En la primera sesión de año de la Junta Municipal de Carmen del Paraná, que se realizó ayer desde las 18:00, se hizo entrega de la copia de los contratos de concesión de las playas, por lo que el encuentro del órgano colegiado se volvió tenso.
Los concejales oficialistas en todo momento buscaban minimizar la situación, incluso el presidente de Junta Hernán Paredes alegó que “no hubo un pedido formal”, lo que generó crispación en un momento de la reunión. Otros concejales alegaron que si hubo una solicitud de la Junta al ejecutivo municipal, por eso habrían remitido las copias.
El debate se instaló como una cuestión de “querer mejorar la ciudad”, por sobre los reclamos que puedan haber. En todo momento, recalcaban lo “bueno” de las playas y de las administraciones. Además, los oficialistas alegaban que entienden que hubo un intento de promover la “mala imagen de la ciudad”, en alusión a los pedidos de acceder a la información que debería ser pública.
Durante la sesión, se hacían referencias en todo momento a las publicaciones que salieron en los medios de comunicación, a raíz de las denuncias ciudadanas por los cobros que se realizaban en la Playa Pirayú, lo que desencadenó una serie de cuestionamientos de como se están administrando los recursos públicos.
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No tenemos nada que ocultar
El concejal Paredes alegó que “nosotros no tenemos nada que ocultar”, pero se mostraba molesto ante las consultas y cuestionamientos que se le realizaban con respecto a cómo se maneja este bien público.
Los contratos reflejan que el concesionado con la Playa Pirayu, Xabier Basterretxea, paga un aporte inferior a las otras, G. 1.500.000 mensual en temporada alta, y durante la temporada baja un monto de G. 200.000, a diferencia de lo que declaraba el intendente municipal, Germán Gneiting, que ante la consulta decía que las playas están pagando un monto de G. 2.000.000.
Ante la consulta sobre por qué los montos bajos no respondían a la situación en la que estaban las playas, indicó que tampoco se tienen los recursos necesarios para hacer las playas municipales.
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Antecedentes
El problema que generó todas las dudas se dio a consecuencia de la medida aplicada por el administrador de la playa Pirayú, quien creó una zona exclusiva en la playa donde se paga por servicios extra, además de un canon por ingresar bebidas, sillas o parasoles. A través de las redes sociales explotó el debate y surgieron los cuestionamientos hacia cómo se estaban manejando estos bienes públicos.
Aparentemente los bajos montos que se cobran por la explotación de las playas públicas era la razón para no darlos a conocer, por lo que hay un constante intento de minimizar la situación y polarizar el debate hacia donde genere más conveniencia. Quienes cuestionan el estatus quo, evidentemente están en contra del progreso, según esta lógica.