La magistrada Alicia Pedrozo tomó esta determinación tras el rechazo de dos chicanas planteadas contra ella por las defensas de Reinaldo Javier Cabaña, alias “Cucho”, y otros acusados en el caso Berilo, por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y su confirmación al frente de la causa. Con esto, tuvo vía libre para fijar una fecha para realizar la audiencia preliminar a los afectados.
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Los recursos extraordinarios de casación rechazados por el máximo tribunal fueron planteados por las defensas de Cabaña Santacruz, Yisella Noemí Ramírez, Hugo Martín Ríos, Alcides Villagra Giménez, Melchor Cabrera, Wilder Amarilla y Cristian Vázquez. Todos ellos están acusados en el marco de la causa Berilo.
Con las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema, integradas por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, quedaron confirmados los fallos de la jueza Pedrozo y el Tribunal de Apelaciones, que admitieron la acusación presentada por el fiscal adjunto Marco Alcaraz.
Financió la campaña de Quintana
En la audiencia preliminar que se inició el 9 de agosto la fiscala antidrogas Lorena Ledesma ratificó la acusación contra Cabaña Santacruz, por presunto tráfico internacional y comercialización de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, y contra el diputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado (44) por presunta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero.
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La agente del Ministerio Público relató que, según los elementos de prueba, Cucho Cabaña lideraba una red de tráfico de drogas y con el dinero obtenido mediante este hecho punible financió la campaña política de Ulises Rolando Quintana Maldonado (ANR, cartista) para que este ingrese a la Cámara de Diputados.
Ledesma resaltó además que la organización criminal liderada por Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia que luego eran trasladados hasta el departamento de Alto Paraná, para su posterior envío al Brasil. Asimismo, el referido grupo delictivo inyectaba activos provenientes del narcotráfico al sistema financiero paraguayo.