Los concejales Alcides Ayala (independiente), Mario Paniagua (PLRA) y Daniel Viveros (independiente) cuestionaron el manejo excluyente, poco transparente, sin control y participación de la Junta Municipal. Apuntan a como se manejaron las concesiones de los principales recursos turísticos que tiene la ciudad, que son sus playas Tacuary, Ybicu’i y Pirayu.
“El 10 de mayo pasado ya le habíamos pedido al intendente la conformación de una comisión interinstitucional para trabajar en un operativo verano, para coordinar temas de seguridad, promoción, y todo lo que tiene que ver con las playas, pero no obtuvimos respuesta. Cuando ya estábamos en plena temporada, sin llamado a licitación previa, nos presenta las propuestas, ya con el pre contrato firmado, pidiendo el tratamiento de urgencia”, refirió Ayala.
Los puntos que cuestionan los concejales refieren a que no se hizo llamado a licitación, no se llamó concurso de ofertas, y no se hizo puso a conocimiento de la Junta Municipal de los términos y condiciones contractuales. “Se manejó con absoluta falta de transparencia todo el proceso, y aprobado a tambor batiente por una mayoría de nueve concejales oficialistas contra tres de la bancada opositora”, indicó.
“A estas alturas de los acontecimientos, pese a que somos parte del gobierno comunal y contralores del ejecutivo, toda la información que tenemos es extraoficial, como por ejemplo que la playa Tacuary fue concesionada a un comerciante de repuestos de Encarnación, Pablo “Willi” Avalos, en la suma de G. 2 millones; que la playa Ybicu’i fue concesionada a una persona de nombre Nelson Oviedo Gamarra, por G. 1,5 millones al mes, quien no tendría la capacidad económica para administrar el negocio, y que la playa Pirayu fue concesionada al español Xavi Baxter por G. 1 millón en temporada alta y G. 200.000 en temporada baja”, indicaron.
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Concesión de playas: no se puede manejar como un negocio privado de unos pocos
“En las redes sociales leímos gran cantidad de mensajes de los leales del intendente que nos tildan de contreras, de no querer a la ciudad. Precisamente porque queremos a la ciudad es que creemos que las cosas se deben hacer correctamente, respetando la ley. Estas son playas públicas, de todos los carmeños, del Estado paraguayo, no se puede manejar como un negocio privado de unos pocos”, sostuvo, a su turno, el concejal Daniel Viveros.
Según relataron los concejales, el caso particular de la playa de la polémica, la playa Pirayu, la presentación de la propuesta y acuerdo de concesión se realizó en un mismo día, sin estudio previo del contenido y las condiciones del contrato, pese a la oposición planteada por los concejales de la bancada minoritaria.
En la playa Pirayú se desató la polémica tras conocerse que el concesionario, un ciudadano español de nombre Xabi Baxter, implementó cobros por el ingreso a la playa con bebidas o sombrillas, hecho que generó críticas entre los visitantes.
“Dado que somos una minoría de tres frente a nueve concejales oficialistas, nuestro reclamo de revisar el contrato fue ignorado por completo. La bancada emitió un dictamen en minoría, en fecha 21 de octubre, en la que solicita se devuelva al Ejecutivo comunal la propuesta, a fin de que una vez obtenida la respuesta de Contrataciones Públicas se proceda conforme a derecho”, según expresa el documento que lleva la firma de los concejales Alcides Ayala, Mario Paniagua y Daniel Viveros.
Ayala mencionó que hace un mes solicitaron copia del contrato al intendente, sin resultado. Hoy (miércoles) pidió en secretaría de la Junta Municipal una copia en PDF del documento, que recibió que el presidente del cuerpo colegiado, Herman Paredes (ANR). Este ordenó “que una vez que entre en la sesión de la Junta, las notas se podrá realizar y retirar las copias”. Intentamos conultar con el presidente de la Junta, pero ya no lo encontramos en su despacho.
El concejal municipal dijo que no tiene elementos para afirmar algo que podría tener consecuencias legales, pero que la forma en que se manejó la concesión de la playa Pirayu hace pensar que detrás existe algún interés no confesado entre el intendente y el concesionario.
La bancada minoritaria aseguró que como contralores del gobierno comunal tienen la obligación de exigir el cumplimiento de la ley.
“Nosotros estamos para defender los intereses de la comunidad en la Junta, sostuvo el concejal Paniagua, quien adelantó que en la bancada están estudiando acciones legales para exigir al intendente el cumplimiento de las normas a que está obligado”.
Periodistas de este medio intentaron hablar con el presidente de la Junta Municipal, pero no lo ubicaron en su despacho, y tampoco atendió una llamada a su celular. Tampoco se pudo hablar con el intendente, para reiterar el pedido de copia de contrato. En secretaría nos informaron que el mismo no se encontraba en la institución.