El imputado Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector general de Gabinete de la administración del destituido gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR, cartista), el “Número 2″, ayudó a su exjefe y planteó una chicana, precisamente un día antes de la audiencia preliminar del destituido jefe departamental.
Robles será representado legalmente por la abogada Zulma Fatecha, quien tiene causal de inhibición con la jueza María Elena Cañete. La audiencia estaba fijada para hoy miércoles, pero Robles presentó ayer martes un escrito al Juzgado de San Lorenzo mediante el cual otorga poder a la letrada Fatecha para defenderlo en la causa en la cual es investigado por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.
A modo de aclaración, la magistrada Cañete manifestó que en diciembre de 2014 ya se había inhibido en otra causa penal en la que Fatecha también era defensa en un caso de abuso sexual en niños.
Ahora, el Tribunal de Apelación de Asunción debe resolver a qué Juzgado será remitido el expediente en el que se investiga el presunto desvío de G. 5.105 millones, del fondo covid-19 que el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre del 2020 para la reactivación económica dentro del departamento.
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Sin embargo, las obras previstas no se hicieron, el dinero desapareció y en la rendición de cuentas de la supuesta ejecución de los recursos, la ONG beneficiada y la Gobernación presentaron decenas de facturas clonadas para “justificar” el gasto.
Fiscalía pide juicio oral
Los fiscales de la causa Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera presentaron acusación contra Hugo Javier y otras siete personas el pasado 1 de noviembre y solicitaron elevar la causa a juicio oral. Los hechos investigados son presunta lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Hoy debió realizarse la audiencia preliminar de González Alegre, así como de los exfuncionarios de la Gobernación Karina Mazacotte Widmar, Adalberto Benítez Aguilera, Lourde Lezcano Decoud, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araújo, Modesta Escobar Valiente y Édgar José Zaracho Quintana. Sin embargo, la chicana planteada por Robles sirvió de ayuda para suspender la diligencia judicial y de esta manera dilatar el proceso.
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Recién para el 9 de diciembre estaba prevista la audiencia de imposición de medidas para Miguel Ángel y Natalia Velenzuela, exjefa de Equidad, Género y Desarrollo Humano, también imputada recientemente en el mismo Juzgado ante la jueza María Elena Cañete, pero la chicana fue presentada llamativa y estratégicamente ayer y por ello se suspendió la preliminar. El Ministerio Público pidió arresto domiciliario como medida cautelar para ambos.
Cañete decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y la prohibición de innovar y contratar para Robles y Valenzuela.
Hipótesis: Robles era la cabeza
La imputación de los fiscales sostiene que Miguel Robles “habría sido quien dirigió la organización de los hechos descritos en la presente causa, los cuales habrían causado un perjuicio patrimonial al Estado, ya que los fondos no habrían sido utilizados para los fines establecido en la Ley respectiva; es más, la Fundación (CIAP) no habría administrado ni realizado pago alguno a los supuestos proveedores, pues en todas las tratativas se verían involucrados funcionarios de la Gobernación”.
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Los G. 5.105 millones le fueron transferidos nuevamente a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), cuyo titular, síndico y tesorero, Tadeo Álvarez, Nicolás Álvarez y Paulino Palacios, respectivamente, también fueron procesados. La Fiscalía comprobó que las obras declaradas como ejecutadas con el millonario recurso ya existían incluso desde seis meses antes.
Esta fundación era la encargada de ejecutar las obras de infraestructura, sin estar habilitada para el efecto, según su estatuto social que no fue modificado desde su creación. De esta irregularidad eran conscientes Hugo Javier y demás colaboradores del esquema que crearon dentro mismo de la institución departamental.
¿Quién es Miguel Robles?
Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra es conocido como “maletinero” por sus antecedentes que datan del año 2008 cuando se desempeñaba como funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Fue imputado por soborno agravado luego de ser denunciado por el propio presidente de la institución de aquel entonces, Albino González, por participar de una rosca de recaudación paralela en “maletines para la corona” o los “jefes de turno”.
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En total 13 funcionarios portuarios, entre ellos Robles (exadministrador en Chaco’i), fueron filmados con cámaras ocultas e imputados luego por “soborno agravado” por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio. De esa forma se desarticuló una red que se dedicaba a la recaudación en negro en las oficinas de la ANNP para maletines “para la corona” que entregaban de manera semanal y quincenal, según los datos.
De este proceso, Robles terminó absuelto en 2018 debido a la prescripción de la causa.
En la Gobernación de Central, Robles fue puesto por Horacio Cartes, padrino del gobernador destituido Hugo Javier González, como uno de los “asesores de lujo” junto con otro “maletinero” Omar Picco (actual presidente del Indi) “para que el gobernador se luzca”. En la institución departamental, Robles fungió de “gobernador de facto”.