La Junta Municipal local, por unanimidad de sus miembros, había aprobado en diciembre del 2022 la venta de un inmueble municipal, ubicado en el barrio San Blas, que fue solicitado por la interesada Sofía Analía Domínguez Pires. Sin embargo, el intendente local vendió supuestamente otro inmueble municipal, cuyo valor superaría los G.1000 millones, según informó el presidente del cuerpo legislativo Rubén Fernández (Independiente-ANR).
De esta situación fueron alertados algunos concejales municipales y ante la gravedad del hecho se trató en la Junta Municipal, donde decidieron conformar una “Comisión Especial” para estudiar el caso y elevar informe a la plenaria.
El titular de la Junta local explicó que el problema radica que en la sesión de la semana pasada, la Comisión Integrada por María Cristina López (ANR), Edgar Vera y Aragón (ANR) y Gabriel Ramírez (PEN), tenía que presentar un dictamen. Pero el concejal Vera y Aragón solicitó a la plenaria prórroga, alegando que se va requerir informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones(MOPC) para saber si es o no propiedad del ente, el terreno que vendió la Municipalidad.
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Ante dicha situación se llevó a votación por resolver el pedido de nulidad de la venta o la prórroga para el estudio. Por la nulidad inmediata votaron los concejales, Rubén Fernández (ANR-Independiente), Gabriel Ramírez (PEN) y las coloradas cartistas, María Cristina López, Ana Rolón y Sara Devigille. Por la prórroga decidieron los ediles, todos ellos colorados de Fuerza Republicana, Edgar Vera y Aragón, Daisy González, Andrés Báez, Eduardo Fernández y los concejales cartistas Diego Samudio y Luis Almada (ANR- HC).
El presidente de la Junta Municipal, Fernández, manifestó que esta situación preocupa a los concejales y a la ciudadanía, por lo que amerita se anule la venta porque considera que desde la Junta Municipal se originó supuestamente la “Producción de Documentos Públicos de contenido falso”.
Según el titular del cuerpo legislativo Fernández, dijo que el inconveniente se dio con el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el edil Luis Almada(ANR), que sugirió a la plenaria la venta del terreno por G. 75.924.000 en un lugar donde los concejales creyeron que era en el barrio San Blas y que terminaron aprobando la venta del inmueble en el barrio San Francisco, cuyo valor real supera los G.1.000 millones
Además la ordenanza municipal N°313/2021 establece que la venta de inmueble a un arrendatario se puede realizar hasta 400 metros cuadrados de dimensión. Sin embargo, el terreno que se vendió presumiblemente de manera irregular mide 2.019 metros cuadrados y se encuentra a la salida del municipio de Paraguarí.
El titular del cuerpo legislativo Fernández anunció que como ciudadano y como representante del pueblo, iniciará las acciones legales en los estamentos donde corresponda para el esclarecimiento total de los hechos cometido en perjuicio del erario municipal y deslindar responsabilidades.
Responsabilidad de la Junta Municipal
Al respecto, consultamos al intendente local Marcelo Simbrón (ANR), quien dijo que la intendencia pasó los datos precisos a la Junta Municipal, “en todo momento fue el pedido para el inmueble ubicado en el barrio San Francisco y la aprobación por la venta del terreno fue unánime, ningún concejal objetó nada en su momento”. No sabe de dónde sacan los concejales que se solicitó para la venta del terreno en el barrio San Blas, quizás si fue error de tipeo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto o en Secretaría son ellos los que deberían de haber corregido el error.
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Aclaró que la tasación del inmueble se realizó por el valor más elevado de G. 40.000 el metro cuadrado, que es el valor fiscal fijado para los terrenos municipales y fue el terreno del barrio San Francisco lo que se solicitó. Agregó en la Junta se aprobó y se vendió como corresponde.
Dijo que si la Municipalidad llegara a titular dicho inmueble y a inscribir en la Dirección General de Registros Públicos, quizás puede llegar al valor de mercado, que dicen los concejales podría incluso superar los G.1.000 millones. Pero este no es el caso porque se vendió a precio de terreno municipal, como corresponde.
Adelantó que en su espíritu no está polemizar la venta del terreno, incluso hasta el momento si viene de la escribanía el documento para la firma de transferencia a favor de la beneficiaria, va a aguardar primero qué decide al respecto la Junta Municipal.
Dijo que son los concejales que de manera unánime autorizaron la venta y luego quieren cuestionar al intendente. Si estudiaban de manera responsable y diligente y si no estaban conforme tenían que oponerse a la aprobación.
Resolución autoriza a intendente la venta
Hasta el momento sigue firme la resolución N°179/2022 de la Junta Municipal, por la cual se autoriza al intendente la venta del inmueble; es un documento que está vigente, pero que si sale la nulidad va respetar también, señaló el lord municipal.
Reiteró que los concejales son los que deben solucionar. “Si aprueban ahora la nulidad del terreno, tendré que devolver el dinero a la propietaria. Cuento con fondos para realizar el pago, pero eso también va dejar un precedente negativo a la administración municipal, porque ya nadie va querer comprar, no hay seriedad si a los pocos meses les va llegar nuevamente la anulación de la transacción”, concluyó.