La acusación de la Cámara de la Cámara Alta por deficiente actuación en la investigación del crimen del fiscal Marcelo Pecci fue presentada este jueves 29 de diciembre de 2022 ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y está patrocinada por el abogado Miguel Ángel Brítez.
La acusación está caratulada “Honorable Cámara de Senadores c/ Abgs. Lorenzo Lezcano Sánchez, Alicia Sapriza Gómez y Federico Delfino, agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, y contra Manuel Doldán Breuer, agente fiscal de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público s/ Acusación”, causa N° 143/2022, para los que se pide la suspensión.
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La causa penal abierta sobre la cual se cuestiona el procedimiento está caratulada como “Persona innominada s/ homicidio”, sobre la cual se funda la acusación de supuesto mal desempeño de funciones de los agentes fiscales intervinientes, por supuestas graves falencias y contradicciones, especialmente, sobre los teléfonos celulares incautados.
Crimen de Marcelo Pecci e incautación del celular de Hijazi
El 10 de mayo de 2022 fue asesinado en Colombia el fiscal especializado en Crimen Organizado Marcelo Pecci, aproximadamente a las 12.30 de nuestro país. Poco tiempo después fue organizada una requisa en celdas de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por parte del subjefe de reclusorio oficial inspector PS Francisco Aguilera, jefe de la 1ª Compañía Antidisturbios (CAD), y el oficial inspector PS Elías Sotelo, teniendo en cuenta que el fiscal asesinado tenía relación con algunas de las personas privadas de libertad en dicho establecimiento y se investigaba la eventual conexión de los mismos con el crimen, según informaron los voceros de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
Agrega el escrito de acusación: Dicho procedimiento fue acompañado por la abogada Juana Jara Ochipinti, asistente fiscal de la Unidad Especializada en Lucha Contra el Crimen Organizado, y consistió en la búsqueda de elementos que pudieran colaborar con la identificación de los autores intelectuales o cómplices del crimen, en el marco de la carpeta fiscal abierta en Paraguay caratulada presumiblemente como “Persona innominada s/ homicidio”, el 10 de mayo de 2022, con los agentes fiscales Alicia Sapriza, Lorenzo Lezcano y Federico Delfino, como agentes especializados en crimen organizado quienes estaban a cargo de la dirección investigativa.
Por su parte, el agente fiscal Manuel Doldán Breuer, en su carácter de fiscal de Asuntos Internacionales, intervino para cooperar con el Ministerio Público de Colombia y realizar diligencias a nivel interno. Esto fue afirmado por Sapriza, fiscala delegada de la unidad, a un medio de prensa local.
En dicha requisa se procedió a verificar las celdas del sector guardia planta baja, 10ª del sector pabellón planta baja y 4D del sector pabellón piso D, de donde se incautaron aparatos telefónicos pertenecientes a los internos Marcelo Raymond Diaz Vélez, Kassen Mohamad Hijazi y Waldemar Pereira Rivas.
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La citada asistente fiscal Juana Jara Ochipinti procedió a retirar los teléfonos incautados en el mismo día. Igualmente, fueron realizadas otras requisas en la penitenciaría de Tacumbú y en un penal del interior de donde fueron hallados además otros aparatos celulares y tablets, según lo manifestado públicamente por el subcomandante de la Policía Nacional, Baldomero Jorgge.
Más de seis meses después, el 17 de noviembre de 2022, el senador Pedro Santa Cruz denunció públicamente la existencia de un contrato de prestación de servicios entre Amílcar Fretes Escobar, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, y Sharif Hijazi, hijo de Kassem Mohamad Hijazi. En ese contexto, aparecen interrogantes respecto a los aparatos celulares incautados el 10 de mayo del corriente, horas después del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
Conforme a lo publicado por un medio de prensa escrita local, el 17 de noviembre de 2022, el fiscal Lorenzo Lezcano afirmó que tras la requisa en la Agrupación Especializada entregó los celulares al fiscal adjunto Marco Alcaraz, por instrucción de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y además, agregó en la misma entrevista “creo que después la DEA se quedó con el celular”. Esto fue desmentido por el fiscal Alcaraz y también por la fiscala general del Estado.
Esta es la primera evidencia del actuar irresponsable de uno de los agentes fiscales acusados, (Lorenzo Lezcano) incumpliendo sus obligaciones constitucionales y legales, poniendo en riesgo evidencias de una investigación que se supone es prioridad nacional e institucional, e incluso personal, de quienes eran colegas y amigos del fiscal Marcelo Pecci, refiere la acusación.
Contradicciones entre agentes fiscales
En primer lugar, según las entrevistas publicadas en medios de prensa, Lorenzo Lezcano dijo desconocer el contenido del celular “porque nunca se hizo la extracción”. Aseguró que se informó de la incautación del celular “a la fiscala general Sandra Quiñónez, al fiscal Manuel Doldán, a Alicia Sapriza y a Federico Delfino también, a todos los que estábamos en ese equipo (de crimen organizado)”.
Sin embargo, el 18 de noviembre de 2022, el Ministerio Público en su página web y en sus redes sociales oficiales publicó declaraciones de la agente fiscal Alicia Sapriza: “Se han incautado teléfonos, los cuales siguen siendo analizados, porque eso lleva su tiempo, y más todavía si tenemos en cuenta la causa de lo que tiene que estudiar, ya que están en otro idioma. Entonces, hay un análisis de inteligencia que tenemos que respetar los tiempos, para poder avanzar”.
También agregó el informe oficial de la Fiscalía que “todo está resguardado, no sé de dónde surgió que eso se había perdido (por los celulares). Es decir, la Fiscalía tiene todo resguardado, se está trabajando y no se ha extraviado nada”.
En las declaraciones oficiales de la agente fiscal Alicia Sapriza, delegada de la Unidad, se evidencia que inicialmente tuvieron intervención en la carpeta fiscal los agentes Lorenzo Lezcano y Federico Delfino, quienes debían tomar todas las medidas de asegurar la cadena de custodia con la finalidad de no viciar el manejo, evitando así la contaminación, alteración, daños, reemplazos o destrucción de las mismas. Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia (celulares, laptops).
Posteriormente, según lo referido por la propia fiscal delegada Alicia Sapriza, entró a intervenir el fiscal Manuel Doldán quien confirmó que él fue el nexo que buscaba el recibimiento de los teléfonos levantados. “Yo escribí una nota confidencial a esa agencia internacional solicitando la cooperación para poder recibir de los fiscales de Crimen Organizado. Mi función fue dar el trámite de legalidad, pero sin tocar evidencia y mucho menos su contenido”. Entonces es menester que en el marco del enjuiciamiento al fiscal de Asuntos Internacionales se indague si efectivamente dio el “trámite de legalidad” y bajo el control judicial.
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Afirman que fiscales desacreditaron imagen del MP y piden suspensión
La acusación del Senado asimismo refiere que las autoridades del Ministerio Público cayeron en varias contradicciones y una vez más desacreditaron la imagen institucional ante la sociedad. Los agentes fiscales como Lorenzo Lezcano, Manuel Doldán y la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tuvieron posturas y manifestaciones contrapuestas en relación al celular incautado y sobre su contenido.
Finalmente, la acusación del Senado solicitó el enjuiciamiento de los fiscales acusados de mal desempeño de funciones y suspenderlos preventivamente mientras tanto se sustancie el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para su posterior sanción por presunto mal desempeño de funciones.
Los cuestionamientos a los fiscales
Según la acusación, los fiscales denunciados han omitido realizar actos investigativos como:
a) la extracción de datos y el peritaje de los aparatos incautados a efectos de tener conocimiento sobre los investigadores en el asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci, conocer además de los supuestos autores intelectuales (instigadores), a los demás intervinientes colaterales del caso, habiendo transcurrido 7 meses entre la incautación de los celulares.
b) La omisión de llevar adelante la desgrabación de los celulares incautados, a los efectos de llevar adelante un análisis del contenido y una eventual acusación fundada en elementos de convicción y de permitir a los órganos jurisdiccionales llegar a la verdad real en el caso “Marcelo Pecci”, tanto en el proceso penal desarrollado en Colombia como en Paraguay.