realizó ante las sospechas de que Girala, según la imputación, tenía a su cargo una causa por tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y producción de riesgos comunes, en la que habría acusado a dos participantes que esperaban por la realización de la audiencia preliminar fijada para el 20 de febrero pasado.
Los demás procesados son la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez, por cohecho pasivo y asociación criminal en calidad de cómplice; y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, por el supuesto hecho de soborno agravado en calidad de autor y asociación criminal en calidad de cómplice.
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Una Cámara de Apelaciones recientemente ratificó la prisión preventiva de las igualmente procesadas secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, por cohecho pasivo agravado y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, imputadas por soborno agravado y asociación criminal en calidad de cómplices.
El Tribunal de Alzada argumentó que las imputadas deben permanecer privadas de su libertad para no interferir en la investigación de la denuncia de pedido de G. 25 millones, “parrilla o mesa de lapacho” a cambio de un dictamen favorable.