Otra denuncia contra el clan Fretes por un valioso inmueble

Representantes de una empresa denuncian el supuesto despojo de un inmueble ubicado en San Bernardino y apuntan al síndico de Quiebras, Blas Velázquez, vinculado al presidente, con permiso, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes. El predio fue vendido en 10 veces menos de su valor real de mercado.

En el terreno se está trabajando para habilitar un proyecto habitacional, por lo que la gente de Sierra del Lago hizo una denuncia por invasión. La zona tiene un Valor inmobiliario millonario, por su ubicación estratégica y su maravillosa vista.ABC Color
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Se suma otra denuncia contra el síndico de Quiebras, Blas Velázquez, protegido del ministro de la CSJ, Antonio Fretes. La denuncia es por el despojo de una propiedad en San Bernardino. “En el año 1992, mi padre, el doctor Ruben Hug, compró estas tierras del señor Derlis Esteche. Nosotros tenemos los títulos, los documentos, todo”, dice la abogada Natalia Hug de Belmont, de la empresa Sierra del Lago, quien lleva el caso en representación de su familia.

La zona es maravillosa. Desde el lugar, al lado del histórico anfiteatro, la altura permite tener una vista imponente del lago y los alrededores de toda San Bernardino.

El inmueble tiene 21 hectáreas y desde 1992 pasó su administración a un proceso de fideicomiso del entonces Banco de Inversiones del Paraguay (BIPSA). Según la abogada Natalia Hug, todo iba normal hasta que llegó la quiebra de BIPSA, decretada el 13 de mayo de 2004.

Desde entonces, recuperar esas tierras ha resultado imposible para la familia, principalmente por los sucesivos cambios de síndicos que se tuvieron en el proceso, indica la abogada Hug. Sin embargo, todo cambió cuando llegó a la sindicatura Blas Velázquez Fernández.

“El proceso de quiebra de BIPSA siempre se trató en el Juzgado del Sexto Turno en lo Civil y Comercial del Poder Judicial. Después, pasó al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno, a cargo del juez Agustín Rivas Laguardia. Desde ese momento, el proceso fue increíblemente rápido y arbitrario”, dice la abogada.

Según Hug de Belmont, el proceso ha tenido aberraciones jurídicas y cita como ejemplo principal el hecho de que existe una demanda de reivindicación de esa propiedad mediante la cual lograron medidas cautelares de no innovar sobre esas fincas. Es decir, que mientras dure el proceso, el inmueble no podría ser negociado.

“Yo tengo las documentaciones que presenté ante el juez Rivas Laguardia de que Sierra del Lago no tiene deuda con la quiebra y que las obligaciones están totalmente respaldadas. Por eso venimos solicitando la restitución inmediata de los bienes fideicomisos (El inmueble) a favor de la empresa Sierra del Lago”, expone.

La abogada menciona que el artículo 25 de la Ley 921, de Negocios Fiduciarios, es muy claro al respecto. “El artículo dice que se deben restituir los bienes fideicomisos al fideicomitente o a sus herederos o al beneficiario, según el caso, una vez terminado el negocio fiduciario por cualquier causa y efectuada su liquidación conforme a la ley”, asegura.

Dice que BIPSA nunca fue la dueña de esta propiedad, porque tenía la administración en forma de fideicomiso para un proyecto inmobiliario en el lugar.

El Clan Fretes

Obreros estuvieron trabajando en el terreno. Los de Sierra del Lago aseguran que hay una orden judicial para que no se pueda trabajar en el lugar.

Hug de Belmont señala que cuando leyó las publicaciones de ABC Color sobre el clan Fretes y su vinculación con el síndico Velázquez Fernández, entendió por qué su caso no avanza a su favor.

Sigue relatando que, tras la salida por jubilación del juez Hugo Becker del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Séptimo Turno, fue nombrado en su reemplazo el juez Agustín Rivas Laguardia, en diciembre de 2019.

Para ese entonces, el caso “Banco de Inversiones Paraguay SA (BIPSA) s/ Quiebra”, expediente N° 280 del año 2004, pasó al Séptimo Turno, a cargo de Rivas Laguardia.

En apenas un año, la situación cambió radicalmente en cuanto a los tiempos, relata Hug de Belmont.

Para octubre de 2020, menos de un año, el síndico Blas Velázquez, ya tenía ofertas de varias empresas interesadas en hacerse con el predio ubicado en San Bernardino.

“A pesar de todos mis urgimientos, de mis denuncias, de mis pedidos para que me tengan en cuenta. Hicieron todo con mucha alevosía” dice la abogada.

Precios regalados

Según el A. I. N° 37 del Juicio “BIPSA S/ Quiebra” del 15 de enero de 2021, firmado por el juez Agustín Rivas Laguardia, se decidió aprobar la oferta realizada por la empresa Valores Casa de Bolsa SA de G. 8.001.000.000 para hacerse dueña de las 21 hectáreas reclamadas por la abogada Hug de Belmont.

Al cambio actual, la mencionada suma representa unos US$ 1,1 millones de dólares. En guaraníes, el precio en el que fue vendido esta propiedad ronda los G. 381.000.000 la hectárea, unos US$ 54.428 al cambio actual.

Según tasadores inmobiliarios, un inmueble en ese lugar, con las condiciones que presenta, tiene un costo de mercado actual de G. 4.200 millones, unos US$ 600.000 la hectárea.

Según Natalia Hug de Belmont, el inmueble no puede pasar a nombre de la empresa Casa de Valores SA porque hay un juicio pendiente y, además, porque Sierra del Lago apeló la resolución del juez Rivas Laguardia.

La decisión ahora para resolver la apelación está a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Quinta Sala de la Capital.

El caso Ciervo Cue

Ya entre enero de 2020 y 2021, Blas Velázquez se vio envuelto en un caso de despojo de cientos de lotes ubicados en una zona exclusiva de San Bernardino.

Eduardo Heisecke Mazó y su esposa, Ingrid Carolina Schauman, se vieron favorecidos al quedarse con unos 140 lotes en la zona de Ciervo Cue, en las afueras de la ciudad veraniega.

En total, la empresa Carwa SA, propiedad de la pareja, pagó apenas G. 480 millones para hacerse con estos predios.

La venta de estos terrenos se dio, justamente, por medio de la quiebra de una empresa inmobiliaria y estuvo a cargo del síndico Blas Velázquez.

Heisecke Mazó figura como directivo de Royal Seguros SA, donde es socio comercial de Juan Carlos López Moreira, gerente del Grupo Cartes y exjefe de Gabinete Civil del expresidente Horacio Cartes.

“Todo en orden”

Mathías Angulo, uno de los directivos de Valores Casa de Bolsa SA, la empresa que fue adjudicada con el inmueble tras la quiebra de BIPSA SA, dice a ABC Color que ellos están tranquilos porque han cumplido con todas las normativas referentes al proceso de adjudicación. Señaló que ya tienen la escritura pública del título de la propiedad y que, además, cuando fueron adjudicados, pagaron los impuestos de 30 años de la propiedad.

“Nosotros nos presentamos al llamado y realizamos todo de acuerdo con lo que estipula la Ley. Tenemos todo en orden. Vimos una posibilidad de inversión y trabajamos en eso”, asegura Angulo.

Nadie investiga los casos denunciados

La abogada Natalia Hug de Belmont ha presentado distintas denuncias formales en torno a este caso, pero en ninguna instancia ha tenido alguna respuesta favorable.

En agosto de 2021, denunció ante la fiscala general de la República, Sandra Quiñónez, al síndico de Quiebras, Blas Velázquez, por hechos punibles de lesión de confianza, enriquecimiento ilícito en la función pública y la obstrucción a la restitución de bienes.

También ha presentado denuncias contra la empresa Valores Casa de Bolsas ante la Comisión Nacional de Valores en junio de 2021 y ante la propia Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en agosto de este año. En ambos casos, por presunto caso de posible lavado de activos.

En marzo de 2021 presentó una denuncia por prevaricato y mal desempeño en sus funciones contra el juez Édgar Agustín Rivas Laguardia, justamente por su procedimiento en este caso de la quiebra de BIPSA.

Un mes después, en abril de ese año, recusó al juez Rivas Laguardia para que atienda el caso de la quiebra de BIPSA. Pero esta recusación fue rechazada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno de la Capital, Mafalda Cameron Luque.

En cuanto a la denuncia ante la fiscalía, según la abogada Hug de Belmont, luego de un buen tiempo de que el caso no tenga seguimiento, ahora al menos sabe que ya tiene una fiscal a cargo, que es la abogada Diana Laterza, agente fiscal en lo penal de la Unidad 18 de Asunción.

La acción judicial más reciente tiene que ver con la realizada el pasado 25 de noviembre, cuando la abogada presentó un escrito ante la comisaría de San Bernardino, alegando invasión de propiedad ya que, ese día, encontró que había un grupo importante de obreros trabajando en el predio en cuestión.

De hecho, el inmueble tiene amurallado gran parte de su perímetro, que fue terminado recientemente. Las obras, sin embargo, por ahora pararon, tras la denuncia.

Desde ABC, se intentó tener la versión de Blas Velázquez, pero las veces que se llamó, su teléfono celular dio apagado.

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