El Ministerio Público designó al fiscal de Concepción Carlomagno Alvarenga como responsable de la investigación abierta sobre el cuestionado Hilario Adorno, colorado oficialista e intendente de Puerto Casado.
Adorno había sido denunciado por concejales municipales debido a una serie de irregularidades en el manejo de los fondos comunales.
Largo historial de denuncias
Una serie de denuncias salpican a los miembros del clan Adorno de Alto Paraguay. El grupo familiar está encabezado por José Domingo “Mino” Adorno, gobernador del departamento chaqueño y aspirante a la Cámara de Diputados.
“Mino” es seguido por su hermano, Hilario Adorno, quien se desempeña como intendente de Puerto Casado. Precisamente la denuncia más reciente contra el clan apunta al jefe comunal. Concejales municipales casadeños acercaron a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Diputados y hasta al Ministerio de Hacienda una serie de denuncias sobre irregularidades groseras cometidas por la administración de Adorno.
Entre las denuncias figuran el desvío de dinero, la emisión de cheques sin fondos para el pago a proveedores, la adquisición de bienes por parte del intendente aparentemente con recursos de la municipalidad y el no pago de salario a funcionarios y ediles.
El caso llegó a la Cámara de Diputados, donde la legisladora Rocío Vallejo planteó un pedido de informes aprobado por el pleno y en el que solicitan detalles de la situación patrimonial de la institución.
Pero Hilario no es el único miembro del clan Adorno con varias denuncias en su contra. El gobernador de Alto Paraguay, “Mino” Adorno fue denunciado ante la Fiscalía por irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República con respecto al uso del Fondo de Emergencia en el marco de la pandemia de coronavirus.
Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios a las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.
Concejales departamentales se ratificaron en la denuncia planteada por el gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno.
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Otro punto cuestionado por la CGR es que la administración de Adorno decidió destinar G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco para fines que no están sustentados en el acta de constitución legal del mismo.
En resumen, los G. 2.265 millones fueron transferidos a la agrupación religiosa para realización de obras, pero esta finalidad no está registrada dentro de sus objetivos.
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Las facturas presentadas por el Vicariato, encabezado por monseñor Gabriel Escobar, demuestran inconsistencias y que la realización de obras de infraestructura no forman parte de sus objetivos. El informe agrega además una larga lista de otras irregularidades detectadas por la CGR.
El caso es manejado por el fiscal Juan Ledesma, quien hace meses tiene la causa pero no ha realizado imputación alguna.