Para el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, la condena dictada podría tener consecuencias devastadoras para el periodismo, porque litigios como este buscan generar un efecto paralizante e intimidatorio en los periodistas.
Considera que mediante este efecto paralizador no solo se busca perjudicar económicamente a los medios y desalentar el periodismo de denuncia, sino que también arrebatar un derecho adquirido por los medios de prensa y la ciudadanía en sí.
“Seguimos con atención el desarrollo del proceso y las posibles instancias que continúen. Entiendo que el medio va apelar esta sentencia. En este caso la decisión fue una condena”, manifestó.
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Gobiernos no deben paralizar la crítica
Jornet se mostró preocupado porque desde la declaración de Salta sobre libertad de expresión en el entorno digital, se establece que los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de funcionarios públicos, cuando se trata de asuntos de interés público. Esto, dijo, no lleva a la impunidad total para ejercer el periodismo, pero sí a una mayor apertura de los funcionarios a la crítica.
Cuando son motivos de señalamientos por parte de un medio de comunicación respecto de alguna acción que pueda generar reacción en materia de que pueda haber algún hecho que sea no encuadrado dentro de la ley, la necesidad de informar de transparentar lo ocurrido es mayor que en el caso de un ciudadano común, indicó.
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Puede llevar al cercenamiento del derecho a informar
“Si creemos que este tipo de condenas pueden llevar a un cercenamiento del libre derecho a informar y genera una autocensura en otros periodistas y medios”, afirmó.
En cuanto a otros efectos colaterales, señaló que podría darse que otros funcionarios se sientan en derecho de iniciar acciones judiciales en vez de hacer lo que debe hacer un funcionario público, que es transparentar el modo en que se ha actuado, brindar toda la información necesaria a la ciudadanía. Los documentos internacionales hablan de la necesidad de un libre acceso a la información pública y la necesidad de que los funcionarios rindan cuenta al pueblo de sus acciones.
La condena encierra un riesgo importante
“Reaccionar a una crítica con una querella contra el medio y llevar a una instancia de condena encierra un riesgo importante” para la posibilidad del periodista de informar y de que el pueblo sea informado, generándose el debate ciudadano sobre el control de sus gobernantes, según expresó.
Lamentablemente, dijo, hay una tendencia creciente de criminalizar la tarea periodística; en algunos casos se lleva a los denunciados a instancias penales y se amenaza con la cárcel contra periodistas que hayan acusado a un funcionario público.
Dos vicepresidentes de la comisión que encabezo están en prisión por supuestos delitos denunciados por el gobierno. Ese, consideran, es un grado mayor de presionar a la prensa para que no investigue a los poderes públicos.
Con la mayor amplitud posible
“Creemos que los periodistas y la sociedad toda deben trabajar por la libertad de expresión y mayor amplitud posible de acceso a la información pública. En esto, los países latinoamericanos todavía tenemos una deuda”, manifestó.
Con la pandemia, muchos gobiernos de la región dieron marcha atrás con los avances que se habían logrado.
“Seguimos con mucha atención estos casos, esperamos que la instancia de apelación sea abierta”, dijo.