Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, presentaron ayer la acusación contra el exgobernador del departamento de Central, Hugo Javier González Alegre (colorado cartista) y otras siete personas. Todos están investigados por la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Además, solicitaron que la causa, más conocida como “facturas clonadas”, sea elevada a juicio oral y público. El Ministerio Público investiga el presunto desvío de G. 5.105 millones del fondo covid-19, que el Ministerio de Hacienda transfirió a la Gobernación de Central para reactivación de la economía en el departamento Central durante la pandemia, es decir, generar fuentes de trabajo.
De acuerdo a la investigación fiscal, en la rendición de cuentas aparecen varias facturas clonadas, así como servicios que no fueron prestados, entre otras anomalías.
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Los agentes del Ministerio Público también imputaron a otras dos personas en esta misma causa. Los nuevos procesados son Miguel Ángel Robles Ibarra, director de Gabinete de la Gobernación durante la administración de Hugo Javier, y Natalia Soledad Valenzuela Gómez, exjefa de Equidad, Género y Desarrollo Humano. En total son 17 personas procesadas en el escandaloso caso.
Robles habría coordinado presunto desvío
Según el acta de imputación, el 29 de diciembre del año 2020, el entonces gobernador Hugo Javier González Alegre, por medio de dos resoluciones presuntamente firmadas también por la también imputada Lourdes Verónica Lezcano Decoud, exsecretaria general de la Gobernación, habría autorizado los desembolsos de millonarias sumas de dinero para ejecución de obras.
La Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), cuyo presidente es Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, también imputado, fue la beneficiada con financiamiento proveniente de los fondos para la reactivación económica en el marco de la emergencia sanitaria declarada por ley en pandemia del covid-19, incluso sin tener a la vista proyectos concretos que justifiquen la erogación.
En este contexto, Miguel Ángel Robles Ibarra, entre mayo y julio de 2021, habría coordinado con otros funcionarios de la Gobernación de Central, representantes de la Fundación CIAP y contratistas, la creación, modificación y adecuación de los convenios específicos, contratos de obras, facturas y respaldos documentales que justificarían cuatro desembolsos (G. 5.105 millones) efectuados por la Gobernación de Central.
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Reemplazó facturas
Las justificaciones de la supuesta ejecución del dinero fueron presentadas en una rendición de cuentas en la Contraloría General de la República (CGR) en dos momentos: el primero fue efectuado el 25 de mayo de 2021 y el segundo en julio del mismo año.
Según la primera rendición, Miguel Robles, en mayo de 2021 habría solicitado al presidente de CIAP, Tadeo Álvarez, datos escaneados de su entidad, es decir, el RUC, cédulas de identidad de Tadeo Álvarez (presidente) y Paulino de los Santos (tesorero), escritura pública y otros documentos. La ONG debió presentar todo lo requerido antes de los desembolsos efectuados por la Gobernación de Central.
Además, supuestamente se comprometió a rediseñar esta presentación porque en ella existían varias facturas irregulares, ya que eran clonadas o no emitidas por los titulares.
Para “rediseñar” la rendición de cuentas hizo que dichas facturas irregulares sean reemplazadas por otras facturas para presentarlas en una “nueva rendición”. Se sospecha que Robles habría tenido a su disposición una factura original que sería la presentada irregularmente y que posteriormente habrían querido negar.
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“El producto” y “el bunker”
En la segunda rendición en la CGR se presentaron supuestos convenios, contratos, facturas y otras documentaciones que englobaban cuatro desembolsos y se distribuían en 14 obras que ya terminaron antes de diciembre de 2020. O se iniciaron antes de esta fecha o ya estaban en plena ejecución cuando se hicieron los desembolsos.
Miguel Robles, entre junio y julio de 2021 habría preparado y entregado para la firma a Tadeo Álvarez, presidente de CIAP, y al entonces gobernador de Central, Hugo Javier González, documentación en biblioratos a los que llamaba “el producto”.
Así también, ofrecía un dosier de fotos que lo tenía preparado en un lugar que denominaba “el bunker”. Además, se habría encargado de coordinar la verificación de las obras y delegado algunas actividades a Karina Mazacotte (imputada en la misma causa). Inclusive habría dirigido el discurso que se daría a los medios de prensa sobre la situación.
Miguel Robles tenía un equipo que se encontraba en el “campo de batalla” organizando la documentación “papelito por papelito” y la estrategia habría sido desconocer la primera rendición donde existían varias facturas irregulares.
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Negaron primera rendición
De hecho, ante el escándalo generado tras las primeras publicaciones de nuestro diario en junio del 2021 sobre las primeras facturas clonadas Tadeo Álvarez negó que la primera rendición respecto al millonario desembolso de G. 5.105 millones, publicada en el portal de la Contraloría General de la República (CGR), haya sido cargada por la ONG CIAP. Incluso, emitió un comunicado institucional.
Por otra parte, la Gobernación de Central también emitió un comunicado sobre la situación en la que menciona que “una tercera persona” malintencionada inventó la primera rendición y la presentó ante la CGR. Es más, decía que CIAP había denunciado el caso en la Fiscalía, pero nunca transcendió dicha presentación.
Influencias en organismos de control
Robles Ibarra les afirmaba a todos los colaboradores del esquema delictivo que él tenía “el control de los hechos” e incluso habría asegurado “que mantenía conversaciones con autoridades de organismos administrativos de control”.
Robles organizó el perjuicio
En el acta de imputación, los fiscales intervinientes sostienen que “el imputado (Miguel Robles) habría sido quien dirigió la organización de los hechos descritos en la presente causa, los cuales habrían causado un perjuicio patrimonial al Estado, ya que los fondos no habrían sido utilizados para los fines establecidos en la Ley respectiva, es más, la Fundación (CIAP) no habría administrado, ni realizado pago alguno a los supuestos proveedores, pues en todas las tratativas se verían involucrados funcionarios de la Gobernación”.
ONG CIAP no administró el dinero
El 29 de diciembre de 2020, el destituido gobernador Hugo Javier González Alegre, habría autorizado desembolsos sin contar con convenios ni proyectos específicos, sobre las obras mencionadas en la rendición que fueron ejecutadas aparentemente durante la pandemia.
Tampoco existirían vínculos de pagos por la ONG CIAP a los supuestos proveedores y se sospecha que, Natalia Valenzuela (imputada), exjefa de Equidad, Género y Desarrollo Humano de la Gobernación de Central, a inicios de febrero de 2021, luego de que Paulino De los Santos Palacios Recalde (imputado), tesorero de CIAP, retirara cuatro cheques de la institución departamental, en compañía de Nicolás Álvarez Doria (imputado), síndico de CIAP, habría recibido los cheques en una estación de servicios del emblema Petrobras, que se encuentra en las inmediaciones de la Gobernación. Posteriormente - siempre de acuerdo a la investigación - habría entregado para se efectivizados en inmediaciones del Banco Nacional de Fomento.
Luego de que Paulino De los Santos Palacios Recalde y Nicolás Álvarez Doria efectivizaran la suma total Gs. 5.105.600.000, Natalia Valenzuela, habría recibido todo el dinero en efectivo. Es decir, los responsables de la fundación no habría administrado la plata pues, además, los investigadores tienen elementos que indican que, tanto en la elaboración de la documentación respaldatoria, como en la relación con los supuestos contratistas, estaban involucrados funcionarios de la Gobernación de Central.
Valenzuela, conocida como “Ña Proyectos”, según fuentes también habría formado parte de la elaboración de la documentación que debían respaldar los desembolsos ya que en mayo del 2021 habría recibido de la Fundación la constancia de IDAP de Contabilidad Pública, datos del Registro Único del Contribuyente (RUC), copia de la cédula de identidad de Tadeo y Paulino, la escritura pública, el certificado de Bien Social del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el acta de asamblea, la nómina de autoridades y el acta de constitución.
¿Quién es Miguel Robles?
Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra es conocido como “maletinero” por sus antecedentes que datan del año 2008 cuando se desempeñaba como funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Fue imputado por soborno agravado luego de ser denunciado por el propio presidente de la institución de aquel entonces, Albino González, por participar de una rosca de recaudación paralela en “maletines para la corona” o los “jefes de turno”.
En total 13 funcionarios portuarios, entre ellos Robles (exadministrador en Chaco’i), fueron filmados con cámaras ocultas e imputados luego por “soborno agravado” por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio. De esa forma se desarticuló una red que se dedicaba a la recaudación en negro en las oficinas de la ANNP para maletines “para la corona” que entregaban de manera semanal y quincenal, según los datos.
De este proceso, Robles terminó absuelto en 2018 debido a la prescripción de la causa.
En la Gobernación de Central, Robles fue puesto por Horacio Cartes, “padrino” del gobernador destituido Hugo Javier González, como uno de los “asesores de lujo” junto con otro “maletinero” Omar Picco (actual presidente del Indi) “para que el gobernador se luzca”. En la institución departamental, Robles fungió de “gobernador de facto” .
Bogado niega vínculos con el “delincuente”
El exsenador y precandidato a diputado Víctor Bogado (ANR cartista) negó vínculos con el imputado Miguel Ángel Robles Ibarra, a quien llamó “delincuente”.
“Quiero aclarar que esa foto es del 2013 (con relación a la fotografía en la que Víctor Bogado está junto Miguel Robles y que acompaña esta publicación). También me fotografié con Juan Carlos Osorio que ahora está preso en Emboscada, me fotografié también en su momento con Cinthia Tarragó en el 2012, cuando ella hacía campaña, cuando era mi candidata a diputada por Asunción y también estuvo presa en Estados Unidos. O sea, una fotografía del 2013 no guarda ninguna relación ni prueba ningún vínculo con la persona, cada uno es responsable de sus actos”, dijo exlegislador.
Dice que no es padrino de Robles
“Primero que yo no ocupo ningún cargo en este momento. Yo soy senador electo y proclamado, pero no estoy en funciones porque el Senado me suspendió, pero es es otro capítulo; entonces, yo cómo puedo proteger a alguien si yo no tengo ningún cargo de responsabilidad. No ostento en este momento ningún título, yo no estoy envestido en este momento”, señaló.
Al respecto, en mayo de 2019, el Senado resolvió con 35 votos a favor y 1 en contra (votó por sí mismo) expulsar del Congreso al senador Víctor Bogado, condenado por la Justicia en primera instancia por presunto cobro indebido de haberes al Estado en grado de cómplice
En junio de ese mismo año, Bogado apeló la decisión de la Cámara ante la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia, instancia en la que por unanimidad se rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida contra su expulsión del Parlamento.
Niega a Robles
“Ninguno tipo de vínculo. Yo la última vez que lo vi fue en el 2017 y mi relacionamiento era meramente político, porque él trabajaba en la campaña política de Capital. En el 2017 él se va a trabajar por la campaña de Hugo Javier, yo articulé el esquema político, Tuma (Óscar) era candidato a senador y Hugo Javier era su candidato a diputado. Tuma era mi amigo, mi excolega, hablamos, al final vino Hugo Javier al equipo de Honor Colorado en el 2017, pero yo estaba como candidato a senador, pero mi trabajo era en Capital, que yo manejaba la campaña política en Capital”, insistió.
Se desvincula Robles (Tuma), de mi equipo político, y se va a trabajar con Hugo Javier de la mano de Arnaldo Franco, ahí en el departamento Central, y comienza a trabajar, y la última vez que nos vimos fue en agosto del 2017, después nunca más lo vi”, agregó el senador.
Dijo que no habla con el Nº 2
“Hugo Javier (más conocido como el locutor Nº 2), la última vez que me llamó fue el 14 de agosto de 2018 para invitarme cuando iba a asumir el 15 de agosto del 2018; y desde ese día tampoco me llamó nunca más a mí, y tampoco yo hablé con él y no tengo ningún interés de hablar con él”, finalizó.