Ni un solo representante del Ministerio Público acudió a la audiencia de revisión de medidas de el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Rody Godoy y la exdirectora de Administración y Finanzas del MAG, Maristela Azuaga, sentenciados a 7 y 10 años de cárcel por estafa y lesión de confianza, confirmó el juez penal de sentencia Juan Pablo Mendoza.
El magistrado precisó que el Ministerio Público fue debidamente notificado de la audiencia y llamó la atención la ausencia de los representantes de la sociedad.
Los fiscales del caso son Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), pero actualmente ambos están de vacaciones.
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El 13 de enero pasado, en la audiencia de revisión de medidas del exministro Enzo Cardozo, condenado a 10 años de prisión, interinaron a los fiscales del caso sus colegas Alma Zayas y Néstor Coronel, de la misma unidad especializada.
En cumplimiento de la resolución de la Cámara de feria, en la ocasión Cardozo fue beneficiado con el arresto domiciliario, bajo fianza de G. 20.000 millones.
Para tribunal, ya no hay peligro de fuga
En atención a esta decisión de la Cámara de feria, Godoy y Azuaga solicitaron el mismo beneficio.
Ante esta situación, el Tribunal de sentencia de feria conformado por los jueces Dina Marchuk, Juan Pablo Mendoza y María Fernanda García de Zúñiga, otorgó el arresto domiciliario al exministro Rody Adán Godoy, basado principalmente en el argumento de igualdad procesal ya que el también condenado, por el mismo caso, Enzo Cardozo, ya había sido beneficiado con igual medida por disposición de la Cámara.
Para conceder el arresto domiciliario a Godoy, el Tribunal sostuvo que ha desaparecido el peligro de fuga por el ofrecimiento de fianza suficiente de varios inmuebles así como de fianza personal. La caución impuesta permite el sometimiento del condenado a los mandatos de la justicia, refirió el colegiado.
Idéntico argumento se utilizó para otorgar el arresto domiciliario a Maristela Azuaga.
En consecuencia, ambos fueron beneficiados con la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva dispuesta en la Sentencia Definitiva N° 463 del 28 de noviembre de 2022.
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Constatarán lugar de arresto domiciliario
Las actuarias Rosa Penayo Flor y Tamara Moguilner fueron asignadas por el tribunal para constatar el lugar del arresto domiciliario de Godoy, ubicada en las calles Carlos Antonio López N° 135, del barrio Centro de la ciudad de Coronel Oviedo. Se dispuso además el control aleatorio de la Comisaría 22° del barrio Capitán Roa, de la localidad mencionada.
Los bienes ofrecidos por Rody Adán Godoy
Para obtener la medida de arresto domiciliario, el exministro Rody Godoy ofreció al tribunal de sentencia Certificado de vida y residencia, libreta de familia, estados financieros de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) del periodo 2021, certificado de nacimiento de sus hijos, para demostrar su arraigo.
También presentó varios títulos como el Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) en moneda extranjera, de la Financiera UENO por la suma de USD 400.0000 perteneciente al abogado defensor Dr. Ricardo Preda del Puerto, con un poder especial para ejercer este acto de disposición con respecto a ese certificado de depósito, expedido por la Escribana Pública Norberta Mariana Laterza.
En cuanto a dicho certificado de depósito de ahorro a nombre del Dr. Ricardo Preda del Puerto ofrecido a fin de demostrar el arraigo de su cliente, además en la audiencia ha ofrecido fianzas reales sobre 4 inmuebles que pertenecen a la familia de la señora Blanca Rodas Romero, esposa del procesado, y ellos son:
1) Inmueble matrícula F01/29169 del distrito de Coronel Oviedo propiedad de la señora Margarita Rodas Romero, cuya tasación y título de propiedad se adjuntan en este acto;
2) Inmueble finca N° 3167 del Departamento de Alto Paraná, en el Distrito de Hernandarias, en el Paraná Country Club propiedad de la señora Maria Graciela Rodas, adjuntando título de propiedad y constancia de solicitud del certificado de condiciones de dominio del mismo;
3) Inmueble matrícula F01/24392 del distrito de Coronel Oviedo a nombre de la Sra. Angélica María Rodas Romero, adjuntando la tasación del inmueble, el título de propiedad y la constancia de solicitud del certificado de condiciones de dominio y,
4) Inmueble Finca 20269 del Distrito de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná propiedad de Esmeldo Lucio Talavera Vera y Maria Graciela Rodas Romero, adjuntando tasación, título de propiedad y constancia de solicitud de condiciones de dominio.
Los cuatro inmuebles tiene una avaluación total de G. 3.198.800.000.
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El caso de Maristela Azuaga
Con idéntica medida (arresto domiciliario) fue favorecida por el tribunal de sentencia de feria, la condenada a 10 años de cárcel, Maristela Azuaga, exdirectora de Administración y Finanzas del MAG.
Para obtener la medida ofreció fianza personal del Sr. Juan Bautista Núñez Martínez por la suma de G. 1.000.000.000, caución juratoria por la suma de G. 300.000.000 ya que la misma cuenta con una jubilación por invalidez.
También ofreció fianza real del inmueble individualizado como finca N° 13.564 del distrito de Villa Elisa, tasado en la suma de G. 1.058.000.000, así como también copia autenticada del título de propiedad.
Asimismo ha solicitado el plazo de 20 días a fin de agregar el certificado de condiciones de dominio que fue ya debidamente solicitado a la Dirección de Registros Públicos, según indicaron en tribunales.
Antecedentes del desvío de fondos del MAG
El Tribunal de Sentencia presidido por Elsa García e integrado por Gloria Hermosa y Héctor Fabián Escobar, en noviembre de 2022, además de condenar a los tres procesados, resolvió también revocar las medidas alternativas a la prisión para todos, por lo que una vez concluida la explicación de la sentencia, ordenó que los procesados sean derivados a instituciones penitenciarias.
Penas solicitadas por la Fiscalía para Cardozo y Godoy
Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia pidieron durante la sustanciación del juicio oral, condenas para todos por estafa y lesión de confianza.
Para el exsenador liberal y actual parlasuriano Enzo Cardozo solicitaron una pena de 12 años de cárcel, tras sostener que con la autorización de 7 desembolsos por más de G. 60.000 millones, posibilitó que los representantes de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (condenados) obtenga un beneficio económico indebido, en perjuicio de productores de todo el país.
Idéntico argumento se utilizó para requerir una pena de 8 años de penitenciaría para Rody Godoy, por autorizar 3 desembolsos por más de G. 8.000 millones.
“No fueron víctimas de engaño”, afirmó el fiscal Estigarribia, al destacar que los exministros sabían de la existencia de la guía básica, una dirección de planificación, y que debían existir proyectos antes de desembolsar.
Testigos relataron presión
Para la exdirectora de Administración y Finanzas del MAG, Maristela Azuaga, los fiscales solicitaron una pena de 13 años de penitenciaría. Argumentaron que la acusada intervino en total en 7 transferencias de fondos, por más de G. 60.000 millones y recepcionó las rendiciones de cuentas de la FENAPROFHP, cuando que no estaba habilitada para hacerlo.
Entre abril de 2012 y mayo de 2013, los entonces ministros del MAG Enzo Cardozo y Rody Godoy, respectivamente, autorizaron a través de distintas resoluciones, el desembolso de G. 68.965.418.419 provenientes de fondos propios del ente y del Fonacide, para financiar proyectos de productores frutihortícolas de 188 comités de todo el país.
“Estos desembolsos se realizaron sin contar con proyecto alguno que justifiquen las erogaciones realizadas, ya que, según las constancias, todos los proyectos fueron elaborados con posterioridad a la firma de las resoluciones y fueron presentados recién con la rendición de cuentas”, afirma el Ministerio Público en su acusación.
Según la Fiscalía, el exministro Enzo Cardozo autorizó 7 desembolsos por un total de G. 60.252.639.175 y su sucesor Rody Godoy, otros 3 desembolsos por G. 8.712.779.244.
Beneficio no alcanzó a otros condenados
El primer juicio por el desvío de los G. 68 mil millones concluyó el 22 de diciembre del 2017, fecha en que Silvio César Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo, presidente, vicepresidente, tesorero y contador de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), respectivamente, fueron condenados a 11, 9, 9 y 7 años de cárcel, en ese orden, y enviados a prisión.
A partir de ahí, los condenados han solicitado revisión de medidas en distintas ocasiones, sin éxito.
Tras pasar la Navidad en la cárcel de Emboscada, los condenados solicitaron revisión de medidas con el argumento de que habían cumplido la pena mínima, pues habían cumplido prisión preventiva al inicio del proceso.
El tribunal que los condenó rechazó la revisión, tras sostener que el peligro de fuga está latente, entre otros cuestionamientos, en diciembre del mismo año y en enero del siguiente.
El 25 de enero del 2018, l os camaristas de feria Gustavo Ocampos, José Waldir Servín y José Agustín Fernández ratificaron la prisión preventiva decretada.