Por otro lado, el Ministerio Público solicitó para los coacusados Víctor Ocampos, Roberto y Fernando Ferreiro, la imposición de una pena de prisión de 6 meses. Por su parte, las defensas de los acusados solicitaron la absolución de los procesados.
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El defensor del exintendente capitalino, abogado Guillermo Ferreiro, había manifestado en varias ocasiones que en la imputación presentada por la fiscala Stella Mary Cano, contra su cliente “no se le atribuye ningún hecho punible” y ni siquiera es mencionado en el supuesto grupo de Telegram “Asado de fin de semana”, tampoco en la charla entre la exdiputada Rocío Casco y el querellante adhesivo Alfredo Guachiré.
El lunes, sentencia
El tribunal de sentencia que está integrado por las juezas Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Elsa García, dispuso que el juicio oral y público prosiga el lunes próximo con la réplica y dúplica por parte de unas de las defensas.
Posteriormente a este acto, el tribunal colegiado dictará sentencia.
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La acusación
El Ministerio Público representado en el juicio oral y público por la fiscala Stella Mary Cano ratificó en la audiencia pública que el exintendente de Asunción Mario Ferreiro y otros cuatro procesados montaron una “caja paralela” a la oficial de la Comuna, que funcionaba a través del grupo de Telegram llamado “Asado de fin de semana”.
La acusadora refiere que Mario Ferreiro consentía la tramitación irregular de pago a proveedores, a través del grupo conformado junto con Víctor Ocampos, Fernando Ferreiro, Roberto Ferreiro y Carlos Marcelo Mancuello, específicamente a la firma Ocho A SA, correspondiente a la ejecución del contrato de “Servicio de señalización horizontal y vertical de varias calles de Asunción”.
Según la acusación fiscal a través de la maniobra dolosa se ocasionó un perjuicio patrimonial a la Comuna de G. 1.611.710.511, transferido indebidamente a la empresa Ocho A.
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Denuncia de Camilo Soares
La fiscala Cano resaltó en la audiencia pública que la investigación surgió luego de una denuncia presentada por Camilo Soares, quien afirmó que supuestamente buscaban incriminarlo con irregularidades e ilícitos que ocurrían dentro y fuera de la Municipalidad de Asunción.
Dicha denuncia ocasionó un allanamiento en la sede de la comuna, en diciembre de 2019, y luego la imputación del entonces intendente.