En la fecha se dio a conocer la Resolución N° 1.487 de la Fiscalía General del Estado, firmada el 8 de marzo por la entonces titular del Ministerio Público Sandra Quiñónez, por la cual se ordena la apertura de una causa penal y se asigna a la fiscala María Estefanía González para investigar al exministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes por el supuesto delito de prevaricato.
Esta la segunda causa abierta por el Ministerio Público luego de todas las publicaciones de este diario sobre el escándalo por el contrato que firmó Amílcar Fretes, hijo de Antonio Fretes, prometiendo evitar la extradición de Kassem Mohamad Hijazi a los Estados Unidos, además de todos los negocios que envuelven al clan Fretes y sus socios comerciales.
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Antonio Fretes dejó la Corte Suprema de Justicia el pasado 10 de marzo, luego de más de 21 años y cuatro meses en el cargo, tiempo que utilizó para acrecentar su riqueza y favorecer a sus socios a través del manejo de varias instituciones del Poder Judicial, como la Sindicatura de Quiebras, la Dirección General de Registros Públicos, Automotores, Marcas y Señales, entre otras.
Denuncia contra Antonio Fretes por supuesto prevaricato
El 30 de diciembre de 2022, el abogado Raúl Breuer, en representación de varias víctimas de un caso de usura, presentó una denuncia en contra del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes por presunto prevaricato con el rechazo in limine de una acción de inconstitucionalidad planteada en la causa por sus clientes.
“Fretes es un terrorista jurídico que maneja el Poder Judicial a través de sus hijos y un grupo de abogados que forman una claque mafiosa”, expresó el letrado luego de presentar la denuncia en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
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Breuer agregó que Fretes va a tener que pagar porque durante más de 20 años ha manejado la Sala Constitucional a su antojo y cometió “aberraciones jurídicas”. Añadió sobre el punto que rechaza in limine acciones que deben ser tramitadas por la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial y que fueron interpuestas por los justiciables porque hay jueces y camaristas corruptos que vulneran principios constitucionales.
Fiscala afiliada al Partido Colorado
María Estefanía González Arévalo forma parte del grupo de agentes del Ministerio Público que están afiliados al Partido Colorado y votaron en las últimas internas de esta nucleación política, según denuncias presentadas en julio de 2022 por parte del senador Pedro Santa Cruz y el abogado Federico Campos López Moreira.
Las leyes vigentes prohíben a los agentes del Ministerio Público estar afiliados a cualquier partido político, según lo establecido en el artículo 91 de la Ley Nº 1562 (de la Fiscalía) así como el artículo 55 de la Ley N° 834 (Código Electoral).
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Por otro lado, desde setiembre del año pasado la fiscala María Estefanía González tiene a su cargo la causa del fracasado metrobús del Gobierno de Horacio Cartes, que podría prescribir en octubre de este año sin que haya ningún procesado hasta la fecha.
La agente del Ministerio Público también tiene a su cargo la causa penal por la quema de “Colorado Róga”, donde junto a su colega Lorenzo Lezcano presentaron acusación en contra de cinco personas, quienes están esperando el juicio oral. Las defensas cuestionaron a los fiscales porque la acusación es genérica y no describe la conducta concreta atribuida a los procesados.