Los pobladores de Caapucú, departamento de Paraguarí, vienen exigiendo que la Contraloría General de la República (CGR) la realización de una auditoría de la gestión del intendente Gustavo Penayo Arce (ANR-HC) para avanzar en el deseo de transparentar el manejo de los recursos municipales, explicó Huberto Lizza, integrante de la Contraloría Ciudadana.
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Explicó que remitieron en enero pasado una nota a la CGR en la que reiteran la denuncia de manejos turbios desde el inicio de la gestión del intendente Penayo Arce, en noviembre 2021. Se ha negado sistemáticamente a rendir cuentas a la Junta Municipal de Caapucú, explicó el líder comunitario.
Agregó que el jefe comunal no presentó a la Junta Municipal la rendición del tercer cuatrimestre de 2021, tampoco del ejercicio fiscal 2021 y la ejecución presupuestaria del primer, segundo y tercer cuatrimestres del 2022.
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El ejecutivo comunal habría incurrido en malversación de fondos en menos de dos meses de gestión, supuestamente vació las cuentas corrientes de la Municipalidad del Banco Nacional de Fomento (BNF) correspondientes al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties por un monto total de G. 3900 millones heredado de la administración del exintendente Carlos Romero (PLRA).
Varias presuntas irregularidades en la gestión de Penayo
Los responsables de la Contraloría Ciudadana de Caapucú piden que el intendente explique el destino de G. 5.800 millones, de los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, ya que Penayo Arce no presentó rendición de cuentas a la Junta Municipal. Cuestionan que el jefe comunal declaró en el Ministerio de Hacienda que en el 2022 en Impuesto Inmobiliario ingresó G. 80 millones, cuando que en años anteriores se tiene un histórico G. 2.700 millones del pago de los contribuyentes en dicho concepto.
La Contraloría Ciudadana destaca que entre tantas irregularidades administrativas se encuentra la retención del pago de dietas a siete concejales por un monto de G. 171.500.000, la no transferencia del 15% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario al Ministerio de Hacienda, la Gobernación de Paraguarí y la Dirección Nacional de Catastro.
En similar situación se encuentra la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. Pese a los descuentos y retenciones de salarios de los funcionarios nombrados no realizó los depósitos de aportes.
Todas estas irregularidades fueron denunciados en la CGR, que por resolución N°608 del 25 de enero del 2022 dispuso la realización de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI). Abarcará los periodos fiscales 2021 y 2022 y estará a cargo de la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales.
Considerando la coyuntura política, en tiempo de campaña electoral y las próximas elecciones municipales, el informe de este trabajo de control de la CGR será de fundamental importancia para sostener el pedido de intervención que obra en la Cámara de Diputados y permitirá evitar que el Ministerio de Hacienda transfiera G. 5.800 millones que la Comuna no recibe desde el año 2020 por falta de una buena administración de los recursos.
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Dice ser un “perseguido político”
El intendente Gustavo Penayo Arce manifestó que viene soportando una persecución política porque el pedido de intervención de su gestión fue firmado por un presidente de la Junta ilegitimo, al referirse a Cayo Barboza (ANR). “Y no lo digo yo, sino la máxima instancia que es la Justicia Electoral”, dijo en su momento.
“Celebro que pueda ser más famoso y pueda demostrar no solamente al pueblo de Caapucú, sino a todo el país qué clase de perseguido político soy por todo lo que estoy haciendo por mi pueblo en un año; eso molesta a mis adversarios políticos”, señaló el ejecutivo comunal.
Con respecto a la falta de rendición de cuentas de los G. 5.800 millones, dijo que son recursos de diferentes rubros acumulados desde los años 2020 y 2021 y 2022, que el Ministerio de Hacienda sigue sin transferir porque la administración anterior no realizó la rendición de cuentas. Dijo que ahora él está realizando todas esas gestiones para poder subsanar el inconveniente de años anteriores.
Con respecto a las otras denuncias, indicó que quienes objetan su gestión no entienden o buscan mal informar. Detrás de esto están varios otros férreos adversarios políticos, a varios que se hacen llamar contralores ya les denuncié por los hechos de difamación, calumnia e injuria y el caso se tramita en el Juzgado de Garantía de Ybycuí, dijo Penayo Arce.