En comunicación con ABC Cardinal este martes, Cecilia Pérez, elegida por el Consejo de la Magistratura como integrante de la terna de candidatos para reemplazar a Sandra Quiñónez como fiscal general del Estado, hizo una valoración de la situación actual del Ministerio Público en varios aspectos y detalló algunas medidas que buscará implementar si es elegida para el cargo.
Pérez, exministra de Justicia y exasesora de Seguridad de la Presidencia de la República durante la actual administración del presidente Mario Abdo Benítez, señaló la importancia del concepto de “oficiosidad” -que los delitos de acción penal pública se investiguen de oficio siempre que haya elementos mínimos que indiquen la posibilidad de un hecho punible–, pero señaló que ese concepto también se puede prestar a abusos.
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“Hay que investigar, no ir de pesca a ver qué encontrás; eso tiene un riesgo político de convertirte en un garrote”, señaló.
Es necesario “abrir investigaciones con los elementos”, sustentándose en un elemento estructural como una denuncia policial y explicar el motivo concreto de la investigación, agregó la exministra de Justicia. Para eso, señaló, es necesario unificar criterios dentro del Ministerio Público.
“Sin perjuicio de la autonomía jurisdiccional de los fiscales, tiene que haber unos lineamientos que hoy, yo por lo menos, no veo, además de bajar la línea tiene que darse publicidad a esos lineamientos”, consideró.
Prisión preventiva y medidas alternativas
Como ejemplo de la necesidad de esa unificación de criterios, señaló las solicitudes de medidas alternativas a la prisión por parte de fiscales.
“En casos de lavado de dinero y asociación criminal, la ley te permite una suspensión condicional, pero si vas a favorecer con una salida alternativa tenés que tener reglas claras”, dijo, relatando un caso en que un denunciante era copartícipe del delito investigado, habiendo admitido el uso de facturas falsas, “y se le otorgó criterio de oportunidad para colaborar con el proceso y se fue a dar clases de ética”.
“En otros casos, por una cosa menor se va a juicio penal, se satura el sistema con eso”, agregó, indicando que así se favorece indebidamente a personas con acuerdos “por debajo de la mesa”.
Pérez también señaló la necesidad de revisar la forma en que se aplica la prisión preventiva en Paraguay, citando como referencia el trabajo de “depuración” de personas bajo ese régimen durante la pandemia de covid-19, mientras ella era ministra de Justicia, señalando que una depuración como esa se debe realizar en coordinación con el Poder Judicial revisando exhaustivamente los parámetros a aplicar.
“Hay que terminar con la prisión preventiva por hurto de dos llantas”, ilustró.
En contrapartida, señaló que hay ejemplos en los que las autoridades son “supergarantistas con el narco y no les importa el de las tres cubiertas”.
Cooperación internacional
La exministra Pérez señaló que la cooperación con las autoridades judiciales y gobiernos de otros países es clave para el combate al crimen organizado transnacional, señalando que la situación geopolítica de Paraguay es particularmente desfavorable y ha convertido al país en un corredor de tránsito de actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico.
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“Pero todos los procesos tienen que estar transparentados, nosotros tenemos que buscar nuestras propias herramientas”, enfatizó.
Luego de la selección de la terna de candidatos, esta pasa a consideración del Poder Ejecutivo, que debe proponer a una de las tres personas seleccionadas como nuevo fiscal general. El Senado entonces votará a favor o en contra de esa designación.