ARP critica al ministro Fretes, pero defiende a la fiscal general, Sandra Quiñonez

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes debe dar un paso al costado y renunciar a su cargo, aseveró el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli, en el marco de la cena de fin de año del gremio, el sábado último. Fretes está vinculado a un caso de una aparente coima documentada que tiene a su hijo de protagonista y que hace referencia también a un posible tráfico de influencia.

La Fiscala Sandra Quiñonez, con el titular de la Rural, Pedro Galli en la cena de fin de año de la Asociación Rural del Paraguay, el sábado último.GENTILEZA
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El titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli, por un lado se tiró contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, pero el otro, compartió la cena de confraternidad con la cuestionada fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, también salpicada por supuestos hechos de corrupción en la Fiscalía.

Consultado al respecto, el titular de la ARP justificó que los casos del ministro Fretes y de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez son totalmente distintos.

“La fiscal general del Estado no tiene ninguna sola acusación de corrupción, que es distinto al caso del ministro de la Corte Antonio Fretes”, argumentó. Añadió que la Rural había exigido una investigación a Quiñonez en su momento cuando la Embajada de los EE.UU. informó sobre pesquizas a autoridades locales. Pero luego ella fue sometida a Juicio Político y fue exhonerada. “Ella sigue al frente del Ministerio Público y nosotros respetamos el Estado de Derecho. Como gremio siempre criticamos o presionamos para que se lleven adelante las investigaciones, pero más de eso, no. No podemos ejercer las funciones de las propias instituciones, no estamos para investigar, mucho menos para juzgar”, expresó.

Una decena de casos importantes, la mayoría de ellos relacionados al expresidente Horacio Cartes y su entorno cercano, fueron cajoneados en el Ministerio Público durante la gestión de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, según se le cuestiona a Quiñónez.

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